La frase que introduce esta nota suele atribuirse a Paul Valéry, quien buscaba reflejar la incertidumbre y el desconcierto de aquellos que vivieron el paso del siglo XIX al XX. Dicha sensación es trasladable a este tiempo en el que vivimos, en el que la magnitud de los cambios que se observan, acentuados por los distintos impactos de la coyuntura sanitaria y las brechas que ahondan la desigualdad y la inequidad, generan inseguridad y pesimismo.
Transitamos la cuarta revolución industrial, era en la que Internet y lo que la rodea impactó de forma decisiva en nuestra cotidianeidad y está presente en casi todos los ámbitos de nuestra vida. Ello ha traído, sin dudas, grandes beneficios acortando tiempos de comunicación, agilizando tramites, poniendo a disposición gran cantidad de información a un solo click e incluso ayudando a sobrellevar la crisis generada por la pandemia. Al mismo tiempo, se han facilitado espacios, actividades y negocios delictivos a nivel global de forma anónima, fácil y económica y derechos como la privacidad, a la honra y a la protección de la imagen se ven hoy asediados.
En este marco, la pandemia ha sido un catalizador para que el inevitable e inexorable proceso de digitalización se volviera aún más urgente. El COVID-19 ha sido una tragedia de dimensiones históricas: millones de fallecidos y contagiados, de personas que ingresaron o volvieron a la pobreza y una crisis económica solo comparable a la gran recesión del 1929. A futuro, el resultado es también preocupante cuando se advierte que cerca de 180 millones de niños, niñas y jóvenes quedaron confinados en sus domicilios, la mayor parte de ellos sin conectividad suficiente en sus hogares y sabemos que ya muchos de ellos no regresarán al sistema educativo.
La educación en boca de todos... ¿gana el que grita más fuerte?
Si bien somos conscientes de que el mundo cambió, aún no comprendemos cómo los Derechos Humanos se acomodarán a este nuevo escenario, donde la condición mínima para integrarse es tener acceso a las herramientas digitales y el conocimiento para manejarlas. Este escenario supone un verdadero reto para los Estados, que se han visto obligados a repensar sus sistemas jurídicos y la regulación del uso de estas nuevas tecnologías, sus alcances y límites. Lo que es claro es que los derechos fundamentales de las personas usuarias no pueden seguir siendo obviados ni comercializados y que se imponen nuevos enfoques que aseguren que Internet sea un espacio seguro.
La Academia y la sociedad civil tenemos un importante rol en esta temática propiciando el diálogo y el trabajo articulado con los organismos nacionales e internacionales y los diferentes poderes del Estado para visibilizar los debates actuales, profundizar investigaciones en el vertiginoso avance y uso de las TIC en el mundo contemporáneo y contribuir de una manera constructiva a la toma de decisiones de los líderes políticos.
El desafío de la inclusión digital
En definitiva, los graves problemas e ineficiencias que tenían nuestros sistemas han quedado en evidencia. Frente a ello, el desafío está en no retomar la inercia de la situación previa a la crisis, sino adentrarnos en un futuro innovador y transformador, con y desde el conocimiento, generando simultáneamente instancias que aseguren el pleno respeto a los derechos humanos.
* Hernán Najenson. Director de la Cátedra Libre de Seguridad, Justicia y Tecnología de la UNLP.
