El rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, han logrado algo difícil incluso en tiempos de degradación política: avergonzar a una parte significativa de los españoles por la forma en que se refieren a sus compatriotas encarcelados en Venezuela, llamándolos “retenidos”. Nunca fueron retenidos. Deberíamos llamarlos presos políticos y, en muchos casos, secuestrados por una dictadura. Los presos en Venezuela llevan meses encerrados en cárceles chavistas, sometidos a condiciones inhumanas, acusados de espionaje, traición o terrorismo: el repertorio clásico de cualquier régimen autoritario para silenciar a quienes considera enemigos. Un libreto que en Argentina conocemos demasiado bien, habiendo vivido hace poco más de 40 años una de las dictaduras más dolorosas de nuestra historia.
La elección deliberada del término “retenidos” por parte de Pedro Sánchez y del rey Felipe VI no es un error ni una torpeza: es una decisión política. Un eufemismo funcional al régimen de Nicolás Maduro, pensado para no incomodar, para no tensar relaciones, para no llamar dictadura a lo que evidentemente lo es. El lenguaje no es neutro: nombrar mal es legitimar. Cuando una democracia se niega a llamar a las cosas por su nombre, abandona a sus ciudadanos y le regala impunidad al verdugo.
A este cuadro se suma una figura que ya no puede presentarse como anecdótica: José Luis Rodríguez Zapatero. Desde que dejó La Moncloa, su rol en Venezuela dejó de ser el de un supuesto mediador para convertirse en el de garante internacional de una dictadura, necesitada de algo más que represión interna: legitimidad externa. Bajo el ropaje del “diálogo” y la “no confrontación”, su presencia ha servido para blanquear procesos electorales de dudosa transparencia, relativizar violaciones sistemáticas de derechos humanos y diluir el concepto mismo de preso político. No es casual: donde hay dictadura, el lenguaje se vuelve un activo estratégico.
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Este progresismo transnacional, articulado en foros, cumbres y declaraciones grandilocuentes, funciona como una internacional de la impunidad. Se protege, se recicla y convierte la ideología en un salvoconducto moral. Venezuela es su caso testigo: un país devastado, con millones de exiliados, cárceles llenas de opositores y un régimen que sobrevive gracias a la combinación de represión interna y complicidad externa.
Lo de Zapatero no es una anomalía: es un síntoma. El síntoma de una política que encontró en América Latina un mercado donde vender indulgencia democrática a cambio de protagonismo, influencia y negocios. Un progresismo que ya no discute cómo liberar a los pueblos, sino cómo administrar el colapso sin perder poder.
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Ya no podrán alegar ingenuidad cuando la historia pida cuentas. El rey, el presidente del Gobierno y quienes se camuflan de mediadores eligieron el confort del eufemismo antes que la incomodidad de la verdad. No fue prudencia diplomática: fue cobardía institucional.
Cuando una democracia calla o maquilla la represión, deja de ser referencia moral y pasa a ser parte del problema. Las dictaduras no se sostienen solo con cárceles: se sostienen con silencios, con palabras tibias y con dirigentes que prefieren mirar para otro lado.
Porque cuando una democracia elige el eufemismo para no incomodar a una dictadura deja de ser cómplice por omisión y pasa a ser responsable por decisión.
ML
