jueves 02 de febrero de 2023

Bariloche en conflicto: racismo, negocios escondidos y derechos vulnerados de las comunidades mapuches

Un análisis de la relación entre el relato contra los mapuches y la realidad de la ciudad más idealizada de la Patagonia.

26-12-2022 10:38

Bariloche es un sitio donde ocurren hechos que deberían ser conectados de manera más estrecha que lo que suele hacerse. Contribuiría a ese propósito: identificar las narrativas racistas que no solo esgrime la derecha extrema y propaga el espacio político mediático, atender a cómo justifican todo tipo de ataques a las poblaciones originarias, a la vez que protege la expansión de intereses rentistas. En esa ciudad y sus alrededores, coexisten magnates extranjeros y nacionales, a quienes se los exime del cumplimiento de la ley que restringe la apropiación de tierras en zonas de frontera (Decreto Ley 15.385/44, ratificado por la Ley 12.913), y comunidades mapuches nativas, víctimas de un genocidio destinado a expropiarles sus tierras, a los que, se les sigue negando el acceso a su territorio ancestral. También viven allí diversos pobladores criollos y residentes extranjeros con más o menos antigüedad, ligados a los servicios turísticos, algunos de los cuales han participado de movilizaciones racistas como aquella de agosto de 2020 cuando algunos convocantes -desde la clandestinidad- incitaban a la violencia contra la comunidad Winkul Lafken Mapu en Mascardi exhibiendo armas a través de redes sociales. Incluso encontramos ex secretarios de seguridad nacional subiéndose a esas denuncias racistas que, ahora sabemos, defendían sus propios intereses inmobiliarios.

 

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Todos viven en una de las ciudades argentinas donde la opulencia se concentra y la desigualdad se hace más ostensible. Basta con observar la extensión de la población del Alto, sin servicios básicos. A muchos de sus pobladores, las autoridades provinciales los reconocen mapuches, siempre y cuando no reclamen por más territorios en torno a los lagos o en las zonas reservadas para emprendimientos turísticos o inmobiliarios. De hecho, cuando esto sucede, se los acusa de “falsos mapuches”, de “desconocer al Estado”, o de “secesionistas”. Eso sí, ciudadanos argetminos, ingleses y qataríes, propietarios de groseras extensiones de tierra, “prestan” sus aposentos a jueces federales, posiblemente para recompensar y/o agradecer tal vez los servicios prestados a funcionarios de Juntos por el Cambio, a empresarios del multimedio Clarín (hoy, propietario de  Telecom). Es entonces que podemos ver más claramente quiénes extranjerizan y se apropian de nuestros recursos y desprecian  la soberanía nacional.

El presidente Alberto Fernández recibió el 14 de diciembre a Soraya Maicoño, María Nahuel, Mauro Millán, Orlando Carriqueo entre otros referentes de comunidades mapuches-tehuelches  de Neuquén, Rio Negro y Chubut. Ellos impulsaron esta reunión. Usaron todos sus canales para llegar al presidente. Es la primera vez que un presidente recibe a integrantes de estas comunidades originarias.  Este hecho nos indica que las comunidades ahogadas en causas judiciales sí reconocen al Estado nacional, tanto como que nuestro presidente los reconoce a ellos como mapuches.

Durante la reunión, donde también estuvieron presentes el Secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla y el nuevo presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Alejandro Marmoni, acordaron retomar la mesa de diálogo y negociación para resolver el conflicto en Mascardi, un reclamo que lleva meses.  Allí, Fernández repudió la detención de las mujeres integrantes de la Lof Winkul Lafken Mapu por el supuesto delito de usurpación. Este encuentro se produjo a dos meses del controvertido desalojo del territorio ocupado por dicha comunidad ordenado por la jueza María Silvina Domínguez, realizado por el “Comando Conjunto de Fuerzas Federales y Policía de Rio Negro” que había sido creado y disuelto durante el gobierno del presidente Mauricio Macri, y cuya versión 2022 aún sigue vigente.

La mesa de diálogo y negociación propuesta ya tuvo tres etapas. La primera ocurrió luego del homicidio de Rafael Nahuel en 2017 y reunió a organizaciones de la sociedad civil, referentes mapuches, cientistas especializadas en la temática indígena, entre otros, y fue liderada por el entonces obispo de Bariloche, Juan José Chaparro. Esta mesa contuvo el conflicto y consiguió que no hubiese un nuevo desalojo. La segunda mesa, liderada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, estuvo integrada, además, por los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos, el de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y por el gobierno de Rio Negro. A su vez, convocó a cientistas del CONICET, Defensoría, integrantes del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (CODECI) y del Parlamento Mapuche. Su trabajo se extendió entre febrero de 2020 y septiembre de 2021 y, entre otras cuestiones, logró evitar el desalojo y eliminar los hechos de vandalismo (gracias al cambio de la seccional de la Policía de Rio Negro apostada en esa zona). Al mismo, tiempo, esta mesa incluyó el tratamiento de todos los litigios del Estado nacional contra las comunidades mapuches en Rio Negro, básicamente porque entendió que el conflicto en Mascardi es la punta del iceberg de un problema masivo de expropiación de tierras de las comunidades por capitales privados con el aval frecuente de los poderes públicos.

