Combaten en Yemen o Afganistán, vigilan oleoductos en Emiratos Árabes y hasta complotan en Haití. Curtidos en medio siglo de conflicto interno, militares colombianos en retiro y combatientes ilegales alimentan el siniestro mercado de los mercenarios en el mundo.
Veintiséis colombianos son señalados por autoridades haitianas de haber participado en el asesinato del presidente Jovenel Moise la madrugada del miércoles en su residencia.
Bogotá dijo que al menos 17 de sus ex militares están presuntamente implicados en el ataque, 15 de los cuales fueron capturados y en tanto dos fueron abatidos por fuerzas haitianas.
La supuesta participación de mercenarios colombianos pone en evidencia un lucrativo mercado transnacional.
“Hay una gran experiencia en términos de guerra irregular. El soldado colombiano está capacitado, tiene experiencia en combate y además es una mano de obra barata”, dice Jorge Mantilla, investigador de fenómenos criminales de la Universidad de Illinois en Chicago.
No solo son militares retirados quienes atraviesan las fronteras de Colombia, principal exportador de cocaína del mundo, para ejercer violencia a sueldo. En mayo de 2004 autoridades venezolanas detuvieron a “53 paramilitares colombianos” a los que acusó de ser parte de un plan para asesinar al entonces presidente Hugo Chávez.
Entrenados, empobrecidos y numerosos. Colombia es una inagotable cantera de soldados. Unos 220 mil uniformados integran las fuerzas armadas y miles de ellos se retiran por falta de posibilidades de ascenso, fallas de conducta o porque cumplen veinte años de servicio.
Cada año “salen de nuestras filas del ejército entre 15 mil y 10 mil soldados (...) es un universo humano muy difícil de controlar”, anotó el coronel John Marulanda, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore).
Se retiran relativamente jóvenes con pensiones bajas, y eso los hace “presa de oportunidades económicas mejores”, agregó el oficial en retiro, para quien lo de Haití es un “caso típico de reclutamiento” de ex militares colombianos por parte de empresas privadas para adelantar operaciones en otros países.
Según autoridades colombianas, habría cuatro compañías involucradas en el asesinato del mandatario. Una mujer que se presentó como la pareja de Francisco Eladio Uribe, uno de los colombianos capturados, aseguró que una empresa le hizo a su esposo una oferta de 2.700 dólares por unirse al comando.
Uribe se retiró del ejército en 2019 y se encuentra vinculado a un proceso judicial por el escándalo conocido como “falsos positivos”, en el que uniformados ejecutaron a más de 6 mil civiles entre 2002 y 2008 para hacerlos pasar como bajas en combate a cambio de beneficios.
Negocio global. En mayo de 2011 The New York Times reveló que un avión con docenas de ex militares colombianos aterrizó en Abu Dabi para engrosar un ejército de mercenarios contratados por la firma estadounidense Blackwater para custodiar activos importantes para los Emiratos Árabes.
El mismo diario reveló, en 2015, que cientos de colombianos estaban combatiendo a los rebeldes hutíes en Yemen, ahora contratados directamente por los Emiratos. Para Mantilla, desde hace un década “hay un boom de esa industria”.
En ese momento, Estados Unidos comenzó a sustituir sus tropas en Medio Oriente por “empresas de seguridad privada, porque implican un menor costo político en términos de bajas y una zona gris en el derecho internacional”. Ante eventuales violaciones a los derechos humanos, “la responsabilidad jurídica la asumirán los autores materiales” y no el Estado o compañía que los contrató.
Hoy existe un mercado global donde empresas estadounidenses, inglesas, francesas, belgas o danesas reclutan mercenarios principalmente en Latinoamérica o en países que tuvieron conflictos armados como Zimbabue y Nepal.
“Las empresas son legales, pero ello no quiere decir que todas las actividades que estas personas hagan sean estrictamente legales”, concluye Mantilla.
