Representantes sindicales y laboralistas argentinos llevaron ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) una denuncia por lo que consideran un avance del Estado sobre la actividad gremial y la libertad sindical. Durante la 114° Conferencia Internacional del Trabajo que se realiza en Ginebra, Suiza, dirigentes de organizaciones sindicales y de la Asociación Latinoamericana de Abogadas y Abogados Laboralistas (ALAL) cuestionaron decisiones del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, y reclamaron la intervención del organismo internacional.
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La presentación estuvo encabezada por el presidente de la ALAL, Matías Cremonte, quien sostuvo ante la OIT que en Argentina "existe una preocupante convergencia de los tres poderes del Estado en contra de la acción sindical". Según planteó, esa situación habría posibilitado "uno de los retrocesos más profundos de América Latina" a partir de la reciente reforma laboral.
Durante su exposición, Cremonte solicitó que la OIT adopte posiciones en "defensa de la libertad sindical, los derechos laborales y las libertades democráticas". El dirigente también cuestionó distintas medidas que, según su visión, limitan el accionar de las organizaciones gremiales.
Críticas a la reforma laboral y a las sanciones sindicales
El titular de la ALAL afirmó que a las restricciones sobre delegados gremiales y asambleas se suma "la criminalización de la protesta social y la represión de manifestaciones". Además, señaló que la ofensiva contra las organizaciones sindicales excede la reforma laboral y alcanza a distintos ámbitos institucionales.
En ese sentido, sostuvo que desde el Poder Ejecutivo "se impulsan políticas de persecución y disciplinamiento de las organizaciones" y mencionó como ejemplos las sanciones económicas aplicadas a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y a La Fraternidad por medidas de acción sindical.
Cremonte también apuntó contra decisiones judiciales vinculadas a la vida interna de los sindicatos. Según expresó ante la conferencia internacional, "la reciente intervención de la Unión Obrera Metalúrgica, el mayor sindicato industrial de Argentina, constituye uno de los hechos más graves registrados en los últimos años y representa una injerencia incompatible con los principios de libertad y autonomía sindical".
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Asimismo, cuestionó la denominada Ley de Modernización Laboral y aseguró que se trata de "un verdadero retroceso al siglo XIX, que solo beneficia a los empresarios, aumentando su rentabilidad a costa del salario".
El FreSU llevó el caso de la UOM a la conferencia internacional
La intervención de la Unión Obrera Metalúrgica también fue denunciada ante la OIT por el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), espacio integrado por más de 140 organizaciones sindicales de distintas centrales obreras. La presentación incluyó cuestionamientos al desplazamiento de Abel Furlán de la conducción del gremio metalúrgico.
Desde Ginebra, el secretario general de ATE Nacional y referente del FreSU, Rodolfo Aguiar, afirmó que "el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial están entrometiéndose en la vida de los sindicatos imponiendo multas millonarias e interviniendo al sindicato industrial más grande de la Argentina como es la UOM".
El dirigente reclamó además que la Corte Suprema de Justicia aborde el caso y sostuvo que la intervención constituye "uno de los hechos de mayor gravedad institucional de nuestra democracia". En la misma línea, consideró que la resolución judicial es "una aberración jurídica que tiene que ser inmediatamente subsanada".
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Por último, según el FreSU, las decisiones cuestionadas vulneran garantías constitucionales y afectan la libertad y la autonomía sindical reconocidas tanto por la Constitución Nacional como por los convenios internacionales ratificados por Argentina. Por ese motivo, la organización informó que la UOM ya presentó recursos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, mientras continúa impulsando la denuncia ante la OIT.
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