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La mesa, vetada sistemáticamente por los testaferros de Juntos por el Cambio en Bariloche y por los medios de comunicación hegemónicos, contó con un ambiguo apoyo de la gobernadora de Rio Negro, Arabela Carreras. Aún bajo esos condicionamientos, en ese ámbito de diálogo se acordó con los vecinos residentes de manera permanente en la zona de Mascardi, mecanismos de vigilancia, tales como la instalación de cámaras, domos y un control de la Gendarmería Nacional a un kilómetro de distancia de la comunidad Winkul Lafken Mapu, todos implementados en diciembre de 2020. A comienzos de 2021, luego de un encuentro en el Ministerio de Seguridad de la Nación con referentes de organismos de Derechos Humanos y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, ésta asumió la función para mediar con la comunidad Winkul Lafken Mapu presentándose ante el Juzgado Federal de Bariloche, subrogado por Domínguez. 

Abandonada esa instancia de diálogo en mayo de 2022, el recurrente montaje estigmatizante instalado y fogoneado durante los dos primeros años de gobierno de Fernández -construido por presiones político mediáticas racistas y episodios de vandalismo atribuidos (sin evidencia) a la comunidad- indujo al desalojo ordenado en octubre de 2022 por la jueza Domínguez. Esta vez, una sucesión de hechos de vandalismo sin persona alguna identificada por el Poder Judicial ordinario de Rio Negro, -tal como ocurrió en los cientos de causas acusatorias desde la ocupación del predio (8 parcelas de 1,5 ha aproximadamente de las cuales dos son propiedad privada una de ellas del Obispado de San Isidro) en noviembre de 2017-, imputó sin evidencia a “jóvenes encapuchados de la comunidad Winkul Lafken Mapu”. El detonante fue la vandalización de la vivienda de Luis Dates, próxima al territorio ocupado por la comunidad. Ante este hecho, el Ministerio de seguridad de la Nación cedió a la presión racista y ordenó colocar un tráiler de Gendarmería en el predio de la propiedad de Dates. A las pocas horas, ese tráiler fue tiroteado por desconocidos provocando la huida de los gendarmes. Es importante señalar que este segundo intento de desalojo fue posible porque sobre la comunidad pesa una denuncia “por usurpación” impulsada por la Administración de Parques Nacionales en 2017.

Como es sabido, el “Comando” consiguió detener solo a un grupo de mujeres mapuches, una de ellas embarazada, junto con sus pequeños hijos. La jueza Silvina Domínguez ordenó sus traslados a una cárcel en Ezeiza, a más de mil kilómetros de distancia, violando sus derechos. Las reacciones contra esa decisión fueron tan voluminosas que Domínguez debió retornarlas a Bariloche, librando a los pocos días un exhorto, entre otros, al Poder Ejecutivo Nacional, al provincial y a referentes mapuches para que se convoque una mesa de diálogo.  Al mismo tiempo libró la captura de los jóvenes supuestamente responsables de los hechos de vandalismo, que hasta hoy continúan prófugos.

Que por primera vez un presidente reciba, escuche y acceda a algunas de las demandas de referentes de comunidades expropiadas de sus derechos (reconocidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, los Tratados Internacionales que poseen rango Constitucional y por el derecho argentino), constituye un hito insoslayable que no puede ni debe ser minimizado ni subestimado. En un mismo acto el Estado nacional reconoce a las comunidades y reafirman, una vez más, que el dialogo y la negociación son los pilares para el ejercicio de los derechos colectivos que asisten a las comunidades originarias.

Lago Escondido: allanaron la estancia y secuestraron pruebas

Ahora es el gobierno de la provincia de Río Negro -en sus tres Poderes- el que deberá -sin ambivalencias y con acciones concretas- mostrar que no reproduce el racismo ni apoya la extranjerización y apropiación de la tierra vedada por la normativa vigente. Deberá acatar las leyes de la nación en lugar de pedir a diestra y siniestra más y más Fuerzas Federales de Seguridad para abordar un conflicto social del que es, le guste o no, responsable, y que, por inacción, expande. En efecto, la provincia de Río Negro no aplica la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena, los Tratados Internacionales que dicha Ley invoca –entre ellos el Convenio 169 de la OIT, aprobado por la ley Nº 24.071. Tampoco acata la sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Bariloche de 2022 (que ratifica la sentencia en primera instancia de 2013) que obliga a Lewis y al Estado rionegrino a abrir el acceso público al Lago Escondido. En lugar de eso, la provincia insiste en apelar el fallo judicial. 

Sabemos hoy que la trama de las decisiones que producen la violencia racista contra los derechos de los pueblos originarios, no se distingue de aquellas que avanza sobre otros actores y dirigentes del campo popular. Es tiempo que la afirmación del respeto por la diversidad cultural encarne en el acceso al derecho a las tierras aptas y suficientes.