Democratizar la economía y transformar los injustos pilares de la arquitectura financiera internacional es el gran desafío de la pospandemia. Uno de ellos entorpece el andar de los bancos multilaterales de desarrollo (BMD), como si fuera una astilla en el pie. Es hora de poner sobre la mesa el rol de las agencias calificadoras de riesgo, que tienen una implicancia central, entre otros, en el desempeño del BID y la CAF. Criterios enlatados para medir la proximidad de fantasmas que nunca aparecen frenan el despliegue de la asistencia económica y social hacia decenas de naciones de ingresos bajos y medios.
Las agencias crediticias califican con una nota a los países, a firmas del sector privado y a los organismos multilaterales de crédito. La calificación máxima es AAA (triple A), seguida por AA, A, BBB, BB, etc. Una calificación más alta posibilita un acceso al financiamiento internacional en condiciones más favorables debido a la señal que brinda a los inversores sobre un menor riesgo asociado. Una peor nota trae aparejado un incremento del costo para compensar un riesgo más elevado.
La calificación suele estar acompañada de una perspectiva que puede ser positiva o negativa. Por ejemplo, tras la pandemia, uno de cada tres países de América Latina fue calificado con perspectivas negativas debido a las restricciones fiscales y al endeudamiento con los que afrontaron la crisis sanitaria.
Tres calificadoras de riesgo –S&P, Moody’s y Fitch– monopolizan el 95% de un mercado altamente concentrado. Las metodologías utilizadas no siempre gozan del mismo nivel de transparencia y objetividad. Ni las tres calificadoras miden lo mismo, ni ponderan o valoran de forma idéntica los mismos datos. Un mismo indicador puede tener lecturas distintas y puntajes diferentes según la cuota de discrecionalidad que use el evaluador.
En el caso específico de los BMD, la categoría AAA se logra solo a partir de políticas conservadoras y poco flexibles sobre la suficiencia de capital, el riesgo crediticio y la liquidez, ocasionando fuertes restricciones a la capacidad prestable.
Modificar sus criterios permitiría impulsar la financiación para el desarrollo
Un informe encargado por el G24 concluyó que los métodos de las calificadoras de crédito tienen un impacto muy negativo sobre la labor de los BMD, limitando demasiado su operatoria a pesar de su extrema solidez financiera.
En efecto, las agencias calificadoras son en exceso restrictivas sobre el nivel de exposición al riesgo de los bancos multilaterales que actúan en países en desarrollo. Es una solidaridad puesta de cabeza donde la vara más alta, la mayor severidad y dureza se aplican sobre los organismos que tienen como misión ayudar a los más vulnerables.
Las evaluaciones que se aplican a los BMD no contemplan adecuadamente sus fortalezas debido a que son variantes de las aplicadas a bancos comerciales. Un aspecto relevante es la consideración apenas tangencial del estatus de acreedor preferente o privilegiado. Los países no son solo deudores de los organismos multilaterales, son también sus dueños. Las agencias de riesgo no consideran positivo que los países no tengan incentivos para caer en impagos porque generarían perjuicios a sus propias finanzas y externalidades negativas para otros países amigos y vecinos.
Los BMD tienen una idiosincrasia y objetivos diferentes a los de la banca comercial, los fondos de inversión o las compañías de seguro. Sus carteras están diversificadas entre distintos países, en diversas actividades económicas, entre el sector público y el sector privado. Su rol es contracíclico, están guiados por fines socioeconómicos de desarrollo y no por una ambición de rentabilidad. Sus metas son de largo aliento.
Sin embargo, la capacidad prestable de los BMD se ve limitada por exigencias impuestas por manuales que desconocen su ADN y su historia.
Bajo un modelo de calificación de riesgo riguroso, transparente e independiente que comprenda su naturaleza intrínseca, los principales BMD podrían incrementar su asistencia financiera al desarrollo en más de 40%. Un cambio de las políticas de capital elevaría su capacidad prestable entre US$ 500 mil millones a US$ 1 billón, preservando incluso las calificaciones actuales.
Los BMD observan el problema, pero no han encarado todavía una acción colectiva que les permita salir del atolladero. Aunque las implicancias respecto del acceso a recursos no son menores, en muchos casos los bancos multilaterales no cuentan con un estudio detallado sobre los costos y beneficios de pasar a un nuevo esquema de evaluación del riesgo crediticio, ni de adoptar decisiones alternativas de política financiera frente a las debilidades técnicas y las subjetividades del actual modelo.
No se trata de tomar más riesgo, sino ser realistas en la evaluación del riesgo
Una acción coordinada de la comunidad internacional para modificar los criterios de evaluación y aportar transparencia podría ser la bisagra que precisa el financiamiento al desarrollo.
Para abordar este desafío, hace unas pocas semanas el Grupo de Trabajo sobre Arquitectura Financiera Internacional del G20 encargó una revisión independiente sobre los marcos de suficiencia de capital de los BMD para maximizar el financiamiento, estrategias que dependen de la gestión crediticia del riesgo y de la relación con las calificadoras. Se espera que el informe encargado esté terminado en 2022.
La reciente aprobación de la emisión de derechos especiales de giro (DEG) por parte del FMI fue un paso adelante para edificar una arquitectura financiera internacional más justa y solidaria. Lo mismo es válido para la conformación del Fondo de Resiliencia y Sustentabilidad que posibilitaría la recanalización de DEGs. El rediseño del sistema de evaluación crediticia sería otro paso firme en esta dirección.
El Consejo Económico y Social (CES) organizará el Foro Internacional sobre Calificación de Riesgo en la Nueva Arquitectura Financiera Global para intercambiar experiencias y consensuar rumbos de acción sobre esta cuestión fundamental. Argentina alzará la voz a nivel global sobre este tema, con racionalidad.
Una alternativa, impulsada por los economistas franceses Gael Giraud y Cecile Renouard, es la creación de un cuerpo supranacional capaz de verificar el trabajo independiente de las agencias calificadoras.
En 2006, el 73% de los derivados montados sobre hipotecas tenían calificación AAA. Dos años más tarde, durante la crisis 2008-2009, su valor era cercano a cero. En 2010, con la Ley Dodd-Frank y la creación de la Oficina de Calificación Crediticia de la Securities and Exchange Commission (SEC), los Estados Unidos comenzaron a regular y auditar a las calificadoras.
El accionar de las agencias aún resulta insatisfactorio para identificar de forma anticipada episodios de sobreendeudamiento y advertir a tiempo procesos especulativos. Por el contrario, acostumbran reaccionar después de una eventualidad y en lugar de jugar el rol de agentes preventivos terminan actuando como bomberos tardíos, generando más problemas cuando hacen leña del árbol caído.
No se trata de tomar más riesgo. Se trata de ser realistas en la evaluación del riesgo en condiciones particulares y no generales.
Se trata de permanecer abiertos al cambio y acordar métricas distintivas sobre la base del sentido común y la autocrítica que den lugar a más ayuda al desarrollo, a créditos concesionales, a reducción de tasas y sobrecargos.
La recuperación del mundo en desarrollo tras la pandemia requiere una inteligencia colectiva y un realismo audaz para movilizar recursos. Hacer más de lo mismo será demasiado poco y llegará demasiado tarde.
Presidente del Consejo Económico y Social.
Secretario de Asuntos Estratégicos.
