El ex gobernante sabe que su popularidad está en juego: podrá disminuir en forma drástica a partir de las denuncias que lo involucran en el atentado a la democracia. Por el momento, la Justicia no puede determinar su inmediata prisión porque precisa contar con más pruebas contundentes.
Jair Bolsonaro, ex presidente de Brasil. |
Bloomberg
27 años de cobertura en Brasil como corresponsal. Entrevistó a todos los presidentes brasileños desde 1995, salvo el último. Autora del site Brasil 7 días.
Nuevas hechos surgidos de las investigaciones de la Policía Federal, sobre la participación de Jair Bolsonaro en el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023, colocan al ex presidente ante una disyuntiva de difícil solución. Por el momento, la Justicia no puede determinar su inmediata prisión porque precisa contar con más pruebas contundentes. Pero el ex gobernante de extrema derecha sabe que su popularidad está en juego: podrá disminuir en forma drástica a partir de las denuncias que lo involucran en el atentado a la democracia.
Según las encuestas, 89% de los brasileños condenan los actos “insurreccionales” de enero del año pasado, cuando miles de bolsonaristas destruyeron los edificios de la Corte Suprema, del Congreso y el Palacio del Planalto. Es esa incertidumbre, acerca de cuánto peso de arrastre conserva su figura, lo que llevó a su partido (el PL) a organizar un acto político el domingo 25 de febrero en la avenida Paulista, el centro neurálgico de las finanzas brasileñas. Los dirigentes esperan tener suficiente fuerza como para contar, numéricamente, con las decenas de miles de simpatizantes que Bolsonaro supo convocar en las grandes ciudades, durante su presidencia.
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Para que el acto tenga esas dimensiones, y por consiguiente alcance un fuerte impacto político, sería preciso que participen dos personajes: el gobernador paulista, Tarcísio de Freitas y el alcalde paulistano, Ricardo Nunes. Pero ni uno ni otro han emitido una sola palabra al respecto. Según relatos de políticos próximos a ellos “están mudos, y así continuarán”. Del lado bolsonarista no se consuelan: “Vamos a empujarlos (al gobernador y el intendente) para la manifestación. Nadie tiene derecho a fingirse muerto”. Apuntan a Tarcísio en especial, que ganó las elección en San Pablo gracias a su adhesión a Bolsonaro; y según evalúa el entorno del ex presidente ya “se ha convertido en un traidor”.
“Los gobernadores tienen una responsabilidad muy grande y precisan manifestarse”, urgió el coronel retirado Ricardo Mello de Araújo. Y advirtió: “Están llegando las elecciones municipales y hasta ahora los grandes líderes de la derecha no se han expresado”. Se trata de elecciones a realizarse en el nivel nacional, en las que deben elegirse los intendentes de 5.600 ciudades de todo el territorio. De allí la importancia de los resultados que se obtengan, dado que permitirían medir el vigor del bolsonarismo en todo el país. Mello de Araújo es candidato a acompañar en las elecciones paulistanas al actual intendente Ricardo Nunes, que se presenta para la reelección.
Desde luego, la base bolsonarista no permanece inactiva. En las redes sociales, como Telegram, WhatsApp o X, aparecen todos los días algún posteo contra la “dictadura” judicial: “Toda vez que Bolsonaro respira, intentan buscar o crear alguna denuncia para vulnerarlo”. Otro tuit advierte que “el objetivo es liquidar la derecha brasileña, clausurar el Partido Liberal y detener a Bolsonaro”.
Jair Bolsonaro
De hecho, la mega operación policial de la semana pasada, llevó a nuevos caminos para escrutar. Se supo, ahora, que el 19 de noviembre de 2022, cuando Lula da Silva ya había ganado las elecciones, el por entonces jefe de Estado Bolsonaro recibió en el Palacio de la Alvorada, la residencia oficial, a su asesor en Asuntos Internacionales Filipe Martins y al abogado Amauri Saad. Ambos le entregaron el borrador de una minuta, con el decreto del Golpe que establecía el Estado de Sitio y la inmediata intervención de las Fuerzas Armadas. En ese catálogo golpista se mencionaba, como parte de la acción, la prisión del juez Alexandre de Moraes, miembro de la Corte Suprema.
El 7 de diciembre, ese documento con la descripción de cómo había que proceder para impedir que Lula llegara a la presidencia, fue presentado por Bolsonaro a los jefes de las Fuerzas Armadas: el general Freire Gomes, entonces comandante del Ejército; el ministro de Defensa, general Paulo Sergio Nogueira y el comandante de la Armada, el almirante Garnier Santos. En esa cita, en la que también estuvo el asesor Martins, Bolsonaro buscó que la cúpula militar aprobara los procedimientos golpistas. Por lo que se sabe, solo se opuso la Marina.
