El sistema educativo argentino atraviesa una de las crisis más profundas de su historia. Lo que hoy se reclama en universidades, escuelas y hogares no es una cifra técnica ni una simple partida presupuestaria, sino la vigencia de la educación como derecho humano fundamental. Detrás de cada decisión sobre cómo el Estado distribuye sus recursos se define quién accede a la educación, qué formación recibe y en qué condiciones la transita.
El retroceso es evidente. El desfinanciamiento sostenido y los recortes presupuestarios de los últimos años impactan de lleno en todo el sistema. Un hito especialmente alarmante es el proyecto de Presupuesto 2026, que propone suspender el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional (26.206), que fija una inversión mínima del 6% del PBI. Al eliminar ese piso legal, el Estado nacional renuncia a su papel de garante. A esto se suma la desfinanciación de la Ley de Educación Técnico Profesional (26.058), un fondo clave para el equipamiento de talleres y la actualización tecnológica de la educación secundaria y superior no universitaria. Según el informe de cumplimiento de metas educativas de Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE-2025), en 2024 la inversión educativa cayó al 4% del PBI, el valor más bajo de los últimos veinte años: un 0,75% aportado por la Nación y un 3,25% por las provincias.
La situación de las universidades nacionales y del sistema científico también es crítica. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) declaró en marzo la emergencia salarial y presupuestaria. Según ese organismo, las transferencias a universidades nacionales acumulan una caída real del 45,6% entre 2023 y 2026. A esto se suma el recorte de las Becas Progresar, fundamentales para acompañar las trayectorias estudiantiles: su presupuesto cayó un 82% en términos nominales entre 2025 y 2026 y el gasto real quedó un 95% por debajo de 2023. El debilitamiento de programas de apoyo a los estudios superiores agrava aún más la situación estudiantil, mientras que el campo científico ve comprometido su presente y su futuro por el congelamiento de la investigación, el deterioro del equipamiento y la falta de inversión en infraestructura.
La calidad educativa no puede sostenerse sobre la precariedad de quienes enseñan. Los salarios docentes se deterioran de manera alarmante. La Ctera advierte que discutir las condiciones de trabajo, incluido el salario, es indispensable para pensar una educación de calidad. Los ingresos reales docentes cayeron cerca de un 32% y se ubican entre los más bajos de los últimos treinta años. Con un salario mínimo docente congelado en $ 500 mil frente a una canasta básica cercana a $ 1.500.000, la pregunta es cuántos cargos o turnos debe asumir un docente para sostener su hogar, y en qué condiciones físicas y mentales puede garantizar la enseñanza. En el ámbito universitario, la situación también es grave: más del 85% de sus docentes está por debajo de la línea de pobreza.
Hablar de financiamiento es hablar de la fuente de los recursos y del tipo de sociedad que se quiere construir. El vínculo entre financiamiento y justicia social es esencial: en una democracia, quienes más tienen deben contribuir proporcionalmente para que nadie quede afuera. La justicia social se vuelve concreta cuando el Estado garantiza que el código postal no determine el destino educativo de un estudiante.
Un ejemplo de ese principio fue el Aporte Solidario y Extraordinario (Ley 27.605). Según datos de la AFIP, el 20% de ese tributo a las grandes fortunas se destinó a educación y permitió sostener políticas como las Becas Progresar, que llegaron a más de un millón de jóvenes. En sentido contrario, la eliminación del Fonid y el recorte de transferencias nacionales en 2024 –que, según CADE, obligó a 21 de las 24 provincias a reducir su gasto educativo real– quebraron ese principio básico de solidaridad.
Aun en este contexto hay esperanza en los equipos docentes que siguen construyendo aprendizajes significativos en condiciones adversas. Pero el esfuerzo individual no alcanza: sin equipamiento, infraestructura y políticas sostenidas no hay garantía efectiva del derecho a la educación.
Lo que está en juego no es una línea del presupuesto, sino la educación como piso común de un pacto social. Cuando el Estado retira financiamiento, decide a quién cuida y a quién abandona. Permitir que ese piso se degrade significa consolidar desigualdades y excluir, sobre todo, a quienes menos recursos tienen para resistir. Invertir en educación es apostar por el desarrollo de cada persona, de cada comunidad y del país.
*CePaDeHu
**Univ. Córdoba/CADE.
*** Fundación SES /CADE
