Este miércoles, el fiscal Marcelo Soto resolvió apartarse formalmente de la causa que investiga las millonarias inversiones realizadas con fondos públicos por funcionarios del Municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña, luego de una recusación impulsada por la defensa del intendente Bruno Cipolini.
La salida de Soto se produjo en un momento particularmente delicado de la causa. Días atrás, el propio fiscal había reconocido públicamente que la situación procesal del jefe comunal podía quedar bajo análisis en el marco de una investigación que ya tiene imputado al secretario de Economía municipal, Diego Landricina.
El expediente investiga operaciones financieras realizadas con cheques de pago diferido sin garantía, maniobras que, según la hipótesis fiscal, expusieron al municipio a pérdidas superiores a los $1.700 millones.
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La recusación que precipitó la salida del fiscal
La inhibición quedó formalizada en una resolución firmada este 20 de mayo por Soto, titular del Equipo Fiscal Nº3 de la Segunda Circunscripción Judicial. En el documento, el fiscal sostuvo que debía apartarse para preservar la imparcialidad de la investigación luego de la presentación realizada ante el Consejo de la Magistratura por el abogado Juan Antonio Arregin, representante legal de Cipolini.
Soto consideró que la situación encuadra dentro de las causales previstas por el Código Procesal Penal del Chaco, que obliga al apartamiento cuando un magistrado o fiscal fue denunciado por alguna de las partes involucradas en el expediente. “La finalidad de la previsión legal radica en resguardar la imparcialidad del órgano interviniente”, señaló en la resolución.
La medida no solo impacta sobre Soto: debido al funcionamiento interno del sistema SIGI, también quedó apartado el Equipo Fiscal Nº3 completo, por lo que la causa será enviada ahora a la Fiscalía de Investigaciones Nº4.
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Una causa que ya impacta de lleno en el escenario político
La investigación comenzó enfocándose sobre las operaciones financieras ejecutadas desde el área económica del municipio, pero con el avance de las medidas judiciales el expediente empezó a adquirir una fuerte dimensión política.
El punto de inflexión llegó cuando Soto admitió públicamente que el análisis judicial podía alcanzar al propio Cipolini, en función del circuito de autorizaciones y los niveles de responsabilidad dentro de la estructura municipal. Ese escenario aceleró el planteo de recusación impulsado por la defensa del intendente y terminó derivando en la salida del fiscal.
Mientras tanto, desde la defensa de Landricina rechazan de manera tajante la hipótesis acusatoria. El abogado Marco Molero aseguró que el funcionario “no compró ni autorizó” operaciones riesgosas y adelantó que solicitarán pericias informáticas para determinar quién utilizó efectivamente los accesos vinculados a la plataforma bursátil.
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La interna judicial detrás de la investigación
El apartamiento de Soto ocurrió además en medio de una tensión institucional dentro del propio Ministerio Público Fiscal. Horas antes de inhibirse, el fiscal había cuestionado públicamente una resolución firmada por el procurador adjunto Miguel Fonteina, quien dispuso incorporar a la fiscal de Cámara Andrea Verónica Bastos para intervenir de manera conjunta en la causa.
“No le encuentro el sentido”, afirmó Soto en declaraciones televisivas, al expresar su sorpresa por la decisión de la Procuración General. Según explicó, la investigación ya tenía un importante avance desde febrero, cuando se radicó la denuncia vinculada a las operaciones financieras bajo sospecha.
La Procuración había justificado la medida en la “trascendencia social e institucional” del expediente y en la necesidad de garantizar una actuación coordinada del Ministerio Público ante un caso que escaló rápidamente por su impacto político y económico.
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Qué sigue ahora en el expediente
Con el cambio de fiscalía, la investigación continuará bajo la órbita de la Fiscalía de Investigaciones Nº4, que deberá resolver si mantiene la línea investigativa desarrollada hasta ahora o introduce nuevas medidas.
El expediente mantiene abiertos varios frentes: el origen de las operaciones bursátiles, el mecanismo interno de autorizaciones dentro del municipio, el vínculo con la Bolsa de Comercio chaqueña y las responsabilidades políticas y administrativas derivadas de las inversiones cuestionadas.
Además, continúan bajo análisis facturas emitidas por Landricina a la entidad bursátil entre 2022 y 2025 y las modificaciones realizadas sobre el perfil de inversión del municipio.
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