La semana pasada hubo una muestra concreta de que es posible el consenso político sobre los temas imprescindibles y urgentes de nuestro país. En el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, hubo dictamen de consenso para que se vote por amplio margen la prórroga de la Ley de Barrios Populares – ley 27.453-. Las fuerzas legislativas del oficialismo y la oposición acordaron un proyecto de Ley, poniendo por encima de las diferencias los intereses de las familias más vulneradas de nuestra sociedad. No es poca cosa en tiempos donde reina la mirada de corto plazo y el sectarismo.
La actualización de esta Ley, que entre otras cosas autorizó al Poder Ejecutivo a crear el Fideicomiso Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), consolida la ampliación del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), que contiene a los barrios creados hasta el 2018 e incluye a localidades con menos de 10 mil habitantes, que no fueron consideradas en el 2016. De este modo, se consolida el registro de los 5.687 barrios populares de todo el país, donde viven sin acceso formal a la tierra y a los servicios básicos más de 5 millones de compatriotas.
La ley del más fuerte no conduce a la integración social
La decisión política de este gobierno de asignarle fondos al FISU, conformado por el 9% del impuesto PAÍS y el 15% del Aporte Extraordinario de las Grandes Fortunas, es lo que permite llevar adelante un volumen de obras inédito en Argentina en lo que a integración de villas y asentamientos se refiere. Desde el 2020 funciona una estructura transparente que financia y monitorea obras de infraestructura básica, llegando hoy a más de 750 barrios en todas las provincias. Se trata de redes y conexiones seguras de agua potable, electricidad y cloacas; accesos vehiculares y peatonales seguros; espacio público y equipamiento. Al mismo tiempo, se están construyendo miles de lotes sociales con servicios, que evitan el surgimiento de nuevas tomas y les brindan soluciones habitacionales a las familias más jóvenes, para que puedan proyectar su futuro en un barrio planificado.
Sin embargo, como estamos hablando de un fondeo finito (el Aporte fue de una única vez y el impuesto PAIS tiene una vigencia de cinco años), la última gran meta que tengo en mi gestión es garantizar un fondeo plurianual que otorgue previsibilidad y continuidad a las obras que estamos realizando y las nuevas que vendrán. Como dijo una de las diputadas de la oposición, integrar todos nuestros barrios es una tarea que, si la encaramos con un gran acuerdo nacional, nos va a llevar unos 20 años.
La lucha por la ley fue una gesta que impulsaron desde organizaciones sociales, la iglesia en los barrios y ONGs, hasta miles de espacios comunitarios, de base y otros actores de la sociedad civil. Aquella norma fue producto de décadas de lucha de familias que, como la mía, nacieron al costado del camino. Y fue posible porque hubo un grupo de dirigentes y dirigentas que se atrevieron a construir consensos desde la pluralidad.
Hoy nuestros legisladores tendrán la posibilidad de consolidar una política de Estado, que es condición fundamental para lograr la Argentina con la que soñamos: socialmente integrada y con oportunidades para todos. Es cierto que la tarea es aún más amplia, pero urbanizar los barrios populares es una condición necesaria, imprescindible.
Mi aspiración, como mujer, madre, catequista y vecina de un barrio, es que esta política se convierta en una política de Estado que sea sostenida y profundizada por todos los gobiernos. Construyamos entonces un gran consenso social, político y económico para que todos los niños y niñas de la Argentina puedan crecer con el piso mínimo necesario para desarrollarse dignamente y ser felices. Confío en que la fuerza del pueblo y la mano de Dios, inspiren al Congreso a sancionar la ley.
*Fernanda Miño, secretaría nacional de Integración Socio Urbana, presidenta del FISU y vecina del barrio La Cava, San Isidro.
