La Argentina ha recorrido medio siglo de decadencia económica y una década de caída del ingreso per cápita. Hoy el país está siendo golpeado por una pandemia con expectativa de caída del PBI de 12,5% , aumento de la desigualdad y expectativa de pobreza infantil de 62,9%. Las últimas décadas, nos han dejado virtualmente sin moneda y sin crédito, y la emergencia social y económica toma al país con bajísima capacidad de generar respuestas anti-cíclicas más allá de la emisión monetaria. La emisión monetaria es una herramienta precaria, de limitado alcance y con elevado riesgo inflacionario. Sin recuperación económica la ayuda social no será sostenible y para ello el sector privado deberá jugar un rol fundamental. El Estado a su vez debe articular políticas de estabilidad, de protección social y debe proveer un marco transparente y competitivo para que la actividad privada florezca.
La consistencia macroeconómica (fiscal, monetaria y financiera) es crucial para preservar equilibrios internos (estabilidad de precios) y externos (balanza de pagos); a la vez las finanzas públicas equilibradas son esenciales para sostener un tipo de cambio competitivo y acceso al financiamiento, ambos factores esenciales para impulsar la actividad privada. El exceso de gasto público aprecia el tipo de cambio, detrae recursos financieros a la producción y genera ciclos que agudizan la pobreza estructural.
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Los principales episodios de rápido crecimiento en las últimas décadas –el PBI creció 58% en 1991-1998 y en 2003-2008– estuvieron asociados a importantes superávits fiscales y, en 2003-2008, superávit externos. En tanto que, durante la década del 90 prevaleció un régimen de fuerte apertura comercial de la economía (Convertibilidad), en la década siguiente se volvió a un sistema proteccionista con licencias no automáticas de importación y un régimen cambiario de flotación sucia. Aunque con programas diferentes (más capital intensivo en el primer período) en ambos casos los incentivos para invertir y trabajar estuvieron alineados: el crecimiento del empleo privado registrado fue de 17% en 1996-98 y de 24% en 2003-2008; y la inversión pasó de 13,8% del PBI en 1992a 19% en 1998 y de 13,3% del PBI en 2003 a 19,6% en 2008.
Sin embargo, ninguno de los dos programas se logró sostener. La consistencia dinámica de un programa requiere mantener la competitividad externa mediante mejoras en la productividad y equilibrio entre ahorro e inversión doméstica. La productividad factorial total creció bastante más con el programa de mayor apertura comercial - 42% en 1991-98 versus 11% en 2003-2008. El régimen eventualmente colapsó en parte por la rigidez de precios relativos (exacerbada por el corset cambiario) para responder ante shocks externos, y en parte por el rápido proceso de endeudamiento no acompañado por un aumento de la inversión en el sector transable y el ahorro público fue insuficiente para compensar el desahorro doméstico del sector privado.
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En el caso del esquema proteccionista adoptado en 2003-2008, el principal sostén de la competitividad externa y elevados superávits comerciales fue, además de un tipo de cambio real más depreciado, la mejora de los términos de intercambio - 35% comparado con 11% en el primer período. En la medida que estos dejaron de mejorar, y en línea con una reorientación de la demanda hacia el consumo interno, el gobierno abandonó el rigor fiscal (el superávit primario cayó aproximadamente 3 puntos del PBI a fines de la década) a la vez que profundizó el esquema proteccionista. A partir de 2011 se adoptó un régimen más restrictivo de declaraciones juradas anticipadas de importaciones y se restringieron las divisas para los flujos de capital – esquema de control de cambios denominado cepo cambiario. Esto limitó la competitividad externa del sector transable reduciendo la productividad y generando estancamiento en 2011-2015. Los controles cambiarios sólo permitieron restringir la demanda de dólares transitoriamente.
