La intervención judicial de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) escaló este fin de semana en un conflicto entre el peronismo, el sindicalismo y el Gobierno nacional. Luego de que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo desplazara por 180 días a la conducción encabezada por Abel Furlán, el Partido Justicialista nacional, bajo la conducción de Cristina Kirchner, calificó la medida como "arbitraria y antidemocrática", denunciando que se trata de una "grave violación a la autonomía sindical". La decisión judicial será respondida este martes con una masiva movilización y un "abrazo" a la sede central del sindicato en la calle Alsina al 400 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo fundamentó la intervención en presuntas irregularidades detectadas en las elecciones que derivaron en la reelección de Furlán.
Al frente del gremio fue designado el abogado Alberto Biigieri. Sin embargo, para el peronismo, los motivos son estrictamente políticos. "Esta intervención se inscribe en un contexto de avance regresivo sobre los derechos de los trabajadores", subrayó el PJ en un comunicado, vinculando el hecho con la reciente ratificación de la Corte Internacional de Justicia sobre la protección del derecho de huelga.
El PJ nacional fue más allá y apuntó directamente contra la gestión de Javier Milei: "La persecución y proscripción de dirigentes no son hechos aislados: son síntomas de un país cuya democracia se encuentra amenazada por un gobierno autoritario y un Poder Judicial que actúa como su cómplice".
La conducción peronista también buscó contrastar el fallo con una reciente resolución internacional favorable al derecho de huelga. “Esta intervención se produce al día siguiente de que la Corte Internacional de Justicia ratificara que el derecho de huelga está protegido por el Convenio Nº87 de la Organización Internacional del Trabajo”, remarcaron.
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La intervención fue resuelta por los camaristas Víctor Arturo Pesino y María Dora González, quienes el pasado 23 de abril también habían firmado un fallo clave para el Gobierno al dejar vigente la reforma laboral impulsada por el oficialismo.
Ese antecedente alimentó las sospechas dentro del sindicalismo peronista sobre una presunta coordinación política entre sectores del Ejecutivo y parte del Poder Judicial. En el PJ recuerdan además que, apenas 24 horas después de aquel fallo favorable al Gobierno, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, activó el trámite para prorrogar la permanencia de Pesino en la Cámara laboral pese a haber alcanzado la edad límite de 75 años.
Kicillof y la reacción bonaerense
Desde la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof también sumó su repudio a través de la rama bonaerense del PJ. "No puede naturalizarse que sectores del Poder Judicial avancen sobre organizaciones sindicales mientras el gobierno nacional impulsa un modelo de ajuste y deterioro salarial", señalaron desde el justicialismo provincial, reforzando la idea de que la intervención busca debilitar la capacidad de resistencia de los gremios industriales ante la crisis productiva.
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Como respuesta inmediata, la conducción desplazada convocó para este martes a las 12 a un "abrazo" simbólico a la sede central de la UOM, ubicada en Adolfo Alsina 485. Bajo la consigna "Contra la intervención judicial arbitraria", se espera la presencia de diversas columnas sindicales y referentes del peronismo nacional, en lo que promete ser la primera gran demostración de fuerza tras el fallo que sacudió la estructura de uno de los gremios más poderosos e históricos de la Argentina.
La UOM, uno de los gremios industriales históricamente más influyentes del país, atraviesa además un contexto crítico marcado por suspensiones, caída de la producción fabril y conflictos salariales en distintos sectores metalúrgicos.
GD / EM
