El fiscal federal Carlos Stornelli presentó una medida cautelar para evitar que el Estado entregue las tierras del Ejército argentino en Bariloche a la comunidad mapuche Millalonco Ranquehue.
Se trata de un predio de 180 hectáreas que pertenece a la Escuela Militar de Montaña, ubicado en la zona de la ruta provincial 82, entre Virgen de las Nievas y Villa Los Coihues.
El fiscal considera que están dadas las condiciones jurídicas para que el juez tome parte en el proceso que se lleva adelante en los tribunales de la ciudad rionegrina. Por esto mismo, pidió al juez Daniel Rafecas que dicte una medida cautelar de “no innovar” para frenar el traspaso de las tierras.
En paralelo, Stornelli es el fiscal de la causa radicada en Comodoro Py que investiga la responsabilidad de los funcionarios nacionales en que las tierras sean devueltas a los mapuches, puesto que “no apelaron a tiempo” la decisión de la jueza de Bariloche que ordenó que el Ejército entregue las tierras a Millallonco Ranquehue.
En ese sentido, argumenta que la transferencia de la propiedad afectaría a la defensa nacional, puesto que el Ejército no podría realizar la instrucción del personal militar en la jurisdicción en la que se encuentra el inmueble. De esta manera, planteó que las tropas no contarían con la capacitación necesaria para cumplir con las tareas asignadas de “defensa territorial sobre toda la Cordillera de los Andes”.
En consecuencia, dificultaría también la “preparación y alistamiento del personal y medios que se destinan al apoyo de la comunidad local”.
Cómo es el terreno del Ejército Argentino en la Patagonia que podría ser propiedad mapuche
El reclamo de los mapuches
El terreno pertenece desde 1937 al Ejército nacional. Sin embargo, las familias de Millalonco Ranquehue habitaban este territorio desde fines del siglo XIX, antes de que se establecieran las tropas militares en el lugar.
Cerca del territorio en conflicto, se encuentra el Instituto Blaseiro y el Centro Atómico Bariloche, lugares que en 1950 fueron sedes de artillería. En este contexto, el predio ya había sido otorgado en 2012 a través de una resolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
RdC / MCP
