En el marco del conflicto latente con la comunidad mapuche tras el operativo de desalojo efectuado en Villa Mascardi el último 4 de octubre, la Fiscalía Federal de Bariloche dio a conocer su versión de los hechos a través de un comunicado que repasa los orígenes de la ocupación de las tierras. El Ejecutivo habría ofrecido tierras del Estado a las organizaciones, pero la oferta fue rechazada y se desencadenó un "acrecentamiento" progresivo de la violencia que ocasionó "la finalización de todos los canales de diálogo".
Mediante el extenso comunicado que la Fiscalía publicó en el medio local El Cordillerano, se conocieron detalles previos a la solicitud de "desalojo de los siete predios (compuestos por once lotes) usurpados en lo que se ha dado en llamar “el conflicto Mascardi”, en el marco del cual un grupo de personas autodenominadas “Lof Lafken Winkul Mapu” reclaman como propias diversas tierras públicas y privadas".
En cuanto a la ocupación de las tierras desde el año 2017, se expuso que la comunidad "no canalizó sus reclamos por las vías de derecho" ni gestionó la inscripción formal "ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) ni pidió ser relevada, como es el procedimiento habitual previsto por la ley y resoluciones que regulan la materia".
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Los predios en el sur ocupados "por la fuerza" por los mapuches
La Fiscalía a cargo de la fiscal federal interina María Cándida Etchepare explica que el grupo autopercibido como mapuche optó por "mutar su reclamo hacia otras tierras pero esta vez por las vías de hecho. En concreto, han pretendido hacer propios -por la fuerza y la violencia- diversos predios en Villa Mascardi, sin ninguna prueba de su ancestralidad en el lugar".
Si bien se solicitó "en reiteradas oportunidades el desalojo de varios de los predios a lo largo de los años desde que se iniciara la primera usurpación en 2017", las circunstancias cambiaron abruptamente desde la noche del último 25 de septiembre.
"En esa oportunidad entre 15 y 20 personas encapuchadas y armadas con piedras y armas de fuego atacaron a un grupo de cinco gendarmes que custodiaban el último de tales lotes, “Los Radales”, desde el 13 de septiembre y a pedido de esta sede. Ello obedeció a que el 1° de agosto fue incendiada intencionalmente la cabaña del lugar de modo tal que lo que se pretendió con la custodia solicitada al Ministerio de Seguridad de la Nación fue evitar que se siga extendiendo la usurpación, como ha ocurrido a lo largo de los años en los lotes circundantes", puntualiza la representante del Ministerio Público Fiscal.
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Por lo tanto, el 26 de septiembre se procedió a inspeccionar “Los Radales”, a partir de lo cual se comprobó "la existencia de disparos de armas de fuego en la casilla en la que se apostaban los gendarmes, que luego también fue completamente quemada. Finalizada la diligencia, un grupo de personas bajó gritando de la montaña y atacó con piedras a los funcionarios que resguardaban el predio mientras se realizaba la medida, por lo que debimos retirarnos de allí una vez más para evitar enfrentamientos", anunciaron en el comunicado.
"El acrecentamiento de la violencia, el ataque directo con armas de fuego a los funcionarios de las fuerzas de seguridad y la nueva extensión de la ocupación incluyendo dos nuevas propiedades fueron parte del desencadenante de la última solicitud de desalojo", amplió la Fiscalía.
Los violentos episodios precipitaron "la finalización de todos los canales de diálogo intentados por esta Fiscalía durante los últimos dos años".
La oferta a los mapuches rechazada y el desalojo
"Parques Nacionales ofreció reubicarlos en otras tierras cercanas, también del Estado Nacional, y permitir la permanencia del rewe (sitio ceremonial o sagrado) en el lugar en el que está apostado en la actualidad (en el predio del exhotel Mascardi) para que sea un lugar de culto de las comunidades. Nada alcanzó. A la par que se intentaban esos canales de diálogo continuaban suscitándose actos violentos" se explayó la Fiscalía en la comunicación oficial.
Frente a "esta escalada de violencia", la Fiscalía Federal solicitó "el desalojo de toda la zona, medida que fue autorizada por la jueza federal a cargo del caso y que se llevó a cabo el martes 4 de octubre".
CA/ED
