“Quema de naves”: no hay otra forma de describir mejor las medidas que está impulsando el gobierno en estos últimos días. Desde la suspensión de las retenciones al sector lácteo por 90 días, pasando por la devolución del IVA y terminando en el resonante proyecto de ley que, prácticamente eliminaría el Impuesto a las Ganancias de los asalariados, quedando apenas unos 80.000 trabajadores que lo seguirían pagando.
El impacto de estas medidas, más allá de su utilización para fines de campaña, deja al próximo gobierno con el desafío de cómo “rellenar” esos “baches” en la recaudación.
La inflación descontrolada y su efecto sobre los salarios es lo que provocó que los umbrales mínimos del Impuesto a las Ganancias queden desactualizados constantemente, lo que llevó al gobierno a buscar medidas de alivio frente a esta situación. Si bien es un problema que debe ser atacado por el Estado para que los trabajadores con sueldos medios no vean afectado su salario por el pago de este tributo, las medidas que se están adoptando para subsanar estas cuestiones van en contra de su espíritu.
¿Por qué decimos esto?
El impuesto tiene un esquema de aplicación de mínimos no imponibles y deducciones para que ciertos ingresos no queden alcanzados por el tributo y una escala de tasas que va del 5% al 35% para que su aplicación sea de manera progresiva.
Tal como lo establece la ley, la manera más práctica y justa de establecer qué salarios son los que no quedan alcanzados por el impuesto es a través de la actualización de los importes mínimos no imponibles, deducciones y de las escalas de alícuotas. A causa de la inflación el ajuste anual que establece la ley no alcanza, y provoca que los sueldos queden sujetos rápidamente a la tasa del 35%, perdiendo así la progresividad que caracteriza a este impuesto, por lo que debiera discutirse un mecanismo de ajuste con mayor frecuencia.
Sigue el rally de Massa: anticipó nuevos anuncios para autónomos, pymes e informales
Las medidas que se fueron aplicando últimamente no tienen en cuenta las características de los contribuyentes (solteros, casados, con hijos, etc) y su verdadera capacidad contributiva, sino que se estableció arbitrariamente un importe de salario bruto mensual sobre el cual no se va a pagar ganancias, quedando el resto de los contribuyentes sujetos a un trato desigual.
A mi entender, la “eliminación” del impuesto no es la solución mágica para los problemas de los asalariados si no se ataca el principal problema que es la inflación. Además, el impuesto a la renta sobre los trabajadores se aplica en la mayoría de los países del mundo, la diferencia es que se aplican escalas razonables para que solo queden alcanzados los salarios altos.
No me parece acertado en este contexto que se prometa eliminar el impuesto por motivos de campaña, sino que se debe buscar la mejor forma de que el impuesto alcance a aquellas personas que posean mayor capacidad contributiva, a través de mecanismos de ajuste serios. Tampoco va a ser tan sencillo sustituir la recaudación que genera el pago del impuesto a las ganancias de los asalariados como para proponer tan livianamente su eliminación.
Existen otros tributos mucho más distorsivos para la economía como Ingresos Brutos o el Impuesto al Cheque que deberían ser eliminados o al menos modificados antes que el Impuesto a las Ganancias de los trabajadores. El sistema tributario argentino necesita reformas estructurales que se sostengan en el tiempo y no se modifiquen de acuerdo con la conveniencia del gobierno de turno.
* Tributarista y gerente de Impuestos en La Vista Casal
