En abril de 1991, hace treinta años, comenzaban a gestarse movimientos de protesta relativamente espontáneos a partir de piquetes en las rutas de distintos puntos del país, protagonizados por trabajadores despedidos, familias y vecinos afectados por el cierre de fábricas, la contracción industrial y la desaparición del ferrocarril. Estas nuevas organizaciones de base aparecerían como una de las consecuencias del drástico plan de privatizaciones y cambio de sistema monetario implementados por el gobierno de Carlos Menem para salir de la híperinflación y revertir el déficit del Estado. Surgían los “piqueteros”, que se transformarían en un actor social y político ineludible en el escenario socioeconómico de la Argentina de los años 90.
El 27 de marzo de 1991, por iniciativa del entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, el Congreso sancionaba la Ley de Convertibilidad, que establecía una relación cambiaria fija entre el dólar estadounidense y el austral, de 1 dólar por cada 10 mil australes (posteriormente, 1 peso convertible). Era el inicio de lo que se llamaría popularmente como el “uno a uno”. Esta ley tuvo como consecuencia casi inmediata el cierre de numerosas industrias nacionales por la apertura comercial y el fuerte incremento en la tasa de desempleo.
El primer hecho relevante de este tipo fue el despido de 3.600 trabajadores de la empresa Acindar. La evolución de este conflicto tuvo la particularidad de que los trabajadores que quedaron en la fábrica no estaban agremiados y por lo tanto su estrategia defensiva estuvo orientada a establecer lazos de solidaridad entre ellos, más allá de los puentes que pudieran trazar con sectores políticos y sindicales.
De estos lazos surgió una estrategia de toma de fábricas “desde afuera”, que consistía en la instalación de carpas en los alrededores, que cortaban la circulación. Cada trabajador, acompañado de familiares y activistas, contaba con turnos para desarrollar diferentes tipos de actividades, que iban desde la preparación de comidas comunitarias hasta el desarrollo y puesta en práctica de propuestas de entretenimiento colectivo.
Tomas y piquetes. El movimiento piquetero estaba organizado por comisiones de desocupados en el ámbito municipal y/o barrial. Su origen, evolución y desarrollo están fuertemente ligados al aumento de la desocupación y la pobreza, la exclusión social y la pérdida de la confianza y contención de estos sectores de trabajadores por parte del sindicalismo tradicional. De esta manera, los protagonistas del movimiento piquetero fueron constituyéndose progresivamente como portadores de las demandas de un sector social –los desocupados pobres– que se sentía “traicionado” por la dirigencia, “invisibilizado” y privado del acceso a los derechos políticos y beneficios sociales.
El corte de rutas primero, y luego de calles y avenidas, como modalidad de la protesta de los sectores excluidos permitió que la visibilización se fuera extendiendo con alcance nacional y empezaran a ser reconocidos como un fenómeno común en distintos puntos del país, tanto en las grandes ciudades como en las zonas más alejadas. Su principal característica es que nacen desvinculados de las organizaciones políticas y sociales reconocidas, con un funcionamiento que parecía ser autónomo, reclamando por fuentes de trabajo y asistencia para suplir la pérdida de ingresos.
Santiago del Estero y Neuquén. Como punto de partida en la aparición de este nuevo actor social se toma el levantamiento que se produjo en Santiago del Estero, conocido como Santiagazo o Santiagueñazo, en 1993, con acciones callejeras, ocupación de edificios y bloqueos en el tránsito. Le siguieron al menos 76 movilizaciones hasta diciembre de 1999, entre ellas la protagonizada por los pobladores de Cutral Co y Plaza Huincul, en Neuquén, una de las más destacadas en el origen del movimiento piquetero.
Esta última pueblada, en la provincia de Neuquén en 1996, se suscita como protesta por los despidos de trabajadores de YPF, donde la casi totalidad de la población dependía de esa actividad para sus ingresos, afectando a las familias y a otros sectores sociales de esas localidades.
