Desde hace unos meses, dirigentes de Cambiemos se han dado a criticar la política de defensa, dicen defender cuarteles en peligro y exigen partidas presupuestarias para el funcionamiento de las Fuerzas Armadas. Llamativo resulta que quienes critican falta de partidas hayan rechazado el presupuesto que las contemplaba, y que lloran ahora lágrimas de cocodrilo por las Fuerzas Armadas pero las relegaron, desfinanciaron y desatendieron cuando fueron parte de su conducción y gobierno.
Personal. El gobierno nacional del Frente de Todos –según se comprometió en la campaña y lo escribió en su plataforma electoral– ha corregido una distorsión de larga data en el salario militar. Generada en los años 90, un alto porcentaje de los ingresos tenía carácter no remunerativo, con lo que el personal sufría una merma importante en su haber al pasar a retiro. La persistencia de esa situación desfinanciaba la obra social (Iosfa) y el instituto de pensiones (IAF), y generó una importante masa de juicios contra el Estado que, por otra parte, complicaba la gestión para las Fuerzas Armadas por cuanto generaba embargos a las cuentas de su administración. Por decisión del presidente Fernández, esto fue corregido el 1° de octubre de 2020.
Esa separación, además de no tener una razón fundada, excluía al personal militar de que el aumento impactara en el medio aguinaldo de junio, lo que también fue corregido por este gobierno. En el último presupuesto aprobado por el Congreso, el de 2021, el Gobierno contempló partidas de $ 45 mil millones para afrontar aquellos juicios por salarios.
Esas decisiones, además de beneficiar al personal militar en forma mensual y directa, contribuyen a mejorar la economía del IAF y de Iosfa.
Cabe recordar la comprometida situación en que dejaron la obra social en diciembre de 2019, con una deuda de $ 2 mil millones, déficit mensual de $ 400 millones, prestaciones cortadas, alquileres innecesarios y pagos a sanatorios privados más altos que a la sanidad militar por las mismas prestaciones, combinación que parecía encaminarla a su futura privatización, conducida por un gerente de una empresa prepaga de salud.
Durante la gestión de Cambiemos, por otra parte, el IAF sufrió una quita de diez puntos en el aporte estatal a su economía, situación que fue corregida por el gobierno actual.
En lo referido al reconocimiento a Veteranos de la Guerra de Malvinas, suman más de $ 326 millones lo pagado en el marco de la Ley 19.101. En cuanto a beneficios de pensiones según Ley 24.310, en 2019 se otorgaron 197, por $ 778 millones; en 2020 412, por $ 1.442 millones; en 2021 1.943, por $ 4.563 millones; y en lo que va de 2022 571, por $ 3.374 millones. Y en lo que hace a la Ley 22.674, en 2019 fue 0, en 2020 22 por $ 10 millones, en 2021 8 por $ 4 millones y en 2022 974 por $ 1.351 millones. A esto se suma la reciente inauguración del Centro de Atención de la Coordinación de Veteranos.
Ya antes de la supresión del servicio militar obligatorio, desde finales de los años 80 y por razones presupuestarias, la cantidad de soldados ha sido igual o menor a la de suboficiales (en el año 2019, para el Ejército, 6.500 oficiales, 19 mil suboficiales, 18 mil soldados). Anualmente hay unas 7 mil altas que compensan las bajas, por cumplir los 28 años y por otros motivos. Durante la gestión de Jorge Taiana al frente del Ministerio de Defensa, se puso en marcha un plan para completar la estructura de soldados voluntarios y llevarla, para el caso del Ejército, a 30 mil. En lo que va de este año –en septiembre de 2022– y para el caso del Ejército, el número de soldados ya se ubica por encima de 26 mil. El mayor en más de treinta años.
Equipamiento. En cuanto a los incisos vinculados al equipamiento, resulta evidente lo positivo de la ley del Fondo Nacional de la Defensa. Presentada por Agustín Rossi en noviembre de 2019, enriquecida con cláusulas de transparencia por diputados de la UCR, fue votada por los partidos mayoritarios en Diputados antes del cambio de gobierno. Mientras que en el Senado se aprobó –sin el voto de Cambiemos, que sin embargo se queja–.
