José Ortega y Gasset describió hace casi un siglo una figura de inquietante actualidad: el “señorito satisfecho”. No se refería simplemente al rico o al privilegiado, sino a quien recibe los beneficios de una civilización compleja como si fueran naturales y termina creyendo que su éxito, su poder económico o su capacidad particular lo habilitan para decidir sobre todo. Lo describió en su obra literaria titulada La rebelión de las masas” en el año 1930.
La advertencia adquiere una dimensión renovada en la era de la inteligencia artificial. Nunca existieron actores privados con semejante capacidad para concentrar capital, datos, infraestructura, conocimiento tecnológico y poder de influencia. El problema no es la innovación ni la creación de riqueza.
El riesgo comienza cuando el dominio extraordinario de una especialidad pretende transformarse en autoridad suficiente para organizar sociedades enteras. Ortega también advertía sobre la “barbarie del especialismo”: la pretensión de quien, siendo excepcional en un campo determinado, termina creyendo que posee respuestas para todas las dimensiones de la vida humana.
Una Nación no es una aplicación; un ciudadano no es un dato; un trabajador no es un costo"
Ese fenómeno atraviesa nuestro tiempo. La creciente cercanía entre gobiernos y grandes centros de poder tecnológico abre oportunidades de inversión, modernización y desarrollo. Pero también obliga a formular una pregunta indispensable: ¿queremos utilizar la tecnología para mejorar la vida de nuestra población o aceptar que nuestras sociedades se conviertan en campos de experimentación de modelos concebidos lejos de sus necesidades reales?
Argentina puede y debe ser protagonista de la revolución tecnológica. Lo que no puede ser es un laboratorio donde se experimenten modelos económicos, sociales o digitales sin preguntarnos previamente a quién benefician, qué consecuencias producen y qué límites democráticos debemos preservar. Nuestra Constitución ofrece una respuesta profundamente moderna.
El artículo 75 inciso 19 ordena promover simultáneamente el desarrollo humano, el progreso económico con justicia social, la productividad, la generación de empleo y el desarrollo científico y tecnológico. No enfrenta tecnología con trabajo ni crecimiento con justicia. Los integra.
A ese mandato se suman el artículo 14 bis, que protege el trabajo digno y la seguridad social; el artículo 75 inciso 23, que obliga a promover la igualdad real de oportunidades; y el propósito fundacional del Preámbulo de “promover el bienestar general”. Allí se encuentra una de las bases más firmes del humanismo político argentino.
Una economía ordenada es imprescindible, pero sus balances no pueden convertirse en la medida absoluta de una sociedad. Ninguna política puede considerar al jubilado una variable de ajuste, al trabajador un costo, a una familia una estadística o al ciudadano un conjunto de datos procesables por un algoritmo. El humanismo político no rechaza al mercado, la inversión, la ciencia ni la tecnología.
Los coloca alrededor de una finalidad superior: la dignidad de la persona humana. El progreso tecnológico debe ampliar nuestras capacidades y nuestra libertad, no convertir al ser humano en una pieza reemplazable dentro de sistemas cada vez más eficientes. La verdadera modernización será aquella capaz de transformar innovación, inversión y conocimiento en más trabajo, educación, producción, salud y oportunidades.
La política conserva allí una responsabilidad que ninguna inteligencia artificial puede reemplazar: decidir con humanidad. Gobernar no significa administrar números sin rostro. Significa comprender que detrás de cada decisión existen personas concretas y que ninguna eficiencia económica puede justificar una sociedad cada vez más desigual. Podemos ser protagonistas de esta nueva época.
Pero existe un límite que ninguna promesa de modernización debería atravesar: Una Nación no es una aplicación. Un ciudadano no es un dato. Un trabajador no es un costo. Y una sociedad no puede ser un experimento.
Nuestra Constitución ya estableció el rumbo: progreso económico, ciencia y tecnología, sí; pero inseparablemente unidos al desarrollo humano, la justicia social y el bienestar general. Porque la economía debe estar al servicio del ser humano. Nunca el ser humano al servicio de la economía.
*Constitucionalista, Diputado nacional (Democracia Cristiana)