Estas protestas tuvieron lugar entre 1996 y 1997 y los despidos estuvieron directamente relacionados con la privatización de YPF (al igual que sucedió con muchas otras empresas estatales durante el primer mandato de Menem). Antes de ser privatizadas, el gobierno dispuso despedir gran cantidad de empleados de YPF y Gas del Estado. En Cutral Co, YPF despidió a 3.600 de los 4.200 empleados que tenía. Si bien con las indemnizaciones recibidas instalaron pequeños comercios o servicios de transporte locales, o tercerizaron servicios para las nuevas empresas privadas, el alto desempleo y la disminución drástica de la actividad económica en ambas ciudades llevaron a la quiebra masiva de esos microemprendimientos.
Los manifestantes expresaron su rechazo con cortes en la RN 22, impidiendo la circulación de camiones y logrando finalmente la renuncia del gerente que había ordenado la reducción de personal. Los piquetes neuquinos se realizaron en las rutas, cortando la circulación y convocando no solo a los trabajadores desocupados, sino a sus familias y manifestantes que se sumaban a protestas que escalaban en intensidad, con la intervención de fuerzas policiales y de la Gendarmería. En uno de estos episodios, el 12 de abril de 1997, fue asesinada Teresa Rodríguez, una empleada doméstica de 24 años.
Extensión al resto del país. Otras localidades neuquinas adoptaron la metodología, que pronto se extendió por el resto del país. En 1997 fueron los desempleados del Gran Buenos Aires, en especial de los partidos más afectados, Florencio Varela y La Matanza, donde se realizaron 23 cortes de ruta, que se sumaron a otros 54 en el resto del país. Simultáneamente, los movimientos locales comenzaron a adquirir características organizativas propias, dando lugar a los primeros Movimientos de Trabajadores Desocupados. Así surge el MTD Teresa Rodríguez, en homenaje a la trabajadora asesinada en Cutral-Co, el MTD Aníbal Verón, en homenaje al trabajador del transporte muerto por la policía en un corte de ruta en Salta el 10 de noviembre de 2000, el MTD General San Martín, en el Chaco, y otros movimientos que simplemente llevaron el nombre de Aníbal Verón como símbolo de un país en crisis y una sociedad que se resquebrajaba en los comienzos del nuevo siglo. El nombre de Teresa Rodríguez en uno de los movimientos es un ejemplo de la importancia que adquirieron las mujeres con la evolución del movimiento piquetero, luego derivado en movimientos sociales.
Con su rol en la toma de la fábrica “desde afuera”, en un principio, las mujeres salieron a la calle, pero solo para replicar el trabajo que ya realizaban dentro de sus hogares como amas de casa, que estaba orientado a lo doméstico. Si bien en un principio el cambio de su condición no fue sustantivo, resultó también un motivo para salir a las calles y adquirir visibilidad como sujetos políticos de lucha y de derechos. Las mujeres piqueteras se organizaron y pusieron en funcionamiento comedores, para poder alimentar a sus hijos, organizan trueques, comedores comunitarios, jardines de infantes y huertas comunitarias.
Después de 2001. Durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, los movimientos sociales se vieron atendidos en sus reclamos, y si bien disminuyeron la cantidad de protestas e incorporaron beneficios, como las Asignación Universal por Hijo (AUH), su presencia en las calles se mantuvo y tomó un nuevo espacio de visibilidad: el edificio del Ministerio de Desarrollo Social y la avenida 9 de Julio, epicentro de los “acampes piqueteros” y las marchas sobre el centro de la Ciudad de columnas provenientes del conurbano bonaerense. En 2011 se creó la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), y en 2015, antes del cambio de gobierno, se le concedió la “personería social”.
