No es sencillo identificar con certeza cuándo un fenómeno económico es transitorio y cuándo es permanente. Ocurre al menos desde la crisis de los tulipanes en la Holanda del siglo XVII, pasando por la crisis del lanar de 1866, el crack del 29 o las más recientes de las puntocom y las hipotecas subprime. La especulación y el optimismo exacerbado sobre los precios futuros están siempre en la raíz de las burbujas financieras y su impacto, en la producción y el empleo. En cada episodio surgen nuevas regulaciones, desgraciadamente, como consecuencia de un aprendizaje tardío.
El abrupto aumento del precio de las criptomonedas durante los últimos años y reiterados subibajas frenéticos generaron interrogantes crecientes en la comunidad internacional. La fuente de inestabilidad tiene en este caso dos orígenes. Por un lado, una alta volatilidad de los precios y, por el otro, los efectos para la economía global de una expansión anárquica de criptoactivos. Es por esta razón que cada vez se suman más voces a favor de establecer un marco de reglas preventivo para el uso de estas monedas, un capítulo central de la nueva arquitectura financiera internacional.
El G20, por caso, solicitó a los organismos competentes establecer estándares mundiales para monitorear la evolución de criptoactivos y avanzar en acciones multilaterales de mitigación de riesgos. El Banco de Pagos Internacionales (BIS) realizó el último mes un informe detallado sobre las monedas digitales emitidas por bancos centrales y la necesidad de colaboración multilateral para acordar principios de diseño e interoperabilidad. Un ejemplo son las llamadas criptomonedas estables, como la e-korona sueca o el renminbi digital chino, que tienen un respaldo institucional fiduciario, a diferencia de la tecnología descentralizada impulsada por el sector privado (bitcoin, ethereum, litecoin, etc).
Especulación y gran optimismo están siempre en la raíz de las burbujas financieras
El Fondo Monetario Internacional (FMI), la Comisión Europea y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), entre otras instituciones, también advirtieron sobre los peligros asociados a la proliferación y expansión de criptomonedas.
Estas advertencias no desconocen las ventajas asociadas a la revolución del blockchain y los pagos digitales, beneficios que pueden contribuir a edificar mejores políticas públicas de múltiples maneras y que llevaron, por ejemplo, a que El Salvador adoptara el bitcoin como moneda de curso legal:
- El costo de las transferencias internacionales ligado a las remesas de migrantes, que promedia el 6,5% del giro, puede disminuir de forma significativa. Se trata de una cuestión prioritaria para países de ingresos bajos y medios donde las remesas anuales alcanzan US$ 500 billones, casi el doble de lo que reciben por inversión extranjera directa.
- Los pagos digitales reducen las fricciones y los costos de transacción a partir de transferencias peer-to-peer (P2P), o persona a persona.
- Si más individuos acceden a servicios de cobro y pago electrónico, existe un impacto positivo en materia de inclusión financiera y acceso a servicios bancarios.
- Cuando, en lugar de favorecer el anonimato, blockchain se usa en la trazabilidad de un producto desde el inicio de la cadena hasta su consumo final, las opciones se multiplican y pueden ir desde la administración eficiente de transferencias monetarias condicionadas hasta una garantía autovalidada de certificación ambiental.
- Los contratos inteligentes que se ejecutan ante el cumplimiento de pagos son otra fuente de reducción de gastos e incremento de productividad.
A pesar de estas ventajas, los riesgos latentes encendieron justificadas luces de alerta para la gobernanza financiera internacional. Con la proliferación de criptomonedas aparecen nuevos obstáculos para las instituciones y para los gobiernos en materia de regulación y control de las transacciones.
- Con operaciones anónimas o difíciles de rastrear, las criptomonedas se utilizan como medio de pago para actividades delictivas, para eludir el pago de impuestos, esquivar regulaciones y sortear sanciones internacionales.
- Las criptomonedas facilitan el lavado de activos provenientes del delito, el narcotráfico, el terrorismo o la trata de personas.
- Los cyberataques y los ataques de ransomware, que extorsionan a gobiernos y empresas con pedidos de rescate de información, representan una seria amenaza a la seguridad ciudadana y gubernamental.
- La minería de datos en bitcoins requiere un gran consumo de energía y es especialmente agresiva con el medioambiente.
- Las encriptaciones pueden ocasionar quebrantos patrimoniales de envergadura ante la pérdida de claves de seguridad.
- La elevada volatilidad representa un elemento desestabilizador y pone en duda la capacidad de estas monedas para cumplir la función de dinero como reserva de valor.
- Los bancos centrales pierden el monopolio de la emisión de dinero y los ingresos por señoreaje.
- Los gobiernos tendrán menor capacidad recaudatoria si no avanzan en reformas tributarias que graven la riqueza y las ganancias generadas en criptomonedas.
- Las restricciones a la emisión limitan la efectividad de la política monetaria como herramienta contracíclica.
- Para los bancos comerciales, la pérdida de depósitos puede ocasionar una menor oferta de crédito y constituirse en un factor contractivo del nivel de actividad.
- La ausencia de un prestamista de última instancia siembra interrogantes sobre el manejo de una posible crisis sistémica. Una corrida contra un tipo de criptoactivo puede contagiarse al resto pagando justos por pecadores. Como ocurre también en otras crisis financieras, un cambio en las preferencias que modifique la liquidez puede desatar una ola de pánico de resultados inciertos.
- En las transacciones realizadas con criptomonedas estables o con respaldo institucional subyacen problemas sobre la privacidad de los registros, ya que los bancos centrales tendrían así información completa sobre cada operación, gustos, preferencias y hábitos de consumo.
Para que en estos claroscuros los aspectos positivos se impongan a los negativos, es fundamental incluir las criptomonedas en los regímenes tributarios y avanzar en la armonización de marcos regulatorios globales y locales. La gobernanza internacional debe alcanzar consensos y velar para que los criptoactivos no sean un germen de inestabilidad para el sistema financiero.
La desconfianza es un alfiler inexorable que suele llegar sin preámbulo
El proyecto de ley que aprobó recientemente el Senado de los Estados Unidos, un plan de infraestructura por US$ 1,2 billones, suma un antecedente relevante en la búsqueda de mayor transparencia y equidad. La decisión incluye nuevas obligaciones tributarias, estimadas en US$ 28 mil millones, para las empresas financieras que operan con criptomonedas. También incorpora la obligación de informar toda operación por encima de US$ 10 mil realizada con activos digitales a través de agentes financieros.
El Consejo Económico y Social (CES) organizará en los próximos días un foro internacional para intercambiar experiencias, promover la cooperación y avanzar en políticas de Estado para que blockchain y las monedas digitales sean herramientas de inclusión y no causantes de inestabilidad.
Debemos actuar pronto. La desconfianza es un alfiler inexorable que suele llegar sin preámbulo, a paso acelerado, y trae consigo pérdida de recursos, destrucción de patrimonios y puestos de trabajo.
Las regulaciones, cuando son un autorreflejo anacrónico, nunca alcanzan a remediar el daño provocado por la apatía, la ingenuidad y las falsas ilusiones.
*Presidente del Consejo Económico y Social y secretario de Asuntos Estratégicos.
