La Ciudad de Buenos Aires acaba de lanzar un programa, Buenos Aires +, el cual avanza en consonancia con los cambios acelerados en materia de tecnología disponible para múltiples usos, privados y estatales, con base en blockchain.
A modo de síntesis, Larreta, anunció que en distintas etapas se implementarán medidas progresivas para el pago de impuestos, trámites digitales, reconocer una identidad digital para administrar servicios públicos sobre salud, seguridad, registro civil, educación, licencias y habilitaciones.
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El punto más interesante de todas estas innovaciones es la posibilidad del uso de cripto-monedas para pagos de impuestos en la Ciudad de Buenos Aires. Una suerte de cuasi moneda que así pasa a ser un moneda legitimada y legalizada por un gobierno local conformándose de a poco una canasta de monedas para impuestos.
Ejemplos de estas aplicaciones y usos, por parte de gobiernos e instituciones, tenemos desde la pionera Estonia al del municipio de Bahía Blanca o de la provincia de Misiones al Banco Central Europeo.
Pero más allá de la enunciación de trámites que se van a habilitar progresivamente, los que podrán ser miles en la cabeza de un funcionario, lo más importante es ver si se inician desde regímenes o marcos normativos que regulen el celoso uso de los datos y las identidades o perfiles digitales (estos últimos serían nuevos derechos de cada ciudadano) que permitan el alineamiento entre interoperabilidad, seguridad en el tratamiento masivos de datos y competencias administrativas con sus responsabilidades.
El riesgo en este caso, como ha ocurrido también en muchas ocasiones, es que sólo se den inicio desde el Poder Ejecutivo mediante decretos, resoluciones o normas operativas que exceden a las normas vigentes y sus implicancias en materia de seguridad jurídica y no tengan un mayor desarrollo legal que permita hablar de una real gobernanza o esquema participativo de gobierno, descentralización y desconcentración administrativa según sea el caso de la actividad a realizarse con base en la tecnología blockchain.
El alerta que aquí se expone es que no hay ni habrá una república blockchain sin normas actualizadas que regulen primero qué significa una identidad digital con carácter único, soberano, que permita legalmente el tratamiento masivo de datos personales e incluso el pago a la administración con carácter real de cancelación de deuda, u otras transacciones futuras que se van a dar, todas con fines a relaciones político- económicas con otras entidades como ONG, empresas, partidos, sindicatos, universidades, etc.
Nunca podemos poner el carro delante de los caballos pero para eso primero hay que entender que estamos resolviendo actividades cívicas, políticas y económicas que pueden facilitar acciones pero también deben tener contemplado un régimen específico de riesgos y daños propios, inexorables a toda actividad y más si son novedosas, y no suponer entonces con liviandad que la mera aplicación de la tecnología subsume la naturaleza de las relaciones sociales y a su imprevisión, complejidad y los potenciales cisnes negros.
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Para el caso, en el ámbito normativo nacional la actual Ley de Datos Personales, espera su actualización a los nuevos estándares internacionales, lo mismo le ocurre a Ley de Ética Pública y eso dió lugar a certeras críticas respecto a las aplicaciones que se pusieron en vigencia durante la pandemia. En este caso, aún hoy no hay una ley de Gobierno Abierto que contemple las implicancias de la digitalización de la vida cívica de los ciudadanos en manos del Estado.
Y en el ámbito de muchas provincias, las normativas locales que dan lugar a estas iniciativas como la Ley 3.304 de la Ciudad de Buenos Aires, son generalistas y no contemplan específicamente lo que se lanza como novedad de administración. Incluso, no contienen procesos, definiciones taxativas, responsabilidades civiles y penales, que justifiquen valorativamente de modo positivo la implementación de estas nuevas medidas.
Lo que hay que entender es que nuestros datos, perfiles digitales y las nuevas formas de intercambio o clausura de pagos de bienes y servicios, suponen establecer desde el inicio el límite correspondiente mediante una ley al poder de las acciones y decisiones de los funcionarios y no su reverso.
Los blockchain y la tokenización de activos
No ver esto, es abdicar literalmente de nuestra condición de ciudadanos viviendo bajo un régimen liberal, republicano y democrático en pos de una visión simplista y reiterativa (o eterna) que seduce mediante términos como liberalizar y transparentar -aspectos que la tecnología lleva inscripta genéticamente sólo si hay derecho y ética aplicada mediante- y así nos sumergen en un estado idílico en que es dable solucionar todo nuestro horizonte de vida con un solo registro o click. Nada nuevo bajo el sol en este sentido.
* Javier Cubillas. Analista de Asuntos Públicos.