El gobierno de Mauricio Macri buscó mantener la interlocución para apaciguar posibles focos de protesta por el incremento de la pobreza y la falta de reactivación económica. Sus primeras acciones estuvieron orientadas a mantener las políticas de asistencia, la AUH y los programas sociales, pero resultaron insuficientes. En 2016, en conjunto con una amplia gama de organizaciones, sumadas la CGT y las CTA, lograron proponer con éxito la Ley de Emergencia Social, que los reconoce como trabajadores de la economía popular, con derecho al salario social complementario. Aprobada por el Congreso, comprometió al gobierno a gastar 30 mil millones de pesos en políticas de asistencia social y crear 1 millón de puestos de trabajo en un lapso de tres años, algo que no se cumplió.
El cambio de gobierno en 2019, con el regreso del kirchnerismo al poder, encontró a las organizaciones piqueteras aplacadas por un reconocimiento oficial de su espacio y cobijo en los ámbitos del Estado. La CTEP, rebautizada UTEP, por un lado; Barrios de Pie, por el otro, con un ala combativa, con su expresión política en la agrupación Libres del Sur; el Movimiento Evita, con Fernando “Chino” Navarro y Emilio Pérsico, dentro del Frente de Todos, con espacios gravitantes dentro del gobierno.
En este conglomerado de organizaciones se incluyen también agrupamientos independientes como el Movimiento de Jubilados y Desocupados encabezado por Raúl Castells y otros con adscripción político-partidaria, como el Polo Obrero. Poco a poco, estos movimientos sociales expresivos de la prolongada crisis socioeconómica y sus remiendos tuvieron con qué disputar su lugar, contando con una estructura organizativa que contiene el descontento social y lo transforma en acción colectiva de protesta, reclamo, negociación y, al mismo tiempo, recepción y distribución de recursos del Estado y programas de asistencia social, convirtiéndose así en un factor de poder, compartiendo –y disputando– espacios con el sindicalismo tradicional.
Los trabajadores de la “economía popular”
En sus primeras etapas, los movimientos sociales derivados de los piqueteros se organizaban de forma autónoma y asamblearia. Algunos de sus dirigentes se encuadraban con el Polo Obrero y otros se mantenían independientes de los partidos tradicionales y se relacionaban y afianzaban con otras corrientes, como el Movimiento Evita, Barrios de Pie, el Frente Popular Darío Santillán, la Corriente Clasista y Combativa y la CTEP, orientada por Juan Grabois. Una de las características principales era su baja afiliación a sindicatos. Si bien muchos eran trabajadores asalariados, no se encontraban encuadrados bajo ningún registro con personería gremial. Juan Carlos Torre, en De la movilización de los desocupados a la formación de un nuevo actor, sostiene que dentro de este universo los desocupados plenos son una gran minoría ya que “todo el mundo trabaja, nadie se mantiene con subsidios públicos”, los cuales vendrían a oficiar como un complemento, necesario, a aquellos ingresos laborales que resultan insuficientes. Es por esto por lo que el foco del problema no está precisamente en la ausencia o falta de trabajo, sino en los altos niveles de empleo en negro y la consecuente ausencia de derechos y beneficios sociales. Es en este punto donde la CTEP toma la posta buscando agrupar a este enorme sector de excluidos de los sindicatos, reivindicando una legislación que reconozca a estos movimientos sociales para que puedan tener paritarias y mayor poder de negociación. Su interlocución con los distintos gobiernos, focalizada en el Ministerio de Desarrollo Social, fue generando una relación más cercana con el Estado e inclusiva como parte de él, con referentes propios designados como funcionarios. La reciente creación del Registro de Asociaciones de Trabajadores de la Economía Popular y de Subsistencia Básica (Ratepsb) abre la puerta a la protección jurídica encuadrada en una personería de carácter social con un marco jurídico, dándoles un ámbito de legalidad a las peticiones e iniciativas de estas organizaciones.
*Periodistas e historiadores. Colaboró: Vittorio Hugo Pettri.
