"Estoy a favor de bajar impuestos bajo cualquier circunstancia y por cualquier excusa, por cualquier razón, en cualquier momento en que sea posible”. Esto lo decía el gran economista Milton Friedman y estoy convencido de que debería ser faro de los diputados, senadores y políticos en general en un país con tamaño peso del Estado cayendo sobre los trabajadores y el sector privado como es Argentina.
Sin embargo, en nuestro país, mientras parece que para gastar no hay que estudiar las condiciones económicas, para bajar impuestos se piden hasta condiciones climáticas ideales. Parecería también que la defensa de los pagadores de impuestos no es más que una herramienta, que puede usarse o no según soplen los vientos políticos.
Una fuerza puede “escapar", en palabras de Patricia Bullrich, para no votar una modificación del Impuesto a las Ganancias y, a su vez, puede encabezar una votación para casi eliminarlo para las personas físicas haciendo “escapar” -esta vez discursivamente- a quienes los acusaban de lo mismo hace unos años. Es pertinente empezar con el principio, unos cuantos años atrás.
Antecedentes históricos de Ganancias
La economía argentina experimentó un resurgimiento después de varias caídas aproximadamente en el año 1918, aunque carecía de la vigorosidad que la había caracterizado décadas pasadas. Sin embargo, en 1929, la nación sufrió un devastador golpe con la llegada de la Gran Depresión. A partir de ese momento, Argentina se vio afectada por una serie de conflictos económicos y políticos.
Frente a esta difícil coyuntura económica, en 1932 se instituyó el Impuesto a los Réditos como una medida de "gravamen de emergencia nacional", concebida inicialmente para un periodo que se extendería hasta 1934. Cabe destacar que este impuesto subsiste en la actualidad, pero es conocido bajo la denominación de Impuesto a las Ganancias, que no es para nada progresivo.
En el año 2003, los ingresos recaudados por concepto del impuesto a las ganancias ascendieron a la cifra de 14.700 millones de pesos.
Ganancias: cuando se hace política con los impuestos
En contraste, para el año 2022, esta recaudación alcanzó la suma de 4,3 billones de pesos, lo que representa un asombroso incremento del 29.000%. Este periodo estuvo caracterizado por una inflación que rondó el 14.000%.
La recaudación de este tributo experimentó un crecimiento notablemente superior al ritmo inflacionario. Es fundamental destacar que este aumento en la recaudación no se debió a una proliferación súbita de grandes empresas ni de altos ejecutivos en Argentina.
Los efectos de la inflación
En realidad, lo que aconteció fue que tanto durante el gobierno de Néstor Kirchner, el de Cristina Kirchner, como el de Mauricio Macri, se limitaron los ajustes en el umbral de ingresos no sujetos a este impuesto, mientras que las consecuentes negociaciones salariales, motivadas por la inflación en alza, ocasionaron que más individuos superaran dicho umbral.
Esto nos lleva a concluir que, en dos ocasiones, el Estado argentino dejó en una posición desventajosa a sus ciudadanos, estafando dos veces a sus ciudadanos. La primera vez fue mediante el deterioro del poder adquisitivo del dinero a causa de la inflación, que llevó a la devaluación de la moneda nacional. La segunda vez, esta segunda "estafa", se materializó al no actualizar los umbrales imponibles y las escalas fiscales de acuerdo con la tasa inflacionaria.
Este escenario ha dado lugar a que individuos que, en otras circunstancias, no estarían sujetos al impuesto a las ganancias, ahora se vean obligados a pagarlo. Es importante señalar que estas personas, probablemente, enfrenten dificultades económicas para llegar a fin de mes, especialmente si deben afrontar gastos como el alquiler, los servicios del hogar y la alimentación, sin mencionar si tienen a su cargo el sustento de una familia. En este contexto, surge una pregunta pertinente: ¿Podemos realmente considerar que esto se ajusta al concepto de progresividad fiscal?
