Hace pocos meses, 32 colegios de abogados de todo el país se encontraron ante los mismos tribunales, con el mismo reclamo: que no se legisle sobre la profesión sin sus profesionales.
La solicitud tiene sentido común. Es asimilable a la histórica proclama anglosajona del siglo XVIII de “no taxation without representation” (no hay tributación sin representación).
Los colonos americanos rechazaban que el Parlamento británico les aplicara impuestos desde Londres sin tener diputados que defendieran sus intereses. Al no respetarse esa solicitud, se produjo la independencia y el nacimiento de los Estados Unidos de América.
¿Cuál es la legitimidad de una decisión que afecta profundamente a un grupo sin darle voz ni voto en el proceso? Algo parecido sucedió con la reforma laboral y el perjuicio a los abogados, especialmente con aquellos que no tienen el respaldo económico para sostener un litigio.
La abogacía puede organizarse, litigar en conjunto y torcer el rumbo de una ley injusta"
Los artículos 20 y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, modificados por la reforma, terminaron responsabilizando solidariamente a los abogados por supuestas "sobreestimaciones" del reclamo del trabajador, y habilitando que las sentencias laborales se paguen en hasta doce cuotas. No es un detalle técnico: es desconocer que los honorarios tienen carácter alimentario, igual que el salario de un trabajador.
Se necesitó impulsar una cautelar antes de que la norma terminara expulsando de la profesión a quienes menos espalda tienen para sostener un juicio sin cobrar. Esa pelea sigue siendo, hoy, la prueba de que la abogacía puede organizarse, litigar en conjunto y torcer el rumbo de una ley injusta.
Pero también dejó una certeza incómoda: la abogacía sigue actuando a la defensiva, corriendo detrás de normas que se escriben sin consulta previa.
Es momento de invertir esa lógica. La abogacía necesita dejar de ser un actor reactivo del sistema de Justicia para convertirse en su motor de transformación. Y eso empieza por saldar tres deudas pendientes.
La primera es un piso de honorarios profesionales y actualizado, pero especialmente federal, que impida litigar “a pérdida” en el interior del país, donde los aranceles suelen quedar muy por debajo del costo de sostener un estudio jurídico. La abogacía litigante no puede seguir subsidiando con su propio trabajo el acceso a la Justicia de la gente.
La segunda son licencias para abogados litigantes, por maternidad, paternidad, enfermedad, etc. Se trata de uno de los pocos colectivos profesionales sin ningún marco de protección cuando no se puede ejercer. Eso no es solo una injusticia individual: expulsa a las mujeres de la profesión y desalienta a las nuevas generaciones a litigar.
La tercera, y la más estructural, es la federalización del Consejo de la Magistratura. La abogacía es la segunda voz de la voluntad popular después del voto: el abogado es quien canaliza, todos los días, los conflictos que la sociedad no puede resolver por sí misma. Sin embargo, se sigue discutiendo con una lógica porteño-céntrica quién selecciona y remueve jueces, en un país donde la enorme mayoría de los abogados litiga en el interior.
Ninguna de estas tres deudas se salda con un discurso. Se saldan con representación real: con abogados y abogadas del interior, litigantes, que conozcan el problema porque lo viven todos los días, sentados en los lugares donde se toman las decisiones. En este momento, con la renovación de las bancas de abogados en la Magistratura, hay una oportunidad concreta para dar vuelta la página.
Una abogacía transformadora no es solamente una consigna de modernización, es de robustecer los derechos adquiridos. Es entender que defender el ejercicio profesional y defender el acceso a la Justicia de la gente son, en el fondo, la misma pelea. Es hora de darle a la abogacía el rol que merece.