La ley contempla la asignación de una partida específica para equipamiento militar, solo destinada a recuperar, modernizar y adquirir bienes de uso. Las adquisiciones deben hacerse dentro de lo aprobado por el planeamiento militar, priorizando la industria y la tecnología nacional, y en caso de adquisiciones al extranjero, detallando el plan de transferencia de tecnología por parte del vendedor. La partida específica es un porcentaje de la recaudación total estimada en el Presupuesto Nacional, del 0,35% en 2020; 0,5% en 2021; 0,65% en 2022, y 0,8% en adelante.
La ley no solo se promulgó sino que, a pesar de que el Presupuesto 2020 estaba ya en el trámite final de su ejecución, y el Presupuesto 2021 estaba ya enviado al Congreso, el Ejecutivo dispuso la readecuación de partidas para poder implementarlo. Se ejecutó en un 96%, y el porcentaje restante se difirió al año siguiente, según permite la propia ley, con hasta un 10%.
Para el año 2021 fueron $ 34 mil millones. El Ejecutivo, en el Presupuesto para 2022 enviado al Congreso, volvió a disponer las partidas correspondientes en cumplimiento de la ley. El 0,65% de la recaudación se correspondía con $ 72 mil millones. Ese Presupuesto fue rechazado por la oposición, que hoy se queja, con lo que el porcentaje se corresponde a la recaudación de 2021, con una merma de unos $ 15 mil millones.
Fieles a su costumbre de gritar por un lado, como los teros, mientras esconden sus niditos por el otro, Cambiemos canceló en 2016 el contrato por el cual INVAP y Fuerza Aérea desarrollaron el plan nacional de radarización. Ese plan, estratégico para la vigilancia de nuestros espacios soberanos, que se ha desarrollado con ciencia, tecnología, industria y trabajo argentinos, fue retomado en 2020 por el gobierno del Frente de Todos, y este año finalizará con nuevos radares primarios instalados en Mercedes, Tostado, Santiago del Estero y Río Grande.
La fábrica de aviones Fadea ha retomado la producción del Pampa III y el desarrollo del avión de entrenamiento básico IA100 Malvina; Tandanor exhibe un nivel de actividad inédito en décadas, con proyectos estratégicos como la construcción de un buque polar; se ha retomado el proyecto –congelado en 2016– de modernización del tanque TAM; y se volvió a poner en marcha otro proyecto cancelado por Cambiemos: el de vehículos no tripulados.
En 2022 se comenzó la construcción de la nueva base naval en Ushuaia, y se avanzó en la reconstrucción de la base antártica de Petrel, que ha vuelto a ser una base permanente ya en esta campaña de invierno. La falta de muelle fue cubierta con la muy rápida construcción por parte de Tandanor de un pontón móvil autopropulsado, que posibilitó descargar maquinarias y equipos de ingenieros para la ejecución de las obras y la remoción de escombros y basura antártica acumulada.
Funcionamiento. El rechazo opositor en el Congreso del Presupuesto Nacional también significó un impacto negativo en los $ 19 mil millones contemplados para funcionamiento, casi duplicando las partidas del año anterior. Es claro que si se incrementan el personal y el equipamiento, han de aumentarse las partidas para el funcionamiento, las horas de vuelo, de navegación y de instrucción. Lo contradictorio es votar en contra y quejarse.
Y no está de más que recordemos que en 2019 las horas de navegación contempladas para la Armada por la gestión de Cambiemos fueron... 0, ¡ninguna!; y que en 2018 y 2019, bajo su gobierno, efectivamente se redujeron las guardias por tener partidas insuficientes para sostener a los efectivos en los cuarteles, y licenciaron tropas.
El mismo día que algunos dirigentes de Cambiemos denuncian falsos ajustes, otros de sus dirigentes, como Carlos Melconian, reclaman por los diarios “más ajuste del Gobierno: tiene que tomar el toro por las astas y resolverlo”.
Contraste notable entre lo dicho y lo escrito, entre lo legislado y lo actuado. Mejor que criticar es hacer y, sobre todo, dejar hacer.
*Licenciado en Ciencia Política.