No obstante, parece ser que algunos políticos se animan incluso a culpar a los trabajadores de estas estafas y afirman que devolverles el dinero que les corresponde llevará a la economía a una hiperinflación, confundiendo los alcances del decreto con las precisiones del proyecto de ley presentado en el Congreso.
Ahora bien, uno podría pensar que está bien no apoyar el decreto que reduce el impuesto a las ganancias porque es una decisión unilateral del Poder Ejecutivo que condiciona al próximo gobierno, ya que en estos cuatro meses se financiará principalmente con emisión monetaria el costo fiscal de esta medida.
Ganancias: Massa y Milei detonan a JxC
Sin embargo, con esos mismos argumentos, oponerse al proyecto de ley en el Congreso no tiene sentido alguno. El proyecto entrará en vigencia a partir de año fiscal 2024, cuando habrá un nuevo gobierno y una nueva administración. En este escenario, pueden ocurrir tres posibilidades:
- Si Juntos por el Cambio gana, como ha prometido en reiteradas oportunidades, llevará a cabo un ajuste fiscal que incluirá la reducción de ministerios y la reorganización del Estado para hacer más eficiente el gasto público. En este contexto, la reducción de menos de un punto del PBI no debería ser un problema, especialmente cuando se trata de corregir una inequidad, como se mencionó anteriormente (inequidad, por cierto, que dicho bloque prometió corregir en múltiples ocasiones y no lo ha hecho).
- La segunda posibilidad es que gane La Libertad Avanza, que ha expresado en múltiples ocasiones su intención de llevar a cabo un fuerte ajuste fiscal, con énfasis en recortar el gasto político del Estado, cuyo plan incluso se denomina "Plan Motosierra", lo que indica que compensaría de más el costo fiscal de esta medida.
- La tercera alternativa es que gane Massa. En este caso, Juntos por el Cambio y la Libertad Avanza podrían ponerse de acuerdo. Podrían negarse a aprobar un presupuesto con déficit (como ya lo hizo La Libertad Avanza mas no Juntos por el Cambio) y presionar para que se presente uno equilibrado con baja de gasto, sin necesidad de recurrir a la emisión monetaria.
Ahora bien, es completamente cierto que estamos a las puertas, en el mejor de los casos, de una hiperinflación, pero no será por este proyecto de ley. Jamás una baja de impuestos es inflacionaria. Las razones tienen que ver con el descalabro monetario y fiscal que han llevado a cabo los últimos gobiernos. Juntos por el Cambio, por ejemplo, avaló con sus votos tres presupuestos de este gobierno kirchnerista con déficit fiscal que sabían que iba a financiarse con emisión monetaria y aún así, votaron.
El decreto, por otro lado, es una parte del “Plan Platita” de Sergio Massa, que es un intento desesperado por comprar la voluntad popular subestimando de forma supina a la gente. Los alcances de este plan sí nos ponen en riesgo de una hiperinflación y, por si fuera poco, de un default si es que se está utilizando el dinero enviado por el Fondo Monetario Internacional. Esto nada tiene que ver con el proyecto de ley de Ganancias tratado por el Congreso.
Cabe remarcar, para concluir, que la inflación no se combate frenando bajas de impuestos. Se combate creando un marco monetario tal que al Tesoro le sea imposible financiarse con emisión monetaria. Debe haber un cambio de paradigma en las cuentas públicas. Debemos pasar de preguntarnos cómo se financia el Estado para empezar a preguntarnos cómo van a pagar los privados. Este último punto es el verdaderamente importante.
Es lamentable que el Congreso se pueda llegar a perder una oportunidad única de reducir impuestos en muchos años, solo por el temor de otorgar una victoria a Sergio Massa bajo argumentos económicos insólitos. Reducir la carga tributaria es devolverle al trabajador y al sector privado en general el fruto de su trabajo. Nunca podemos oponernos a eso.
LD
* Director de Políticas Públicas del Centro de Estudios Económicos Argentina XXI (CEEAXXI)
