El marciano que al parecer, según la máxima autoridad política de este país, visita tan asiduamente la Argentina, vaya a saber qué haría, pero lo que es seguro que la marciana, si llegase un tres de junio, marcharía.
El llamado al #3J mostró una movilización multitudinaria de mujeres y, unos pocos varones, en todo el país, contra la violencia institucionalizada de género y bajo el lema “nos queremos vivas, libres y desendeudadas”. Las estadísticas revelan que cada 30 horas una mujer y/o niña es asesinada en la Argentina en manos de un varón. El 2025, contabilizó 200 víctimas de femicidio directo contra 228 registradas en 2024 y 19 personas asesinadas por integrar el entorno de una mujer. En el 83% de los casos existía un vínculo previo entre víctima y agresor. Esto representa hoy una de las principales causas de muerte, en el orden de lo evitable. Según el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, las tasas de incidencia varían por provincias, siendo más altas en el noreste argentino, seguido de Catamarca, Chubut y Neuquén. Mientras que Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Pampa y San Juan tiene índices de marcadamente menores.
El hartazgo que desató el repudiable crimen de Agostina, dejó en evidencia que esta violencia hoy no representa un atributo actitudinal en el plano individual, sino que se sostiene por la aceptación (u omisión) de una gran parte de la sociedad y su uso estatal como instrumento de control. Es decir, un Estado que legítima relaciones de poder desiguales, que de formas casi imperceptibles penetran el tejido social y abonan una subordinación que remite a edades prehistóricas. Esto no es casual. Uno de los elementos del Estado es precisamente (además del territorio y el gobierno) la población. Por lo que, es esperable que, bajo éticas y estéticas romantizadas, se ejecuten estrategias de control, como el actual uso de los vientres con la intención de poblar la nación y “hacer grande la Argentina nuevamente” (sic).
Una reciente encuesta de Zuban/Córdoba realizada a propósito de este tema indica que el 72% de los consultados considera la violencia de género un problema estructural de la sociedad argentina, y este porcentaje es aún mayor si las que opinan son mujeres, llegando al 84% contra un 60% de los varones.
Estos datos muestran los elevados niveles de reconocimiento social que sin embargo, no tiene un correlato en la agenda estatal actual tal como lo demuestra la eliminación de las áreas especializadas en la mayoría de las provincias (salvo la de Buenos Aires) y un recorte del 89% en prevención respecto de 2023 (Informe ELA). Así se bajaron políticas como el programa Acompañar (que pasó de asistir a 102.000 mujeres en 2023 a 0 en 2025) o la línea de atención telefónica 144 (que redujo casi 50% su dotación). El Estado nacional se quedó por primera vez en 37 años sin un organismo rector en los derechos de las mujeres. Ha hecho una opción clara y contundente, sin políticas de reemplazo. Pero acaso respetar los derechos “a la vida y a la libertad” (sic) ¿son cuestiones que distinguen géneros?
Finalmente, si queremos seguir gobernando nuestro destino y no delegarla en robots, tenemos la indelegable responsabilidad de “hacer lio”, de enojarnos frente a las diversas formas de desprecio e injusticia que se multiplican a nivel social, ejercitar la sospecha, la escucha y educar en el inevitable cambio que representa para varones y mujeres la transformación global de derechos y accesos a profesiones y ocupaciones en los mercados de trabajo, donde se ponen en jaque las antiguas jerarquías entre quienes juegan un rol de “proveedores” y roles de “cuidado”. Porque como bien decía Simone de Beauvoir: “El opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos”.
* Impulsar Consultora.
** Politóloga.
