Desde Ginebra, Suiza – En su informe recientemente presentado ante Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, los 3 expertos independientes mandatados para investigar la represión en Nicaragua del gobierno de Rosario Murillo y Daniel Ortega desde 2018, revelan que «el exilio y las violaciones transnacionales de los derechos humanos» se han convertido en el arma privilegiada del gobierno para ejercer la persecución política contra opositores «más allá de sus fronteras». (1)
A tal efecto, el aparato gubernamental «recurre al uso a gran escala de la privación arbitraria de la nacionalidad como herramienta represiva»... quitándole a 452 personas desde el 2023 «su nacionalidad mediante resoluciones judiciales que las declaraban «traidores a la patria», mientras que «otras personas fueron desnacionalizadas sin procedimiento legal alguno», prohibiéndoles «la entrada al país, la renovación de pasaportes, la revocación de títulos académicos y profesionales, la confiscación de bienes y pensiones», mas «la vigilancia, las amenazas y el hostigamiento». (2)
El arsenal represivo incluye el «uso de la violencia física en el extranjero y la instrumentalización de mecanismos internacionales, entre ellos la utilización indebida de notificaciones rojas de INTERPOL, la difusión de alertas falsas sobre documentos de viaje y la manipulación de las normativas de cumplimiento financiero para bloquearles el acceso al sistema bancario», con repercusiones en perjuicio de sus familiares dentro de Nicaragua: detenciones arbitrarias, despidos, confiscaciones, restricciones a la libertad de movimiento por parentesco». (3)
Ortega prepara la sucesión dinástica en Nicaragua
Estas «violaciones transnacionales profundizan un clima de miedo, desprotección, aislamiento y autocensura entre las víctimas». Constituyen «una política estatal para reprimir la disidencia. Se basa en un modelo de gobernanza «escalable» que emplea una estrategia de violaciones de «largo brazo» y debilita los lugares de refugio. El proceso comienza con el desarraigo y la erosión de la identidad legal, y se extiende hacia el colapso económico, el aislamiento social y la vigilancia omnipresente». Busca «disuadir, castigar y silenciar a los nicaragüenses exiliados». (4)
«El efecto de estas medidas es privar a las víctimas de su identidad jurídica, de sus bienes e ingresos, de su libertad de circulación, de su reconocimiento ante la ley, convirtiéndolas en apátridas, en clara contravención de las obligaciones internacionales de Nicaragua bajo la convención de 1961», para «reducir los casos de apatridia», sin acceso a un recurso efectivo al asilo, limitados por la falta de la documentación» que Managua les niega, «comprometiendo la regularización de su estatus migratorio, sin documentación oficial para probar su situación». (5)
Paralelamente y «con frecuencia, las autoridades también han recurrido al castigo de familiares de nicaragüenses en el exilio que viven en el país, incluso niñas y niños, y otras personas asociadas, que han sido objeto de vigilancia , hostigamiento, amenazas, detención arbitraria, confiscación de bienes, así como la prohibición de salir del país... El uso deliberado de la privación de la nacionalidad y la denegación de documentos oficiales, ha impuesto lo que las propias víctimas describen como una «muerte civil»», (6)
Ello «ha generado pavor en la población del exilio y sus parientes, causando sufrimiento y sentimientos de culpa, con efectos graves en la salud mental y emocional» de los menores. El ataque contra los seres queridos mas vulnerables de los opositores ha puesto de manifiesto la disposición del gobierno de utilizar cualquier medio para suprimir la disidencia... Como resultado se desgarran familias, se priva a los menores al derecho a la identidad y la educación, y los familiares en Nicaragua enfrenta represalias, intimidación y aislamiento». (7)
La ONU ha «identificado y documentado la existencia de una compleja red de vigilancia e inteligencia, crucial para que el Estado pueda identificar, ubicar y vigilar a las personas nicaragüenses en el exilio. La Dirección de Información para la Defensa -la agencia de inteligencia- juega un rol central de vigilancia transnacional. Hemos recibido múltiples testimonios de personas que han sido fotografiadas, seguidas, hostigadas, abordadas por desconocidos y amenazada durante su estancia en el extranjero». (8)
También «hemos identificado que el espionaje digital contra personas exiliadas y sus familiares conforma un patrón sostenido de violaciones transnacionales. Asimismo, las personas nicaragüenses que expresan criticas en redes sociales se convierten en objeto de «doxing», son amenazadas y sometidas a campañas de difamación orquestadas por «granjas de troles» y redes «bots». Y existen denuncias de asesinatos y de intentos de asesinatos de nicaragüenses en el exilio, las cuales se encuentran bajo investigación por parte de las autoridades competentes». (9)
«Un caso particularmente visible fue el asesinato del mayor en retiro del Ejército nicaragüense, exiliado en Costa Rica, Roberto Sacan, el pasado 19 de junio. Hace unos días, el Organismo de Investigación judicial de Costa Rica, detuvo a 4 personas. Tres de ellas se encuentran en detención preventiva. El Fiscal General informó que seguía varias líneas de investigación para encontrar a los autores intelectuales del delito». (10)
«La situación en Nicaragua continua agravándose. Los hechos documentados revelan las continuidad de la política estatal descripta previamente ante este Consejo y que combina violencia física y sicológica, persecución política y reconfiguración legal del Estado para aplacar toda disidencia y mantener el control total sobre la población», mediante «detenciones arbitrarias simultaneas, en múltiples departamentos, deteniendo conjuntamente a varios familiares de manera conjunta. Nuestra preocupación por los presos políticos no ha disminuido».(11)
La represión sin fronteras del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua
«La desaparición forzada se ha intensificado. Los períodos en que las personas se encuentran incomunicadas se extienden por días, semanas o meses. Hemos enviado una carta al Gobierno de Nicaragua solicitando información sobre la suerte y el paradero de 13 personas, y lamentamos no haber recibido respuesta hasta el momento. Al tiempo, supimos de «2 muertes en custodia, ambas ocurrieron durante la desaparición forzada de las víctimas». (12)
«Hemos documentado detenciones arbitrarias y arrestos de militares retirados y personas que pertenecieron al círculo histórico de confianza de Daniel Ortega, demostrando que ningún sector está exento de control estatal». El Gobierno continua ensañándose contra instituciones religiosas, con practicas como la censura de homilías, vigilancias de misas, presencia de infiltrados, restricción de procesiones, y confiscación. (13)
«Algunas de estas violaciones, constituyen crímenes de lesa humanidad, incluida la persecución por motivos políticos. Las violaciones transnacionales de los derechos humanos contra nicaragüenses en el exilio seguirán hasta que la comunidad internacional les ponga fin. Es urgente que implemente medidas integrales para proteger a las y los nicaragüenses en el exilio, en particular aquellas que han sido privadas de su nacionalidad, expulsadas, impedidas de regresar o denegadas de pasaporte u otra documentación internacional». (14)
Desde Ginebra, Juan Gasparini
(1, 2, 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14) «Exilio y Violaciones Transnacionales de los Derechos Humanos en Nicaragua. Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua», ONU, Ginebra, 23 de septiembre de 2025
