La situación de desorden social, político y económico continúa sin resolución en Perú. En este contexto el pasado miércoles 19 de julio se realizó una nueva gran marcha de las denominadas Toma de Lima. Los organizadores temen por elementos terroristas infiltrados que lleven violencia a la movilización por lo que en los días previos se montó un enorme operativo policial de control de las personas que iban llegando en los principales accesos. Además, para evitar desmanes, la dirección de investigación criminal anunció algunas medidas que se tomarán en las manifestaciones, entre ellas prohibir los pasamontañas, lentes, gorros y mochilas, y que se realizará el control de identidad de quienes ingresen al centro de Lima para evitar la presencia de personajes ligados a grupos terroristas. Al mismo tiempo, hubo declaraciones de la comunidad internacional condenando la represión de las pasadas marchas que dejó numerosos heridos de bala por parte de la policía.
Las demandas de la movilización son las mismas que en oportunidades anteriores: los ciudadanos piden la renuncia de Dina Boluarte y el cierre del Congreso. Además, la instalación de una asamblea constituyente, la defensa de los recursos naturales, reformas políticas y el adelanto de las elecciones generales.
Tras la marcha, los dirigentes la catalogaron como un éxito total. Dieciocho regiones se sumaron a las protestas: Apurímac, Huancavelica, San Martín, Áncash, Cajamarca, Junín, Pasco, Piura, Iquitos, Puno, Cusco, Ayacucho, Tacna, Ica, Lambayeque, Huánuco, La Libertad y Arequipa con la participación 21 mil personas agrupadas en 34 grupos diferentes.
“La salida es única, la señora Dina Boluarte tiene que renunciar al cargo de presidenta de la República, ya la ciudadanía le ha quitado toda la legitimidad posible, así que ella tiene que ponerse a un costado”, manifestó el secretario general adjunto de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Gustavo Minaya.
El ministro del Interior, Vicente Romero, anunció que los enfrentamientos ocurridos durante la “Marcha Nacional” dejaron como resultado ocho personas heridas: cuatro efectivos policiales y cuatro civiles. Asimismo, reveló que otras seis personas quedaron detenidas y además se identificó que una de ellas arrojó una bomba molotov a la Policía Nacional (PNP) tras los disturbios en el centro histórico de Lima.
Luego de la Tercera Toma de Lima se propuso una nueva jornada de protestas para las Fiestas Patrias entre el 27 y el 29 de julio. Recordemos que estas fiestas inician el 28, cuando se conmemora la declaración de independencia por parte del general José de San Martín. El dirigente sindical dijo que las movilizaciones convocadas para fines de mes también tendrán como objetivo la salida de los congresistas, que se haga justicia con los deudos de las víctimas de las protestas de diciembre de 2022 y enero y febrero 2023 y sobre todo el adelanto de elecciones generales. En caso de que esto suceda, una de las que se beneficiaría por la medida sería Keiko Fujimori, la hija del expresidente que ya dejó entrever que podría presentarse por cuarta vez como candidata a presidenta.
Sin embargo, y más allá de las decisiones que se tomen a futuro, Perú navega nuevamente por el camino de la inestabilidad como viene sucediendo en los últimos años. Una nueva encuesta de Latinobarómetro acerca de la imagen presidencial de los mandatarios de la región, da cuenta de que la presidenta Dina Boluarte es la segunda jefa de Estado con menos aprobación de la región, con una imagen negativa del 83% solo por detrás de Guillermo Lasso de Ecuador con 84%. Incluso, la desaprobación de Boluarte superó a Nicolás Maduro de Venezuela, quien también vive una permanente crisis social, política y económica.
Pero los conflictos de la presidenta de Perú no solamente suceden en la política interna. En el plano internacional finalmente se resolvió el conflicto por la presidencia pro témpore de la Alianza del Pacífico, donde México debía entregar la presidencia a Perú en diciembre. Sin embargo, la negativa de Andrés Manuel López Obrador a dársela a Dina Boluarte por considerarla usurpadora y no querer validar lo que para él es un golpe de Estado, provocó que el organismo siguiera comandado por AMLO por fuera del término legal. Sin embargo, en una reunión a fines de junio decidieron los cuatro miembros, Perú, México, Colombia y Chile, darle la presidencia a este último ya que ambos mandatarios tienen buena relación con Gabriel Boric.
Pero más allá de lo que suceda en las próximas semanas con el gobierno peruano, es preocupante la situación política a largo plazo. Desde hace años el país andino atraviesa una precaria e inestable gobernabilidad, protagonizada por renuncias presidenciales y juicios políticos, escándalos de corrupción e incluso intentos de autogolpe como sucedió con Pedro Castillo. En el medio, la sociedad peruana enfrenta los embates de una pandemia que, como pasó en prácticamente toda la región, aumentó la pobreza, la marginación y la desigualdad. Así, los ciudadanos son víctimas y rehenes de una clase política con la aprobación más baja de la región que no tiene ningún respeto por la dignidad de su población.
Frente a esto cabe preguntarnos, ¿de qué sirven tantas manifestaciones? Luego de repetirlas tantas veces sin poder sacar a Dina Boluarte del poder, ¿tienen impacto?¿Estas marchas fortalecen o debilitan a su gobierno? ¿Repetirá Perú la misma situación de un nuevo presidente que abandona el Palacio Pizarro antes de tiempo?
*Licenciado en Relaciones Internacionales (UCA).
