En la madrugada del viernes, el Senado dio media sanción al proyecto de reforma judicial con 40 votos del oficialismo frente a los 26 en contra que anotó la oposición. A pesar de los retoques de último momento sobre el dictamen de mayoría, las críticas no tardaron en llegar desde sectores vinculados a la Justicia, tanto por derecha como por izquierda.
Por derecha. En Córdoba, el constitucionalista y docente universitario Horacio Gentile emitió un comunicado señalando sin eufemismos que el objetivo es “cumplir con el pacto que se concretó con la fórmula presidencial, entre Alberto y Cristina Fernández (CFK), que era absolver o indultar a Florencia, Máximo y Cristina Kirchner de las causas criminales que se ventilan en los tribunales. CFK, que tenía los votos, no se hubiera podido autoindultar si hubiera sido presidenta, por ello fue vice”.
Antes que reformarla “hay que normalizarla” es otro de los conceptos del pronunciamiento.
Cita la necesidad de cubrir las 300 vacantes sobre un total de 990 cargos; de transferir la justicia nacional (de Caba); de dar a las cámaras del interior la facultad de resolver los recursos contra fallos de tribunales orales penales. Gentile, además, dice cuáles son los aspectos de una verdadera reforma. Reducir los miles de juicios previsionales, cubrir las seis vacantes (de nueve vocalías) de la Cámara Federal de la Seguridad Social; un código de estilo para lograr resoluciones breves y concretas, concluir con la digitalización de todos los expedientes, crear la Policía Judicial para posibilitar el procedimiento acusatorio.
Con relación a Córdoba, señala que es “un despropósito” que la provincia quede solo con 12 juzgados federales, mientras Santa Fe tendrá 19 y Caba 46.
Por izquierda. El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), presidido por Alberto Binder e integrado, entre otros, por la cordobesa Patricia Coppola, fijó su posición bajo el título “Justicia Federal, un freno a la verdadera reforma”.
"La media sanción del Senado no solo dilata la implementación del sistema acusatorio sino que obstaculiza sus futuras posibilidades de éxito”, opina y agrega que la dilata, “ya que establece un injustificado plazo de dos años para su entrada en vigencia y la circunscribe a los tribunales de la Capital Federal, en vez de establecer un plazo límite para todo el país. La obstaculiza porque duplica y robustece lo que debería dejar de existir, que son los juzgados de instrucción y sus anacrónicas formas de organización propias del modelo de justicia colonial, inyectándole un aumento presupuestario enorme a una maquinaria ineficiente".
Además de la puesta en marcha del Código Procesal Penal sancionado en 2014, advierte que también son necesarias reformas estructurales pero “en un sentido diametralmente opuesto a lo que presenta el proyecto de ley”.
Sintetiza en siete puntos la agenda que debería adoptarse. Algunos de ellos son:
◆ Reorganizar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura e implementar los concursos por listados.
◆ Terminar con agencias de inteligencia en la Justicia y crear un Organismo Federal de Investigaciones.
◆ Reorganización funcional y de competencias de la Corte Suprema de Justicia.
◆ Puesta en funcionamiento del Juicio por Jurados, como ocurre en Córdoba.
◆ Reorganizar las fiscalías y las defensorías federales, y establecer plazo temporal para el mandato del Procurador General.