El punto de partida de cualquier programa económico es un déficit fiscal cercano a 10% del PBI. . El reciente acuerdo para reestructurar la deuda privad externa y la eventual reestructuración de plazos de obligaciones con el FMI abre la posibilidad de alcanzar la consistencia del programa fiscal con sus fuentes de financiamiento. El compromiso con algún programa de convergencia fiscal es esencial para generar un marco de estabilidad macroeconómica y para poder obtener financiamiento externo adicional. El acuerdo político detrás de un programa plurianual es fundamental para evitar la inconsistencia temporal de políticas ante cambios de gobierno.
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El equilibrio fiscal es también necesario para alcanzar y sostener un tipo de cambio real competitivo - el dólar comercial está un 30% atrasado con relación al segundo semestre de 2002. La fuerte reactivación en 2003-2007 fue impulsada por un tipo de cambio que incentivó la producción y el empleo domésticos. El sendero de equilibrio fiscal es también necesario para que el mayor ritmo de devaluación no dispare la inflación y a la vez reduzca la brecha con el tipo de cambio libre (de por sí un factor de inflación en la medida que las reservas disponibles se agotan) y suavice el cepo comercial dando acceso a críticos insumos importados. El estímulo a la producción doméstica permitirá mitigar el impacto negativo en la demanda agregada del programa fiscal; para que este último no sea tan contractivo es aconsejable que la convergencia fiscal provenga principalmente de recortes de gastos y no de subas de alícuotas de impuestos (la recaudación subirá en cualquier caso por el aumento en la actividad).
También se deben restablecerincentivos microeconómicos facilitando la organización del trabajo y la producción por parte de las empresas existentes y nuevas a crearse. Ello requiere una estrategia de integración a la economía global – el mejor camino para incentivar la productividad en el largo plazo – y mercados de factores (trabajo y capital) eficientes. En dicho contexto, se requiere: un régimen tributario que restablezca los incentivos a la inversión y el trabajo (reduciendo o eliminando impuestos en cascada como ingresos brutos y al cheque); ligar la asistencia social a programas de empleo y/o capacitación; evitar la superposición y/o mal direccionamiento de programas sociales; restablecer incentivos para aportar al régimen de jubilaciones; sustituir aportes patronales por un seguro de desempleo; actualizar las tarifas y fortalecer la tarifa social;mejorar la transparencia en todas las licitaciones y obras del estado asegurando la participación de PYMES en un marco de defensa de la competencia y lucha contra la corrupción; y promover el desarrollo del sistema financiero.
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El país tiene sectores dinámicos y competitivos que además son históricos generadores de divisas que se necesitan para sostener el crecimiento (agro, agroindustria, vitivinicultura, energía, industrias del conocimiento, siderurgia, telecomunicaciones, aluminio, automóviles, golosinas). La estrategia de desarrollo debería promover el surgimiento de nuevos sectores incluyendo posibles eslabonamientos y una gradual inserción de empresas en las cadenas globales de valor. La inversión se beneficiará con: la simplificación de procesos para abrir y cerrar empresas; un régimen de contratación de empleos temporarios con bajo costo impositivo; un régimen simplificado de reestructuración de empresas; ajuste por inflación para el tratamiento impositivo de las inversiones (yamortización acelerada); y la promoción de regímenes regulatorios transparentes y competitivos. . Los incentivos crediticios pueden jugar un rol importante y podrían estar atados a procesos de blanqueo, por ejemplo, en la construcción y/o procesos de formalización en general
En síntesis, la tarea del Estado es importante y decisiva para asegurar la consistencia estática y dinámica de las políticas macroeconómicas; la sostenibilidad de éstas requiere el anclaje en reformas microeconómicas necesarias también para estimular al sector privado a sostener el proceso de reactivación y crecimiento. El desarrollo resultante permitirá que el Estado pueda operar como garante de la protección social y la igualdad de oportunidades en el acceso a los derechos básicos que consagra la Constitución.
* Doctor en Economía (Oxford) y ex Economista Líder (Banco Mundial).
