Las reformas tributarias de los últimos cinco años, realizadas por los dos gobiernos, muestran una matriz diferente, pero los actores perjudicados son siempre los mismos. La síntesis de la dirección tomada en el inicio del gobierno de Cambiemos, indica que con las reformas de los impuestos nacionales y provinciales se trató de privilegiar a las empresas en lugar de las personas. La idea era que con esas medidas se produzca el mundialmente conocido como “efecto derrame”, mejorando la situación de las empresas para que luego ese beneficio les llegue a los trabajadores y así a toda la sociedad. Pero eso, finalmente no ocurrió, el derrame nunca le llegó a la gente.
Pero, como en Argentina en poco tiempo todo cambia, ante los resultados de las elecciones PASO del año pasado el gobierno tuvo que virar y a partir del 12 de agosto se aplicaron medidas diferentes, con modificaciones impositivas en favor de las Pymes y de los contribuyentes individuales. Sin embargo, no alcanzó se tardó en doblar la curva y el “choque” finalmente se produjo.
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En diciembre llegó el nuevo gobierno, se deshizo mucho de lo que había realizado su antecesor, cambiando el orden de las cosas, pasándose de un efecto derrame a otro, que podría llamarse de “ebullición”, suponiendo que la dirección de todos los beneficios de la nueva matriz tributaria debían inclinarse a favor de los sectores de bajos recursos. Ese camino inicial, se confirmó más aún a través de todas las regulaciones que fueron implementadas a raíz de la pandemia sanitaria. En ese sube y baja, que se produjo en los últimos 5 años, nunca se logró permanecer en una posición de equilibrio, en la cual el sector de la clase media, que solventó y solventa con el pago de los impuestos las dos matrices que fueron aplicadas en todos estos años, pueda tener algún alivio fiscal. Lo que queda por ver, con las elecciones del año que viene, es si el gobierno actual persiste en mantener esa situación fuera de equilibrio que consiste únicamente en favorecer a los sectores de bajos recursos con el objetivo de bajar la pobreza, cuestión que intentó el gobierno anterior y sólo la aumentó. Lógicamente, están bien las medidas en favor de los que más lo necesitan, pero limitar los alicientes hacia ese sector termina agobiando a los actores que, en cualquiera de los dos esquemas, siempre fueron los que pusieron y ponen la plata con sus impuestos.
Lo que quedó entre paréntesis por la pandemia económica
Qué sucedió en los últimos 5 años:
La dirección que tuvo la reforma fiscal, que comenzó ya desde el primer minuto de diciembre del 2015, mostró que la matriz de las medidas se encuentra definida por gravar con mayor carga tributaria a las personas físicas que a las empresas. Se propusieron aumentos de los impuestos inmobiliarios, reduciéndose simultáneamente Ingresos Brutos y el impuesto a los Sellos para el desarrollo de toda la actividad económica. Se eliminaron las “aduanas internas”, traducidas en las sobretasas que se aplican de Ingresos Brutos a las ventas efectuadas que son provenientes de empresas que se encuentran radicadas en otra jurisdicción.
Desde finales del 2015, la secuencia que se produjo en la rebaja de los impuestos para las empresas fue la siguiente:
- Eliminación de retenciones para las actividades agropecuaria y minera.
- Derogación del gravamen del 10% del Impuesto a las Ganancias que se aplicaba sobre los dividendos que distribuyen las empresas.
- Eliminación de Ganancia Mínima Presunta para las PyMES, a partir del año 2017, y para las demás empresas desde el 2019.
- Postergación del pago del IVA por 90 días, para las Micro y Pequeñas Empresas.
- Cómputo del 100% del Impuesto al Cheque a cuenta de Ganancias, en favor de las Micro, Pequeñas y del 60% a favor de las Medianas empresas manufactureras (tramo I).
- Reducción de la tasa del 35% del Impuesto a las Ganancias para las sociedades, bajo un cronograma, gravando las distribuciones de utilidades a los socios. El objetivo era que con esta medida se favorezca a las empresas que reinviertan sus utilidades manteniéndolas en el patrimonio.
