Los líderes políticos electos suelen expresar frustración con los encargados de la política monetaria. Piensan que, si tan solo el banco central bajara las tasas de interés, las empresas y los hogares podrían endeudarse con mayor facilidad para fines a largo plazo, como construir fábricas y comprar viviendas, lo que impulsaría la economía y, por lo general, aumentaría las posibilidades de reelección de los funcionarios en ejercicio. Si el banco central, preocupado por la inflación, mantiene las tasas de interés altas, algunos políticos intentan presionarlo para que las reduzca por todos los medios posibles, desde la coerción verbal hasta cambiar la dirección del organismo.
Esta es la situación actual en Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump está decidido a subordinar la Reserva Federal a su voluntad.
En esta etapa –al menos en países con un PIB per cápita elevado e instituciones gubernamentales que funcionan bien–, los principales asesores de política de los líderes políticos suelen señalar que socavar (o eliminar) la independencia del banco central probablemente resulte, y muy rápidamente, completamente contraproducente. Pero ese tipo de consejo sensato parece faltar en la Casa Blanca de Trump o, más probablemente, está siendo ignorado.
Eso no hará que el problema desaparezca. Lo que a cualquier político sensato le importa (o debería importarle) son las tasas de interés a largo plazo. Y si el objetivo es ayudar a la gente a comprar viviendas –un tema candente en Washington en este momento–, lo que más importa es la tasa fija de interés en las hipotecas a 30 años.
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Esa tasa de interés se establece en los mercados privados, pero el punto de referencia para calcularla es el rendimiento de los bonos del Tesoro a diez años. Si el rendimiento de estos bonos sube, entonces también sube la tasa hipotecaria y se vuelve más caro comprar una casa. (Desde 2021 hasta principios de este año, formé parte de la junta de Fannie Mae, una empresa patrocinada por el gobierno que asegura muchas hipotecas estadounidenses contra el incumplimiento).
Pero la Fed, como la mayoría de los bancos centrales, la mayor parte del tiempo, a lo sumo controla únicamente las tasas de interés a corto plazo. En lo que se conoce como el extremo corto de la curva de rendimiento, la Fed tiene mucha influencia e incluso podría decirse que tiene control cuando las cosas marchan bien. Pero las tasas de los bonos del gobierno a 10 años (y de las hipotecas a 30 años a tasa fija) las determina el mercado. La pregunta clave es: ¿qué creen los inversores que es una tasa justa, dada la probabilidad de lo que sucederá con la economía en los próximos años? Un elemento importante de este cálculo puramente del sector privado es la inflación esperada a corto, mediano y largo plazo.
En Estados Unidos, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) establece las tasas de interés con el objetivo de mantener la inflación alrededor del 2%. Si el FOMC se ve forzado, por presión política (de cualquier tipo), a bajar las tasas por debajo de lo que sus miembros consideran compatible con ese objetivo, podría haber un mayor crecimiento económico en el corto plazo, pero probablemente también más inflación. Cuánta más inflación es difícil de decir con certeza, pero justamente eso es lo que intenta calcular el mercado de bonos.
La presión política puede bajar las tasas de interés a corto plazo, pero, dada la probabilidad de una mayor inflación, las tasas de largo plazo probablemente suban. Por ejemplo, despedir al presidente de la Fed o a cualquier combinación de gobernadores, o tomar cualquier otra medida política extraordinaria, probablemente elevaría las tasas de interés a largo plazo y encarecería la compra de viviendas. (Robin Brooks publica un boletín diario en Substack, de lectura obligatoria, sobre estos temas, incluyendo un análisis de los movimientos recientes en las tasas de interés).
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Los principales asesores de la Casa Blanca saben todo esto, y seguramente están exponiéndole estos argumentos al presidente. Entonces, ¿qué está pasando?
Una posibilidad es que Trump esté atado a una realidad alternativa, o que piense que él y su administración pueden imponer su realidad preferida, por ejemplo, suprimiendo datos de inflación o despidiendo a funcionarios. Pero los consumidores saben cuánto pagan por los alimentos. La inflación funciona como un impuesto enormemente regresivo sobre las personas más pobres y aquellas con ingresos fijos o no totalmente indexados (como las pensiones). Es algo que se siente todos los días. El grado de negación posible es bajo y cae rápidamente a medida que los precios suben.
Quizás Trump y sus asesores están calculando que el impulso económico que desean se producirá de inmediato y que la inflación aumentará más tarde. Pero recordemos que lo que importa son las expectativas de inflación en el mercado de bonos a largo plazo, y esas percepciones pueden dispararse de un momento a otro.
¿O acaso el plan es lanzar una nueva ronda de expansión cuantitativa (quantitative easing)? Después de la crisis financiera global de 2008, la Fed intervino en el extremo largo del mercado de bonos, lo que sí afectó las tasas hipotecarias. Pero aquellas circunstancias eran verdaderamente excepcionales, con precios de viviendas en caída y muchos propietarios luchando por mantenerse a flote. Estados Unidos no está ni cerca de esas condiciones hoy. Si la Fed lanzara hoy –o en 2026– un programa intensivo de compra de bonos, no se puede predecir exactamente qué ocurriría, por ejemplo, con el valor del dólar, que también puede depreciarse (o apreciarse) rápidamente.
En cualquiera de estos escenarios impulsados por la política, Estados Unidos podría enfrentarse a una inflación alta y prolongada. Eso definitivamente no ayudaría a Trump a lograr su objetivo de aumentar la propiedad de viviendas y crear más empleos de calidad. Al contrario, socavaría la prosperidad de la mayoría de los estadounidenses, hoy y en el futuro.
Simon Johnson, laureado con el Premio Nobel de Economía en 2024 y ex economista jefe del Fondo Monetario Internacional, es profesor en la Escuela de Administración Sloan del MIT y coautor (con Daron Acemoglu) de Power and Progress: Our Thousand-Year Struggle Over Technology and Prosperity (PublicAffairs, 2023).
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