El año 2016 parecía muy promisorio para Colombia. Los acuerdos de paz gestados entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-EP buscaban poner fin a uno de los conflictos armados más longevos de América Latina. Después de casi 60 años, la desmilitarización de la guerrilla más antigua de la región hacía suponer que la paz finalmente estaba más cerca y que los ciudadanos colombianos podían por fin recomponer una sociedad quebrada por la violencia.
Al analizar las cifras que arrojan 6 décadas de lucha entre las guerrillas y el Estado podemos ver la inmensa magnitud del mismo: Según la ley 1448 denominada “...de asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno” hay más de 9 millones de colombianos que son caracterizados como víctimas, ya de sea de manera más directa o indirecta, por haber sufrido o un asesinato, atentados, amenazas, haber perdido a un familiar o incluso haber tenido que abandonar su lugar de residencia e instalarse en otra región del país. De hecho, como causa de este último fenómeno Colombia es el país que más desplazados internos tiene en el mundo según las estadísticas del propio gobierno colombiano.
Pero todo este conflicto parecía quedar en el pasado cuando en noviembre del 2016 y después de años de negociación y hasta un rechazo rotundo de la ciudadanía a generar una instancia de conversación y negociación con los grupos guerrilleros, se firmó el acuerdo definitivo en Bogotá entre el gobierno y representantes de las FARC-EP.
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En líneas generales este pacto comprometía a la guerrilla a iniciar un proceso de desmilitarización entregando sus armas para dar por terminado el conflicto. A cambio de eso el gobierno les garantizaba ciertos territorios agrícolas de propiedad colectiva para el campesinado, el derecho a las FARC-EP a postularse a cargos políticos, un cupo de 10 bancas en el Congreso colombiano durante 2 legislaturas consecutivas y la prohibición de erradicar ciertos cultivos de drogas considerados “ancestrales”.
Sin embargo y más allá de las implicancias en términos históricos del acercamiento entre dos grupos enfrentados militarmente durante décadas, este acuerdo de paz siempre fue cuestionado. Un año después de la firma y la ratificación por parte del Congreso, diversos grupos guerrilleros amenazaron con volver al conflicto si el gobierno colombiano no cumplía con los compromisos asumidos. Pero además, para marzo de 2018 si bien el 80% de los miembros de las FARC habían entregado sus armas, aún restan unos 1200 guerrilleros que nunca aceptaron las condiciones del acuerdo y aún hoy se niegan a cumplirlo. Estas tensiones internas dentro de la guerrilla dieron lugar a una separación que creó las llamadas “Disidencias de las FARC”, aquel pequeño grupo residual que desconoce el acuerdo de paz de 2016 y pretende continuar con el accionar ilegal que esta organización venía llevando a cabo desde la década de los 60. Así, hoy las Disidencias de las FARC aún mantienen ciertas zonas de influencia a partir de prácticas como el narcotráfico, los secuestros y la extorsión.
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Por eso, si bien el conflicto ha mermado en términos de su intensidad, todavía quedan vestigios de esa lucha que amenazan al país con volver a restaurar la violencia del pasado. Actualmente la presencia de los guerrilleros se limita a ciertos territorios aislados del país donde la presencia del Estado colombiano es débil, como los territorios de la selva en el Chocó (al extremo este del país), Cauca o en el Norte de Santander, próximo a la frontera con Venezuela. Allí, además de la amenaza latente entre el gobierno y las Disidencias de las FARC se suma una disputa territorial guerrillera por el cultivo de coca con otra histórica organización terrorista, el Ejército de Liberación Nacional (ELN). De hecho, varios coinciden que el vacío de poder que ha dejado el desarme de las FARC después de 2016 ha sido ocupado por una mayor presencia del ELN en dichos territorios. Según cifras de Cruz Roja más de 200 civiles han muerto solamente este año en 9 departamentos del país como consecuencia de estas disputas territoriales y más de 33 personas figuran como desaparecidas, lo que supone un aumento del 22% con respecto al año 2020. Incluso, más de 2000 personas han sido desplazadas de sus territorios debido al recrudecimiento de los enfrentamientos entre los grupos guerrilleros. Hoy en día y aún después de todo el proceso por los acuerdos de paz, la presencia de grupos ilegales ha sido reportada en 300 municipios de los 1100 que componen el territorio colombiano.
Por eso, ¿las FARC realmente alguna vez se fueron? Para este grupo guerrillero las Disidencias no son más que desertores del proceso de paz que nada tienen que ver con el grupo gestado en la década de los 60. Sin embargo, la opinión pública de dicho país no opina lo mismo. Para la sociedad colombiana, si bien es real que la intensidad del conflicto se ha reducido sustancialmente desde 2016, las FARC -disidencia o no- realmente nunca se han ido y el año 2021 marca un incremento de la violencia producto del conflicto armado. En paralelo también preocupa la proliferación de la presencia de la otra organización guerrillera, el ELN, con quienes el gobierno colombiano ha intentado negociar en diversas oportunidades sin éxito. De hecho, varios organismos internacionales coinciden que el ELN hoy se ha convertido en la guerrilla más importante de América Latina.
Como si fuera una película del pasado, hoy la sociedad colombiana es testigo nuevamente de un debilitamiento de las potestades del Estado colombiano que le impide garantizar la soberanía estatal y el orden público en el territorio nacional, lo que nos lleva a la eterna pregunta jamás respondida: ¿Podrá alguna vez Colombia encontrar la paz y la unidad de su sociedad?
*Licenciada en Ciencias Políticas (UCA) - Investigadora del Centro de Estudios Internacionales (CEI-UCA)
