El 4 de agosto de 2021, el Gobierno de México presentó una demanda civil en contra de 11 empresas fabricantes de armas de Estados Unidos por “practicas comerciales, negligentes e ilícitas, que facilitan el tráfico ilegal de armas a México” ante la Corte Federal de Massachusetts.
Si bien México aclaró que el proceso no era en contra del Gobierno de Estados Unidos, ni de la Segunda Enmienda de la Constitución, que reconoce el derecho a poseer y portar armas; éstas, en ese país, están profundamente asociadas a la libertad, al patriotismo y es parte de su sentido de identidad.
Además, desde el 2005 existe en EE.UU. -la Ley de Protección de Comercio Legal de Armas (PLCAA)- que protegen a los fabricantes de armas de la responsabilidad en el caso que se cometan delitos con sus productos.
México afirma que del 70 al 90% de las armas confiscadas provienen del tráfico ilícito de Estados Unidos, de acuerdo con los datos proporcionados por la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y que, en promedio, llegan a su país unas 500.000 armas al año de manera ilegal.
Las empresas demandadas son conscientes que sus armas son traficadas y utilizadas en actividades criminales en México. Es más, están diseñadas para ser atractivas a los carteles mexicanos, tal es el caso de la pistola calibre 38 “Colt Emiliano Zapata” tiene el nombre y rostro del héroe de la revolución mexicana o “El Jefe” con las palabras doradas en la corredera o “El Grito” haciendo alusión a la lucha por la independencia.
El tráfico ilícito quedó en evidencia en la frustrada detención de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo en 2019, donde se vieron, entre otros, fusiles como el Barrett calibre 50 de uso exclusivo de las fuerzas armadas, en poder del Cartel de Sinaloa.
Las empresas de armas demandadas solicitaron que la Corte de Massachusetts desestimara la demanda, argumentando que no hay una conexión directa entre las ellas y la violencia en México y que gozan de inmunidad por ley.
A su vez, México presentó su réplica a fines de enero del 2022, que en resumidas cuentas dice que las leyes no tienen “efectos extraterritoriales”, la ley de inmunidad no se aplica ahí; además, las armerías no explican el fondo de la acusación que es la falta de controles en la venta de armas estadounidenses que terminan en el crimen en su país vecino y que existe una relación directa entre las políticas comerciales negligentes y el daño causado.
A México lo acompañaron en la respuesta ante la Corte, numerosas organizaciones de profesionales (14 procuradores estatales y 27 fiscales de distrito de EE.UU.), expertos en litigios trasnacionales, países, organizaciones de la sociedad civil y víctimas de la violencia armada en México, con la presentación de varios escritos (Amicus Curiae) para aportar una aproximación diferente, al momento que los jueces analicen el caso.
La Red de Seguridad Humana en América Latina y el Caribe (SEHLAC) ha sido una de las redes que están acompañando a México en la lucha contra el tráfico de armas.
El próximo paso, es la decisión de la Corte de dar lugar a la demanda e iniciar la etapa de investigación. Si esto sucede, las armerías deberán revelar años de prácticas comerciales, lo que demostraría su política dirigida a atraer a los carteles mexicanos y probaría su responsabilidad, legal, política o moral.
El proceso puede llevar años, el resultado es incierto, pero la demanda es inédita y ya cosecha sus primeras consecuencias, como el desplome en la bolsa de algunas de las empresas. Es un antecedente poderoso, que trascenderá a este gobierno, pero el aspecto simbólico de impactar en lo más profundo del ser americano y luchar en conjunto contra el tráfico de armas, ya es un éxito.
*Coordinadora de SEHLAC.
