Juan Martin, diputado rionegrino, denunció a Silvina Domínguez, la jueza que en febrero aceptó un amparo que obligó al Ejército a cederle gratuitamente 180 hectáreas en Bariloche al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) para que le sean entregadas a la comunidad Mapuche Millalonco Ranquehue.
En este sentido, el denunciante solicitó al Consejo de la Magistratura que la Dra. Domínguez “sea removida de su cargo y se le apliquen las sanciones que estimen correspondientes”.
Según señaló el legislador provincial de Juntos por el Cambio, existió “un mal desempeño del trabajo de la jueza” y en la sentencia hubo “una falta sustancial de argumentos”.
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“Soslayó por completo evaluar los requisitos de procedencia, como lo son el peligro en la demora, la verosimilitud del derecho, y la inexistencia de otra vía judicial idónea al efecto. Pretendiendo suplir ello por una lacónica y genérica expresión para dar por habilitada la vía de amparo, sin fundamentos jurídicos”, explicó el funcionario.
A su vez, Martin cuestionó que “en pocos días (la jueza) resolvió una problemática que, a decir del INAI, data de hace más de 50 años, con una sentencia de apenas 14 páginas”.
En esta misma línea, según citó El Cordillerano, el funcionario enfatizó en que la jueza “no abordó la temática con la seriedad que reviste su cargo” e indicó que no contempló los elementos probatorios suficientes, algo que “violenta el derecho de defensa de las demandadas”.
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Asimismo, el legislador calificó la resolución de Domínguez como “arbitraria, infundada, de crítico valor a nivel institucional, social, político, económico”, y afirmó “que expolia al Estado Nacional y a privados de su patrimonio y atenta contra la soberanía estatal, de manera contraria al derecho al no fundar debidamente su sentencia”.
“No caben dudas que las decisiones de Domínguez fueron apresuradas y contrarias al derecho”, aseguró Martin.
Por otra parte, el diputado advirtió que esta resolución “puede provocar en el futuro numerosos pedidos similares con resultados disvaliosos y contrarios a derecho que nuestro sistema de derecho no puede permitir”.
“La sentencia ha tenido una importante trascendencia e implicancia institucional, social, política y económica puesto que ha decidido sobre una cuestión sumamente compleja y delicada y de una forma que ha motivado numerosas apreciaciones e implicancias para el futuro”, concluyó.
AS.
