El Gobierno nacional sigue empeñado en no escuchar. No quiere atender las señales de descontento que envía la sociedad, los pedidos de revisión y marcha atrás de la oposición y de gran parte del ámbito judicial. Por el contrario, aumenta la apuesta y ni siquiera respeta las reglas básicas y fundamentales del debate parlamentario.
El reclamo generalizado que arrastra este proyecto hace semanas no es caprichoso ni infundado. A la idea original de creación de cargos de jueces federales en la Ciudad de Buenos Aires –innecesaria por ser una medida absolutamente contraria al sistema procesal acusatorio ya sancionado–, se sumó un aluvión de nuevos cargos en el interior del país a partir del dictámen aprobado en el Senado. Y, tras el debate en el recinto, ese número se multiplicó una vez más.
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Si bien se calcula que tras las recientes modificaciones se totalizan más de 1700 nuevos cargos, es difícil saberlo con absoluta exactitud. Lo mismo sucede con el gasto, estimado en poco más de $10.000 millones anuales para poner en funcionamiento el proyecto.
Independientemente de la cifra final –que obviamente no pudo ser tomada en consideración por el Consejo de la Magistratura de la Nación en la aprobación del anteproyecto del presupuesto para el año 2021, estimado a priori en poco más de $70 mil millones–, esta reforma representa un gasto descomunal teniendo en cuenta el contexto de extrema crisis socioeconómica que atraviesa nuestro país. Especialmente cuando se trata de una iniciativa que no cuenta con un diagnóstico certero y que no va a resolver ninguno de los problemas cotidianos que sufrimos los argentinos, que se agravan si proyectamos el futuro escenario post pandemia que lamentablemente promete ser desalentador para gran parte de nuestra sociedad (economía, seguridad, educación, solo por nombrar los más urgentes).
Esta reforma representa un gasto descomunal teniendo en cuenta el contexto de extrema crisis socioeconómica que atraviesa nuestro país
Lo ilógico de la reforma se refleja en varios fragmentos del proyecto: la creación irrestricta de tribunales, juzgados y cámaras sin ningún sustento; la concepción (y posterior eliminación) de la llamada “Cláusula Parrilli", dirigida a un sector históricamente atacado por el kirchnerismo, reflejaba una indefinición y ambigüedad que aún están presentes en gran parte del texto. En una ley, la variedad de interpretaciones siempre resulta peligrosa y no hace más que generar dudas sobre el objetivo real que pretende perseguir.
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Todos los argentinos -incluidos muchos de los que formamos parte del Poder Judicial -queremos un sistema más eficiente, cercano y acorde a los tiempos que corren. Pero la reforma judicial que necesitamos nada tiene que ver con las ideas improvisadas, inoportunas y teñidas de sospechas que plantea el proyecto del oficialismo, que finalmente se asemeja más a un plan de intromisión del poder político en el Poder Judicial que a una propuesta para mejorar en profundidad y a largo plazo la administración de justicia en nuestro país.
* Vicepresidente 1° Consejo de la Magistratura CABA.
