sábado 20 de agosto de 2022
OPINIóN Columna de la USAL

¿Ante el final de la crisis económica y social?

Los cambios en las condiciones globales y la nula resiliencia externa del país hacen inviable continuar con las políticas económicas y sociales que condujeron a la crisis actual.

27-07-2022 06:00

Argentina prolonga una crisis de balance de pagos e inflacionaria iniciada más de una década atrás y que ha sobrellevado con restricciones cambiarias y al comercio exterior, represión financiera, reprogramaciones y renegociaciones de deuda, estancamiento económico y tasas de inflación que hacen recordar a los años setenta y ochenta.

Ni la abundancia de liquidez internacional con bajísimas tasas de interés ni tampoco el sostenido boom de precios de exportación pudieron ser usados eficazmente por los últimos gobiernos para salir de ella. Por caso, el Índice de Fragilidad Externa (IFEX) elaborado por la Universidad del Salvador (USAL) es similar al de las crisis económicas que tuvo el país entre 1975 y 2021, y se espera que empeore durante el resto del año.

¿Por qué la fragilidad del país es tan elevada? ¿El problema son la pandemia, los especuladores y el FMI, la Reserva Federal de los Estados Unidos y la guerra en Ucrania?

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El contexto internacional ha sido por casi dos décadas muy beneficioso para el país, a tal punto que el dato promedio 2010-2021 del Índice de Condiciones Internacionales (ICI – USAL) es el máximo desde 1950.

A esto ha contribuido que los precios de nuestras exportaciones están en valores máximos históricos. Nunca el país gozó de precios tan altos como en los últimos quince años. Algo similar ocurre con el nivel del PBI y las tasas de crecimiento económico mundial. Se agrega que la tasa de interés internacional ha sido cercana a cero desde 2008 y sus recientes aumentos son marginales. Finalmente, el índice DowJones industrial de los Estados Unidos se mantiene en máximos históricos a pesar de sus recientes caídas. 

En síntesis, los argentinos no tendríamos por qué preocuparnos por el dólar y el riesgo país, la inflación, el desempleo y la pobreza, si esto dependiese de la economía mundial.

Ahora bien, la cuestión cambia dramáticamente cuando se analiza la resiliencia construida por el país a partir de sus políticas económicas y sociales. El indicador de resiliencia externa de la misma universidad ha caído sistemáticamente desde 2005, ubicándose por debajo del dato promedio de los años de crisis entre 1975 y 2021 y del promedio general 1950-2021. No hay datos peores en los últimos 70 años con excepción de los de la década perdida de los ochenta que culmina en la hiperinflación de 1989, y los de la de la crisis 2001-2002. Esto es, la capacidad del país para hacer frente a crisis globales y reclamos sociales es prácticamente nula.

¿Cómo puede ser esto si la economía internacional nos ha sido tan favorable?

La cuestión radica en que los sucesivos gobiernos no han sido idóneos para ejecutar una gestión económica razonablemente eficaz.

El análisis conduce a pensar en que se sobreestimaron las capacidades reales del país para financiar el crecimiento del consumo público y privado. Desde esta perspectiva, el extraordinario contexto mundial permitía estimular sin límites la demanda interna vía gasto público y expansión monetaria, y creer que era irrelevante contar con mecanismos de incentivos eficientes para expandir la inversión privada y el volumen exportado.

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Las consecuencias fueron fatales: desacumulación de reservas internacionales, endeudamiento público insustentable, tasas de inflación crecientes, baja e inestable tasa de crecimiento económico, empeoramiento de los indicadores sociales (empleo, informalidad, pobreza, desigualdad), y un desánimo generalizado y creciente de la población.

En conclusión, los errores de diagnóstico y la demagogia serían la raíz de la crisis que podría ser la última estación de la aciaga ruta iniciada quince años atrás. Sin un giro drástico y sostenido tanto en lo político como en lo económico será imposible sacar al país de la postración.

*Juan Miguel Massot es director del Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad del Salvador (USAL).