El reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que limita la aplicación de aranceles amplios bajo poderes de emergencia introduce un elemento relevante en el tablero del comercio internacional. No se trata del fin del riesgo arancelario ni de un giro estructural en la política comercial estadounidense, pero sí de una señal institucional que modifica la forma en que ese riesgo puede manifestarse.
Desde el punto de vista de mercado, la decisión es positiva en términos de previsibilidad. Al restringir la posibilidad de imponer tarifas generalizadas por vía ejecutiva bajo la IEEPA, se reduce la probabilidad de anuncios abruptos difíciles de anticipar y de valuar. Esto mejora, al menos en el margen, la planificación de inversión y la confianza empresarial.
Sin embargo, conviene evitar lecturas excesivamente optimistas. El riesgo no desaparece, simplemente cambia de canal. La administración estadounidense mantiene herramientas alternativas, como la Sección 232 vinculada a seguridad nacional o la Sección 122 para medidas temporales, que permiten aplicar aranceles sectoriales. El mensaje, entonces, no es “fin de la guerra comercial”, sino “menor discrecionalidad bajo una vía específica”.
Para América Latina, el impacto es desigual. México es el país más expuesto por su integración profunda con Estados Unidos y el T-MEC. La reducción de la probabilidad de aranceles generales inesperados es una noticia constructiva para el peso y para la narrativa de nearshoring. Sin embargo, sectores como el automotriz, el acero o ciertos insumos industriales continúan vulnerables a decisiones focalizadas.
Chile y Perú, economías con fuerte dependencia de metales y minerales, reaccionan más a las expectativas de crecimiento global que a medidas comerciales puntuales. Si el fallo contribuye a disminuir el riesgo de una escalada amplia, puede favorecer la demanda y los precios de commodities. Pero un eventual giro hacia aranceles específicos sobre metales trasladaría la volatilidad directamente a sus cadenas productivas.
En el caso argentino, el canal principal no es el comercial directo con Estados Unidos, sino el financiero. Argentina es especialmente sensible a los cambios en el apetito global por riesgo. Si la decisión judicial contribuye a reducir la prima de incertidumbre internacional, puede generar un entorno algo más favorable para bonos, acciones y tipo de cambio. Pero si la incertidumbre se desplaza hacia nuevas herramientas arancelarias o represalias comerciales, el país suele amplificar esos movimientos en spreads y volatilidad cambiaria.
Desde el punto de vista sectorial global, podrían beneficiarse las manufacturas importadoras, el retail y la construcción, ante una menor presión sobre costos de insumos si se limitan tarifas amplias. En cambio, industrias que dependían de protección arancelaria o que permanecen bajo posibles medidas sectoriales, como acero, aluminio y automotriz, siguen expuestas a decisiones políticas.
En definitiva, el fallo fortalece la institucionalidad del comercio estadounidense y aporta un alivio inicial a los mercados. Pero el entorno sigue siendo políticamente sensible y dependiente de decisiones sectoriales. Para economías abiertas como las latinoamericanas, incluida Argentina, la clave está en el fallo, pero también en la dirección que adopte la política comercial estadounidense en los próximos meses. En un contexto global atravesado por tensiones geopolíticas y sensibilidad inflacionaria, la volatilidad seguirá siendo parte central del escenario.
(*) Senior Market Analyst de VT Markets Latinoamérica