Durante décadas, la conversación pública argentina encontró un responsable cómodo para buena parte de nuestros fracasos: el
empresario.
Fue acusado de explotar al trabajador, obtener rentabilidades excesivas y especular en detrimento del bien común. Bajo esa presunción se construyeron regulaciones laborales y se consolidó una litigiosidad que terminó generando una verdadera industria alrededor del juicio laboral. Hoy el argumento parece haber cambiado, pero el acusado sigue siendo el mismo. Ahora el empresario argentino es caro, ineficiente, poco competitivo e incapaz de adaptarse.
Resulta, cuanto menos, llamativo. Cambian los gobiernos, cambian radicalmente las ideas económicas y cambian las reglas de juego. Pero el culpable, discursivamente, parece ser siempre el mismo. Entonces vale hacerse una pregunta: ¿quién es realmente el
ineficiente?
La Argentina necesita apertura, competencia, desregulación y empresas mucho más productivas. Sobre eso debería existir poco margen para la discusión. Pero ninguna estructura productiva puede transformarse 180 grados en apenas dos años sin pagar costos.
Adaptarse requiere capital, crédito, tecnología, infraestructura, capacitación y tiempo. Exigir esa transformación sin generar las condiciones necesarias y luego calificar de ineficiente a quien no logra sobrevivir no es una política de desarrollo. Es, simplemente, una
selección por supervivencia.
Al mismo tiempo, existe bastante claridad respecto de cuáles serán los grandes sectores ganadores de la nueva economía argentina: energía, minería, agroindustria y aquellas actividades en las que el país posee ventajas comparativas evidentes.
Y es una excelente noticia que crezcan. El problema no es que ellos ganen. La verdadera pregunta es otra: ¿cómo hacemos para que ese crecimiento incluya al resto? Ahí las respuestas son bastante menos claras.
¿Cuánto derrame? La explicación más frecuente es que esos sectores generarán un “derrame” sobre el resto de la economía. Pero sabemos poco acerca de cuánto, cuándo, dónde y de qué manera se producirá. ¿Cuántas PyMEs nuevas generarán esas inversiones? ¿Cuántos empleos? ¿En qué provincias? ¿Qué cadenas de proveedores nacionales se desarrollarán a su alrededor? ¿Dónde viven hoy los trabajadores que necesitarán esas actividades? ¿Deberán trasladarse? ¿Las ciudades y regiones que recibirán las inversiones cuentan con infraestructura, viviendas, servicios, educación y capacitación suficientes para absorber ese crecimiento?
No son detalles. Son preguntas centrales para cualquier estrategia de desarrollo.
Porque crecimiento y desarrollo no son necesariamente lo mismo. Un país puede aumentar sus exportaciones, acumular dólares y mejorar sus cuentas macroeconómicas mientras, simultáneamente, pierde empresas, empleos y densidad productiva.
Existe además otro problema: para transformarse hay que invertir y, para invertir, se necesita crédito. Sin embargo, el propio sistema financiero presenta una asimetría que merece ser discutida.
Según las normas de Capitales Mínimos del Banco Central, determinadas exposiciones a MiPyMEs tienen un ponderador de riesgo
del 85 %. Con la garantía de una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR), ese porcentaje puede reducirse al 50 %.
En cambio, determinadas exposiciones al Gobierno Nacional, las provincias y los municipios en pesos pueden tener un ponderador del 0
%. Dicho de otra manera: desde el punto de vista regulatorio, puede resultar menos costoso para un banco financiar al Estado que
prestar a una PyME que produce, invierte y genera empleo, incluso cuando cuenta con una SGR.
Entonces cabe otra pregunta: ¿estamos generando los incentivos correctos?
La cuestión resulta todavía más relevante cuando la propia Carta Orgánica del Banco Central incluye entre sus finalidades promover el
empleo y el desarrollo económico. Las dificultades ya se reflejan en la capacidad de pago. En abril de 2026, el Banco Central informó una mora del 12,1 % en las familias y del 3,3 % en las empresas. Estimaciones posteriores realizadas sobre datos de la Central de Deudores ubicaron esos niveles en junio en torno al 12,7 % y al 3,5 %, respectivamente.
Cuando familias y empresas comienzan simultáneamente a tener problemas para cumplir con sus obligaciones, quizás la explicación sea
algo más profunda que una supuesta incapacidad individual para administrar.
Existe otro dato que debería encender una señal de alarma. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado sobre datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, contabilizó 28.262 empleadores registrados menos entre noviembre de 2023 y abril de 2026, junto con más de 341.000 puestos de trabajo registrados menos en unidades productivas.
Una empresa que desaparece no es solamente un CUIT menos. Se pierden conocimiento, experiencia, trabajadores capacitados,
proveedores, clientes, relaciones comerciales y capital construido durante años.
Lo mismo ocurre con el empleo formal. Un trabajador que queda afuera del sistema productivo no necesariamente vuelve a ingresar
rápidamente. Cuanto más tiempo permanece afuera, más difícil resulta su reinserción.
Estamos hablando de capital productivo y humano que la Argentina no debería darse el lujo de perder.
Defender el entramado productivo argentino no significa cerrar la economía, sostener privilegios ni subsidiar indefinidamente empresas
inviables.
Las empresas argentinas necesitan competir. Necesitan incorporar tecnología e inteligencia artificial, automatizar procesos, profesionalizar su gestión, invertir y aumentar su productividad. Pero hay una diferencia enorme entre competir y simplemente
sobrevivir.
Competir sin herramientas no necesariamente selecciona a los mejores. Muchas veces selecciona a quienes tienen mayor espalda
financiera para resistir.
El ordenamiento macroeconómico, la baja de la inflación y la eliminación de regulaciones absurdas son avances necesarios. Sin estabilidad macroeconómica no existe desarrollo posible. Pero la estabilidad es una condición necesaria, no una estrategia de
desarrollo.
Después de ordenar la macro aparece, inevitablemente, la pregunta más importante.
¿Cuál es nuestra estrategia de desarrollo federal? ¿Cómo convertimos el crecimiento de la energía, la minería y el agro en miles de nuevos proveedores nacionales, nuevas PyMEs y empleo privado distribuido a lo largo de todo el territorio?
¿Cómo logramos que una inversión minera genere empresas argentinas alrededor de la minería? ¿Que Vaca Muerta multiplique proveedores industriales? ¿Que el crecimiento agroexportador impulse tecnología, servicios e industria nacional?
Ese debería ser el verdadero desafío de los próximos años.
Porque destruir empresas lleva meses; construir un ecosistema empresarial competitivo lleva generaciones. La Argentina necesita empresas mejores, más modernas, productivas y competitivas. Pero también necesita un Estado capaz de crear las condiciones para que esa transformación sea posible.
Por eso, antes de volver a señalar al empresario argentino por no haberse adaptado lo suficientemente rápido, quizás convendría formular una pregunta bastante más incómoda: ¿Quién es realmente el ineficiente?
