La economía cubana se enfrenta a una crisis más aguda que la experimentada a principios de la década de 1990 tras el colapso de la Unión Soviética. En el espacio de apenas unas semanas, su suministro de energía externa y sus principales fuentes de ingresos en divisas han sido cortados.
La captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de la administración Trump en enero privó a Cuba de las inyecciones de efectivo y energía que habían sostenido su economía durante los últimos 20 años. El modelo económico de Cuba había sido un sistema de trueque: exportaba servicios médicos, militares y de inteligencia a cambio de petróleo. Sin embargo, ahora el golpe asestado por la pérdida del apoyo de Venezuela se ha visto agravado por un bloqueo estadounidense a los envíos de petróleo de otros proveedores como México y Rusia.
El impacto ha sido devastador. La economía cubana está empezando a detenerse por completo. El movimiento de bienes y personas se ha reducido al mínimo, y las cadenas de suministro e industrias de toda la economía ya no funcionan con regularidad. No solo las exportaciones de servicios turísticos (la mayor fuente de ingresos del país) están en caída libre, sino que la crisis del combustible también ha obligado a la empresa canadiense Sherritt a suspender parte de sus operaciones, interrumpiendo las exportaciones de níquel.
Estos acontecimientos están golpeando a una economía que ya era extremadamente frágil. Las condiciones se han deteriorado desde mediados de la década de 2010, cuando una caída en los precios del petróleo afectó a Cuba indirectamente a través de su conexión con Venezuela. Entre 2016 y 2019, las exportaciones cubanas cayeron un 22%, y la balanza comercial se redujo a un tercio de su nivel anterior. Con la agricultura y la manufactura registrando ya tasas de crecimiento negativas, el país comenzó a entrar en impago de su deuda externa en 2019.
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Pese a estas tendencias, el gobierno cubano se resistió a emprender reformas estructurales significativas, más allá de una modesta relajación de las restricciones para las pequeñas empresas privadas. Luego vinieron otros choques que empeoraron la situación. Tras cierta relajación de las sanciones durante la presidencia de Barack Obama, la primera administración Trump volvió a apretar el nudo, y la pandemia de COVID-19 aplastó la industria del turismo.
En 2021, el gobierno cubano intentó implementar una reforma monetaria pero solo logró causar graves desequilibrios macroeconómicos. El déficit fiscal se disparó de un promedio del 3,1% del PIB entre 2010 y 2015 al 7,7% entre 2016 y 2019. Alcanzó el 17,7% del PIB en 2020, antes de retroceder al 11,5% en 2023. Dado que estos déficits se financiaron en gran medida mediante emisiones monetarias ("impresión de dinero"), la economía entró en una espiral de inflación de tres dígitos, una moneda fuertemente depreciada y una creciente dolarización en el sector informal.
Como si estas ineficiencias y disfunciones de la economía centralizada no fueran suficientemente malas, un conglomerado empresarial bajo el mando de los militares, el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), sigue controlando cerca del 40% del PIB del país. Monopoliza las industrias más rentables, ejerce el control sobre las reservas internacionales y opera sin transparencia ni rendición de cuentas ante las instituciones civiles. De hecho, fue diseñado para evadir sanciones y, al mismo tiempo, otorgar un poder financiero extraordinario a la élite militar a través de diversos mecanismos de búsqueda de rentas.
Uno de los efectos negativos más visibles de GAESA ha sido su captura de una cuota desproporcionada de la inversión nacional para la construcción de hoteles, lo cual se ha hecho a expensas de la agricultura, la infraestructura básica y el sistema eléctrico. Con estos sectores críticos sistemáticamente descapitalizados, Cuba enfrenta ahora apagones de más de 20 horas y una creciente dependencia de los alimentos importados.
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El coste de esta crisis ha recaído en gran medida sobre los pensionistas, los empleados estatales y los hogares que dependen de ingresos fijos en pesos. Gran parte del ajuste se ha producido a través de un impuesto inflacionario que ha agravado la pobreza y la desigualdad, con efectos particularmente graves en la creciente proporción de personas mayores en Cuba. El problema se ha visto agravado por una emigración masiva, especialmente de jóvenes, cuyo éxodo ha reducido la fuerza laboral, fragmentado las familias y debilitado aún más los cimientos productivos del país.
Hoy, Cuba se acerca a una crisis humanitaria. La escasez de energía está afectando al transporte, al acceso al agua potable, a la recogida de basura y a la producción, distribución y conservación de alimentos. El sistema de salud ya ha colapsado de facto. Los médicos y los pacientes no pueden llegar a las instalaciones médicas; las medicinas no están disponibles; y no hay suficientes suministros médicos ni siquiera productos de higiene básicos para las salas de los hospitales. Miles de cirugías han tenido que ser canceladas, y los pacientes con cáncer o enfermedades crónicas no pueden recibir el tratamiento que necesitan.
Los cubanos señalan cada vez más su desesperación y frustración ante las crecientes dificultades. El descontento público generalizado, expresado en protestas crecientes, podría ser un factor de cambio para el sistema político cubano, que no tolera la disidencia. En el pasado, el régimen ha respondido con represión policial y el encarcelamiento de líderes y participantes de las protestas. Si la crisis continúa empeorando, el malestar social podría convertirse en una fuente adicional de inestabilidad y un riesgo creciente para la gobernabilidad de Cuba.
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Aunque ha habido asistencia humanitaria y una creciente preocupación internacional por las nefastas condiciones que prevalecen en la isla, ningún país parece estar dispuesto a asumir el coste geopolítico y financiero de rescatar la economía cubana. Para complicar más las cosas, cualquier intento de mitigar la crisis requerirá negociaciones con la administración Trump.
Si bien ha habido informes de conversaciones entre funcionarios cubanos y estadounidenses, sigue sin estar claro qué se está negociando o qué tan cerca o lejos están las dos partes. La administración Trump parece buscar una mayor libertad económica en Cuba, así como un cambio de liderazgo político. La pregunta ahora es cómo responderán las élites de Cuba ante una combinación sin precedentes de presión externa e interna.
(*) Pavel Vidal, execonomista del Banco Central de Cuba y del Centro de Estudios de la Economía Cubana (CEEC) de la Universidad de La Habana, es actualmente profesor de economía en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Colombia.
