La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó en primera lectura la venta de las tierras que actualmente ocupan Costa Salguero y Punta Carrasco. En total suman 31 hectáreas estratégicamente ubicadas, ya que integran la costanera norte con el Río de la Plata. El plan del gobierno porteño es construir allí un barrio náutico, con torres que oscilarán entre los 18 y los 29 metros de altura. Se estima que el valor de las propiedades construidas será de 9.000 dólares el metro cuadrado, superando incluso las cotizaciones actuales que registra Puerto Madero. Se entiende por qué: quienes vivan allí no sólo tendrán el beneficio exclusivo del acceso al río, sino también cercanía con el Aeroparque de Buenos Aires y a la autopista que conduce al aeropuerto internacional de Ezeiza.
La venta de las tierras de la Costanera Norte de la Ciudad forma parte de un proceso que comenzó en diciembre del 2017, con la creación del llamado Distrito Joven. El mismo fue impulsado por el macrismo y contó con el voto favorable del peronismo local. Su propósito original fue normalizar concesiones instaladas allí de modo irregular, entre ellas la de Costa Salguero, que pagaban cánones irrisorios que muchas veces beneficiaban a sociedades conformadas por familiares de funcionarios. En diciembre del año pasado se dio un paso más: se autorizó directamente la venta de los terrenos. Así, en vez de dar por cancelar las concesiones y recuperar el acceso universal al Río de la Plata, creando allí un espacio verde, se pasó directamente a la venta de tierras para usufructo directo del capital inmobiliario.
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El rechazo que este proyecto ha suscitado en amplios sectores se debe al impacto ambiental que traerá a la Ciudad de Buenos Aires. En momentos donde se agudizan las consecuencias del cambio climático creado por el calentamiento global, la construcción de torres que bloquen el acceso al río va en sentido contrario a lo que aconsejan todos los especialistas. Otro tanto sucede con la desembocadura de varios arroyos entubados, que tienen por finalidad evitar las inundaciones y que ahora deberán alargar sus desembocaduras. Tengamos en cuenta, además, que al lado de este predio el gobierno de Larreta está construyendo un estacionamiento subterráneo que reemplace al que actualmente tiene Aeroparque, para lo cual debieron hacer nuevos rellenados sobre el Río de la Plata.
Al impacto ambiental hay que sumarle el habitacional. Sucede que bajo los gobiernos del PRO en la Ciudad se vendieron unas 150 hectáreas y se entregaron en concesión aproximadamente otras 100. Esa tierra, que forma parte del reservorio de tierras públicas que tiene el distrito porteño, fue entregada al capital inmobiliario para la construcción de viviendas de lujo. Este proceso alimentó una especulación que valorizó artificialmente la tierra, incrementando el precio de la vivienda hasta un extremo que hoy la ha convertido en inaccesible para cualquier trabajador que vive o trabaja en la Ciudad. En la actualidad para acceder a un departamento de 60 metros cuadrados se requiere 27 años de salario. En Hong Kong, donde hace poco hemos visto una verdadera rebelión que tuvo entre sus reclamos el rechazo a la especulación inmobiliaria, la cantidad de salarios para acceder a una vivienda similar es de 20 años.
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Mientras las viviendas incrementaron sus valores en dólares, los salarios siguieron el proceso inverso. La resultante es que hoy tenemos una Ciudad con miles de casas y departamentos vacíos, que en vez de servir como viviendas fueron transformadas en reservas de valor por sus propietarios. Una medida tan elemental como establecer un impuesto progresivo a la vivienda ociosa –progresivo en tanto la alícuota se incrementa según la cantidad y valor de las propiedades sin usar– que plantee en el debate de candidatos a jefe de gobierno porteño el año pasado, no fue recogido ni por el oficialismo ni por la oposición peronista-kirchnerista. El rechazo del peronismo no debe entenderse solo como un seguidismo al PRO, al que le votó la venta de las tierras en la Ciudad durante años, sino que es el resultado de la defensa de los mismos intereses. Después de todo hemos visto en Guernica cómo el gobierno de Kicillof reprimía a miles de familias pobres para usar la tierra en la construcción de countries.
La venta de los terrenos de la Costanera Norte agravará la crisis ambiental y habitacional de la Ciudad. Es necesaria una gran movilización popular para evitar que esta enajenación se consume y reclamar que esos predios sean recuperados por el estado para construir allí un espacio verde de acceso universal y gratuito. Para ello llamamos a participar y a movilizarse a la audiencia pública en la Legislatura porteña que se realizará el próximo 27 de noviembre.
Gabriel Solano (Legislador del PO-FIT y ex candidato a jefe de gobierno).
