El secuestro de un camión con ganado en pie en la localidad correntina de La Cruz desató un fuerte conflicto que trasciende lo policial para convertirse en una disputa institucional y judicial.
Lo que comenzó como un control de rutina sobre la Ruta Provincial 114, terminó con el secuestro de un total de 81 animales vacunos y la detención del propietario de un establecimiento rural, en el marco de una investigación por presunto abigeato.
El procedimiento inicial fue ejecutado por la Comisaría de La Cruz y la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Alvear. Los efectivos interceptaron un camión Mercedes Benz 1114 que transportaba 20 vacunos con "anormalidades de todo tipo" en sus marcas y señales.
Ante la imposibilidad del conductor de acreditar el origen de la hacienda, la fiscalía ordenó allanamientos en campos cercanos, donde se hallaron otros 61 animales en situación irregular.
Fuerte comunicado de las Sociedades Rurales
El hecho reavivó el malestar de los productores. La Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes emitió un duro comunicado en el que expresó su "preocupación y disconformidad" por el accionar del fiscal Facundo Sotelo.
Según la entidad, la falta de respuestas y acciones firmes ante los delitos rurales se ha vuelto una constante.
Desde la asociación advirtieron que los productores enfrentan hechos que requieren celeridad, pero se topan con "obstáculos" sistemáticos cada vez que la Policía Rural interviene y las causas llegan a manos de la fiscalía mencionada.
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Respuesta de la Fiscalía General
En medio de la escalada de críticas, el Poder Judicial reaccionó de manera oficial. El fiscal general de feria, Ángel Machado, firmó la Resolución N° 1/2026, una directiva que exige a todos los fiscales de las cinco circunscripciones de la provincia dinamizar y reforzar las investigaciones por robo de ganado.
La resolución establece que los fiscales deberán:
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Intervenir de manera inmediata en el lugar de los hechos.
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Producir pruebas en terreno desde el inicio de las actuaciones.
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Evitar la revictimización de los productores derivada de la inacción procesal.
Desde la Fiscalía General admitieron que el abigeato es un delito complejo porque muchas veces no deja rastros visibles —como faena o rotura de alambrados—, lo que obliga a una postura "proactiva" de los funcionarios judiciales para identificar a los sospechosos antes de que la hacienda sea movilizada o faenada ilegalmente.
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