La Justicia resolvió congelar la transferencia de 180 hectáreas que pertenecen al Ejército a grupos mapuches en Bariloche, tal como había resuelto el Gobierno Nacional. De esta manera, hasta que no se resuelva esta disputa judicial, no podrá realizarse la operación.
Fue la Cámara Federal porteña, compuesta por los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertucci y Leopoldo Bruglia, quienes ordenaron “hacer lugar a la prohibición de innovar requerida” para impedir la “producción de cualquier acto administrativo por parte del Poder Ejecutivo Nacional, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas o cualquier otro organismo público que pudiera resultar con competencia tendiente a transferir el dominio de las tierras cuya mensura fuera aprobada por el INAI”.
Es que en primer lugar, la jueza federal subrogante Silvina Domínguez había ordenado la transferencia inmediata a la comunidad, luego de que el gobierno lo dispusiera al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), para su posterior adjudicación a la comunidad Millalonco Ranquehue. Esta medida fue apelada por el Ministerio de Defensa, pero fuera de término, lo que dio origen a una investigación, cuando legisladores opositores denunciaron a los abogados del Ejército para entender por qué se demoraron en la apelación.
Cómo es el terreno del Ejército Argentino en la Patagonia que podría ser propiedad mapuche
Fue allí cuando esa causa, en manos del juez Daniel Rafecas, llegó a las manos de los camaristas. Primero, el fiscal federal Carlos Stornelli pidió una medida cautelar para suspender el traspaso de tierras, que Rafecas negó. Cuando apeló, la cámara le dio la razón.
El espacio en litigio se trata de terrenos de la Escuela Militar de Montaña, y están ubicados a 12 kilómetros de Bariloche, en el centro amplio territorio que pertenece al Ejército.
Según Stornelli, la denuncia proviene de “un conjunto de funcionarios públicos, a la sazón, legisladores nacionales, e involucra la posible afectación de bienes de dominio público que hacen a recursos militares estratégicos para la defensa nacional”.
Lo que sí había hecho Rafecas es insistir al gobierno de Río Negro que la Propiedad Inmueble debe registrar que esas tierras están bajo una investigación judicial y no pueden cambiar de propietario hasta que termine el proceso.
JD / MCP
