El Gobierno atraviesa en este momento: el frente de la pandemia, la negociación de la deuda con el FMI, la escalada de inflación y el crecimiento de la inseguridad.
En el frente de la pandemia lo central es disminuir el número de fallecimientos, que hoy está casi amesetado, pero también evitar estallidos sociales. Por otra parte, preservar el tejido productivo es clave. La estructura de producción debe estar operativa a la salida de la pandemia, cuando se flexibilicen totalmente las actividades productivas. La mortalidad de pymes sabemos que siempre es importante y hay que evitar que crezca de un modo desproporcionado en estas circunstancias.
Evidentemente, el sector informal urbano es más sensible a la crisis por la pérdida de ingresos. Incluye a la denominada economía popular relacionada siempre con tareas de muy baja productividad. El Gobierno está desplegando medidas de contención de ingresos: bono a jubilados, ampliación de la AUH, e idealmente potenciar el regreso al ingreso familiar de emergencia (excedió con creces el número previsto por el Gobierno y ya se desactivó).
En lo que se refiere a pymes, pareciera que el esquema de créditos no ha sido hasta el momento eficaz. La idea era que los bancos presten a tasas bajas aprovechando mucha liquidez en pesos, fruto del rescate de las Leliqs. Las medidas que estimulan el pago de salarios vía subsidios también fueron relevantes. La idea es sostener al sistema productivo para que no se corte la cadena de pagos.
La realidad es heterogénea en cuanto a nivel de actividad. El campo está en una fase de buena cosecha, a pesar de una baja en el precio de las materias primas. Junto al sector farmacéutico, el sector de alimentos funciona por ser actividades esenciales. La UIA estima que el sector industrial está en un buen nivel de uso de la capacidad instalada prepandemia. A modo de referencia, la utilización era del 45% durante la presidencia de Duhalde en 2002.
Reina la incertidumbre entre las variables macro. El PBI puede crecer entre 4 y 6% este año, pero es muy preliminar hacer pronósticos porque aún desconocemos la evolución de la enfermedad, y la eventual determinación de cuarentenas en lo que resta del año.
El paquete de apoyo fiscal del Gobierno es muy acotado. Se compensa con emisión a costo de la inflación y hay poca “munición” fiscal. Los países centrales están destinando mayores recursos, algunos países suman 15% del PBI. Incluso en la región hay un compromiso de asistencia mayor, como en los casos de Chile y Perú.
Es de sentido común que esta crisis nos encontró con una dinámica económica muy precaria, fruto de su deficiente gestión durante los gobiernos de Cristina Fernandez en la segunda etapa y de Mauricio Macri. Se trata de un contexto de una década de estanflación. Si bien se avanzó mucho en el frente fiscal con un déficit primario de 0,9% en 2019, hubo un incremento muy importante en 2020 y una corrección ortodoxa este año, que genera tensiones con la visión del Instituto Patria.
Existe lógica preocupación por la emisión relevante de 2020 que, si bien se ha moderado fuertemente, por inercia sigue impactando en los precios. La base monetaria crece menos que la inflación en 2021. No hay crédito externo, tenemos pocas reservas y el gasto público se va reduciendo gradualmente. A pesar del contexto recesivo, existe consenso en que tendríamos una inflación superior a 50% en 2021. Incluso algunos analistas especulan en que puede haber un escenario de inflación aún mayor. Esto sería factible, si en el segundo semestre se produce una corrida cambiaria. Con la información cerrando junio, se muestra poco probable este escenario de corrida, aunque el blue puede pasar los 200 antes de las PASO. Otros analistas plantean que el anclaje del dólar oficial podría mitigar el impacto inflacionario.
En este sentido también ayuda contar con reservas. La corrida cambiaria contra reservas muy bajas es más probable poselecciones y puede originar un alza de precios descontrolada. Con reservas, la posibilidad de híper queda anulada.
Estamos ante un aumento importante de brecha, los dólares alternativos se despegaron de la marcha del oficial. Influyen en este fenómeno la fuerte reducción de la tasa de interés, lo poco que otorgan los plazos fijos en pesos, y la incertidumbre en relación con la propuesta de reestructuración de deuda.
El gobierno desde el Ejecutivo impulsó el impuesto Patria, de naturaleza solidaria y por única vez, que se interpreta como una transferencia solidaria desde 12 mil personas de mayor renta hacia sectores vulnerables. Es un impuesto conflictivo que puede dañar el proceso de inversión en el país, variable que hoy ya está muy retraída y reclama por el contrario señales pro inversión. Por otra parte, hay sectores que reclaman reducción de impuestos para que sea más llevadera esta transición.
En definitiva, estamos ante la presencia de una bandada de cisnes negros, en el sentido de quien popularizó esta metáfora, Nassin Nicholas Taleb. Son muchos y de gran complejidad todos los frentes que deben atenderse al mismo tiempo. ¿Estará el Gobierno –pero también los opositores– a la altura de estas inéditas circunstancias?
*Director del Área de Economía del IAE Business School, Universidad Austral.
