La cuestión clave sobre la terminal de exportación de energía de Irán en la isla de Jark no es si Estados Unidos puede tomarla o inutilizarla. Por supuesto que puede. El verdadero problema es qué ocurrirá después, cuando la lógica condicional que Estados Unidos ha aplicado a sus alianzas empiece a condicionar a su vez el comportamiento de sus aliados. Cuando ya no se puede dar por sentado el comportamiento de los socios, el poder estadounidense se vuelve más limitado. La variable clave ya no es lo que EE. UU. puede hacer, sino qué costes están dispuestos a soportar los demás. La primacía estadounidense se basaba en un trato sencillo: pagar más, decidir más y los aliados le siguen. Ese pacto se ha roto.
Este es el problema al que se enfrenta ahora la administración del presidente Donald Trump. La isla de Jark parece el tipo de objetivo que el ejército más fuerte del mundo debería ser capaz de convertir en una palanca de presión con relativa facilidad. Pero pronto surgirían difíciles contrapartidas. Capturarla y mantenerla impondría una carga sostenida que se esperaría que los aliados ayudaran a soportar, mientras que destruirla supondría un golpe más agudo y de mayor escalada, cuyos costes serían inmediatos, estarían distribuidos de forma desigual y se concentrarían entre los socios más vulnerables a los choques energéticos. Ambas opciones dependen de la participación de los aliados de distintas formas, y ninguna puede darse por sentada.
Obviamente, cualquier perturbación grave repercutiría en los mercados energéticos mundiales, reduciendo la oferta, elevando los precios y aumentando los riesgos de transporte y seguros. Pero gran parte de esa sensibilidad refleja la vulnerabilidad del estrecho de Ormuz, un cuello de botella para una parte significativa de los flujos mundiales de petróleo, donde incluso una perturbación limitada puede afectar a las expectativas de suministro mucho más allá de cualquier instalación individual.
La isla de Jark, por el contrario, gestiona aproximadamente el 90% de las exportaciones de petróleo de Irán (más de un millón de barriles diarios), concentrando una parte significativa del suministro en un único punto expuesto. Esa concentración hace que la isla sea inmediatamente visible para los mercados, que ya han respondido al riesgo de escalada a pesar de que las exportaciones continúan. Las primas por riesgo de guerra están aumentando para los petroleros que transitan por el Golfo, elevando el coste del tránsito incluso sin daños físicos sostenidos. Las aseguradoras están restringiendo o retirando la cobertura, y algunos envíos se están retrasando o desviando, lo que reduce la oferta efectiva en el margen y añade una presión al alza sobre los precios incluso antes de cualquier pérdida de suministro sostenida.
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En caso de interrupción en la isla de Jark, estos efectos no se limitarían a Irán. Se sentirían con agudeza en las economías que dependen de la energía importada, la mayoría de las cuales ya están luchando por gestionar la inflación y el bajo crecimiento, con un margen político limitado para absorber nuevos choques. Datos recientes sobre petroleros muestran la rapidez con que estas presiones se fragmentan: las tarifas se dividieron bruscamente en las rutas aliadas a principios de marzo, revelando una asimetría fundamental en la forma en que se transmite el impacto. Para los gobiernos de Europa y de toda Asia, el aumento de los costes energéticos se traduce directamente en presión interna, ya que afecta a la competitividad industrial, los presupuestos domésticos y la estabilidad política.
En periodos anteriores, esos costes podrían haberse absorbido voluntariamente dentro de la red de alianzas de Estados Unidos. Aunque no se habrían distribuido equitativamente, se habrían aceptado como parte de un esfuerzo estratégico compartido. Ya no es así. Lo que ha cambiado no es simplemente la distribución de los costes, sino las expectativas sobre quién los soportará y la incertidumbre sobre si se compartirán en absoluto.
Desde hace años, Estados Unidos trata las alianzas menos como compromisos duraderos que como acuerdos que deben cuestionarse y renegociarse públicamente. Se han producido repetidas disputas sobre el reparto de cargas en el seno de la OTAN, y funcionarios estadounidenses han cuestionado abiertamente el Artículo 5 (compromisos de defensa mutua) y desprestigiado públicamente a gobiernos aliados. Como consecuencia, las garantías de seguridad se han convertido en compromisos contingentes.
Este cambio ha llevado a los aliados a cubrir sus apuestas no alineándose automáticamente con Estados Unidos durante las crisis. El efecto acumulativo ha sido un cambio en la forma en que los aliados piensan sobre en qué pueden confiar en situaciones críticas. Los acuerdos que antes se organizaban en torno a compromisos permanentes están adoptando cada vez más la forma de coaliciones coyunturales. Aunque la autonomía selectiva de los aliados de EE. UU. puede funcionar en algunos casos, si se convierte en la norma, la coordinación se astillará, produciendo respuestas desiguales de una crisis a otra.
Eso es lo que estamos viendo ahora. El cambio hacia una mayor condicionalidad está configurando la respuesta de todos los gobiernos a los acontecimientos geopolíticos, y algunos aliados de EE. UU. ya están limitando su implicación a medida que aumentan los riesgos de escalada. Al reducir su exposición, debilitan la expectativa de una acción aliada coordinada.
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Al concentrar tanto los beneficios potenciales como los costes de la acción, la isla de Jark pone de relieve esta dinámica. Tomarla aumentaría la presión sobre Irán, pero también redistribuiría la tensión en toda la coalición necesaria para sostener esa presión. La misma medida que genera influencia introduce riesgos, y ese riesgo se distribuye entre los socios que deben soportarlo.
En términos más generales, pasar de un sistema de alineación asumida a uno que debe negociarse eleva el coste político de la acción colectiva y debilita su efecto estratégico. Las alianzas condicionales no acabarán con toda la cooperación, pero hacen que sea más difícil traducir la alineación en poder de forma predecible.
Por eso la isla de Jark —la "isla prohibida"— es importante. No lo es porque esté fuera del alcance de Estados Unidos, sino porque está tentando a este país a seguir un curso de acción cuyas consecuencias otros quizá no estén dispuestos a asumir. El ejército estadounidense puede apoderarse de la isla, pero no puede obligar a los demás a participar en cualquier resultado que se derive de ello. El antiguo mensaje era claro: contribuir más o la garantía de seguridad se debilita. El nuevo es igual de contundente: sin acuerdo sobre la misión, el apoyo aliado se debilita.
(*) Carla Norrlöf es profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Toronto.
