El 13 de diciembre de 1983, el presidente Raúl Alfonsín dispuso, por el decreto 158/83 el procesamiento del accionar de las tres primeras Juntas Militares. Y tras ello, comenzó a cerrarse una historia.
Desde la perspectiva urbana, diferentes normativas y políticas puestas en práctica durante el proceso militar que tuvo lugar entre 1976 y 1983 adquirieron fuerte incidencia espacial tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la Provincia de Buenos Aires y que, en conjunto, ejercieron un rol esencial en la configuración metropolitana.
En términos generales, produjeron una reestructuración del espacio que resultó en perdurables consecuencias sobre la fisonomía y la estratificación de la ciudad. En ese lapso se lanzó el Código de Planeamiento Urbano para la Ciudad de Buenos Aires, sancionado en 1977. Y a ello hay que sumarle la sanción en ese mismo año de la Ordenanza 33652 de Erradicación de Villas de la Ciudad de Buenos Aires y el Decreto Ley 8912 de Usos del Suelo y Ordenamiento Territorial para la Provincia de Buenos Aires.
Simultáneamente, en 1976 se liberó el control de precios de los alquileres mediante la Ley 21342 de Locaciones Urbanas. Y con la reglamentación de la Circular 1050, se indexaron los créditos inmobiliarios, haciendo que llegaran a montos prácticamente impagables. Todas estas legislaciones urbanísticas parecen orientadas a desalentar al mercado, que adquiría grandes predios sin urbanizar y los vendía en muchas cuotas luego del loteo.
De hecho, en la realidad se puede constatar que el Decreto Ley 8912 frenó estos loteos masivos sin infraestructuras y a su vez dejó a una gran cantidad de población destinada a adquirir sus viviendas en el mercado informal, en asentamientos o villas, ya que el tendido de infraestructura urbana no era parte de las políticas públicas y los particulares no podían costearse un lote provisto de esos servicios ni instalar los mismos por sus propios medios.
Numerosos conjuntos habitacionales fueron desarrollados, tal como el Conjunto Habitacional Piedrabuena, en Villa Lugano, de 1981. Asimismo, con el propósito de promover un mejor acceso del automóvil particular al centro de la ciudad, se inició la construcción de una red de autopistas urbanas, tal como la actual Autopista 25 de mayo o la Perito Moreno, ejecutadas a partir de expropiaciones impulsadas sobre el tejido residencial consolidado, cuyos escombros se vierten en -lo que hoy conforma- la Reserva Ecológica.
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Mediante una norma sancionada en 1979, se dispuso la erradicación de las industrias consideradas contaminantes de los municipios más próximos a la Ciudad de Buenos Aires. El Cinturón Ecológico Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) fue otro hito a nivel metropolitano, destinado a la disposición final de los residuos sólidos urbanos de gran parte de la región. Su objetivo inicial era rodear a la ciudad de espacios verdes y parques que mejorarían las condiciones ambientales y las posibilidades de recreación de la población.
En síntesis, reconociendo los hitos que dejaron cicatrices -y algunas heridas aún abiertas- en su estructura, es posible reconstruir las partes en pos de un espacio metropolitano integrador, inclusivo y superador.
Con el decreto impulsado en 1983 por el presidente Raúl Alfonsín se comienza a cerrar esta historia en la que, más allá de múltiples perspectivas, el territorio fue concebido como expresión espacial de un proyecto político de disciplinamiento marcial sobre las prácticas urbanas.
