Esperamos con ansiedad y esperanza, como el mundo entero, que la pandemia gradualmente se vaya superando. Porque seguiremos aprendiendo a convivir con esta amenaza y porque en algún momento aparecerán tratamientos cada vez más efectivos y finalmente las tan preciadas vacunas. Mientras tanto, tratamos de preservar empresas y fuentes de trabajo como así también prolongar planes de asistencia que mitiguen el altísimo costo social que en mayor o menor medida todos los países padecen.
Tal desafío debe ser compartido de manera equitativa y a la vez eficiente. Si bien estas premisas siempre son necesarias si se pretende construir un contrato social perdurable, en momentos de excepción son principios imprescindibles para evitar fisuras en la sociedad. De allí la importancia de alcanzar un amplio acuerdo sobre la naturaleza y características de un contrato fiscal (que vale recordar es el núcleo de un contrato social) que, coyunturalmente, puede ser revisado para atender una gravísima e inédita emergencia. Aparece entonces el proyecto de aporte solidario extraordinario.
Antes de seguir adelante con su pertinencia vale repasar el contexto en el que se plantea. Algunos datos estilizados y estimaciones confiables pueden ayudar a desentrañar la polémica instalada. En los últimos 20 años (2000/2019) la población total habría crecido un 25 %. En el mismo período la presión tributaria total creció un 41 %. Con un nivel de informalidad que osciló a lo largo de las dos décadas entre un 30 % y un 40 %, la presión sobre la población contribuyente es cada vez mas intensa. Al mismo tiempo la calidad de la oferta de los bienes públicos y sociales no se advierte aunque cuantitativamente haya crecido. Salud, educación, servicio de justicia y seguridad permanentemente aparecen como demandas no satisfechas.
Comparando 2017 con 2000, el gasto público total aumentó 49%; en los dos años siguientes las sucesivas devaluaciones redujeron aquel porcentaje decrecimiento. Sin embargo el déficit persiste, imperturbable. Financiado con emisión y deuda o lo que eslo mismo, con impuestos presentes, con un leve rezago como el impuesto inflacionario, ocon impuestos futuros que es como al final del día se pagan las deudas.
En este punto hay que reconocer que nuestro país ha tenido la originalidad de gravar a no residentes (...les pasa por codiciosos) a través del mecanismo del default periódico. Entonces la pregunta es, ¿a dónde van los impuestos? Genera desconfianza que tamaño aumento de la presión impositiva no tenga su correlato en mayores y mejores bienes públicos y sociales.
Hay que reconocer que nuestro país ha tenido la originalidad de gravar a no residentes (...les pasa por codiciosos) a través del mecanismo del default periódico
En este contexto de necesidades urgentes producidas por la pandemia y la cuarentena avanza la ley de aporte solidario. Especialistas alertan sobre la legalidad del mismo como así también por su magnitud desproporcionada. Y contribuyentes que definen inversiones manifiestan una creciente fatiga ante una película que luce repetida.
Para que estas reflexiones no se limiten a la crítica quizás se podría replantear el esquema sin ignorar el loable objetivo enunciado. Pese a que la cuestión de la legalidad persista, se podría pensar en mínimos y tasas razonables, no desproporcionadas, y que todo lo recaudado sea transferido a #seamosuno para que en un entorno de confianza y eficacia la ayuda llegue efectivamente a los mas necesitados.
*Presidente del IAEF.