- Hubo un blanqueo de capitales, creado con el objetivo de solventar a la reparación histórica, se hizo porque el sistema previsional no podía hacerlo por sí solo. Sin embargo, muchas de las medidas previsionales tomadas y las que no llegaron salir producían su desfinanciamiento.
Se incrementó el mínimo exento de Bienes Personales volviendo a tener que pagar sobre el monto excedente y no sobre el total de los bienes gravados; y redujo la tasa de los próximos tres años; sin embargo, en sentido contrario aumentó el Impuesto Inmobiliario provincial (un impuesto patrimonial por otro). A pesar de que el patrimonio sea una medida correcta de reflejar la capacidad contributiva de las personas y de las empresas, el gravamen se eliminó para las últimas y se lo mantuvo para los individuos.
Por otro lado, sin cumplir con las promesas de campaña, el Impuesto a las Ganancias que se aplica en los sueldos continuó sin cambios. Sí hubo medidas a favor de los sectores de bajos recursos, aumentando la cantidad de personas que pueden recibir la Asignación Universal por Hijo (Monotributistas) y el beneficio de la devolución del IVA a la canasta básica de alimentos. También, a favor de las personas, se sancionó la llamada “Reparación Histórica” que en muchos casos, en realidad, representó el reconocimiento de la diferencia del 14% que hubo entre la inflación y el aumento de la movilidad reconocida en ese año. Luego, en la dirección contraria se modificó la movilidad de las jubilaciones, perjudicando a los beneficiarios porque la medida tuvo efectos retroactivos negativos. Se creó el Impuesto a la “renta financiera”, gravando los rendimientos de los plazos fijos y las operaciones con títulos públicos a pesar de que la inflación anual era superior a las tasas obtenidas. Quedó sin poder realizarse una actualización de la ley de contrato de trabajo, criticada por los gremios como de precarización laboral, cuestión que la pandemia en la actualidad la impuso casi por la fuerza. Quedó encajonado un proyecto de blanqueo laboral, para ayudar a que con eso aumente la recaudación tributaria, que no habrá que descartarlo para el futuro.
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Tras el revés de las elecciones de las PASO, el gobierno anterior lanzó un desordenado plan de medidas económicas que se traducen en beneficios tributarios para las personas y las empresas. El objetivo era poder generar un impacto en el bolsillo de los trabajadores, los contribuyentes autónomos y para las PyMES que se encuentran ahogadas por la alta presión tributaria. Pero en el reparto hubo ganadores y perdedores, sin dudas los más beneficiados fueron los empleados en relación de dependencia, porque no sólo tuvieron una reducción del impuesto por todo el año sino también una desgravación de parte de los aportes previsionales. A los autónomos se les redujo, en un 50%, el importe de dos anticipos del Impuesto a las Ganancias. Los Monotributistas, que son los que siempre pierden, no tuvieron que pagar el componente impositivo que forma parte de la cuota del mes de septiembre. Por último las PyMES pudieron incluir sus deudas en un plan de facilidades de pago de hasta 10 años; pero sin tener condonación de deuda de capital e intereses ya que no es una moratoria.
El Covid19 y un cambio en el paradigma económico
El viraje hacia otro lado
Ni bien asumió el nuevo gobierno, se giró 180 grados con las medidas tributarias. La carga de las contribuciones patronales que se pretendían unificar para todas las empresas anteriormente quedo sin efecto, determinándose dos porcentajes bien definidos para las Pymes y mayor para las grandes empresas. Quedó sin efecto la devolución del IVA para los 13 productos de la canasta básica, realizándose un enroque por beneficios directos otorgados en la tarjeta alimentaria en favor de sectores de bajos recursos. Ahora se intenta modificar nuevamente la fórmula de movilidad jubilatoria, produciéndose nuevamente un perjuicio retroactivo para los jubilados de haberes medios y altos. Se modificó Bienes Personales, aumentándose el mínimo exento pero creando alícuotas progresivas, e incrementadas para los bienes ubicados en el exterior. Se creó un Impuesto por compra de divisas y gastos en el exterior del 30%, que no puede computarse contra otro tributo. Aumentó la tasa de estadística para las importaciones. Se suspendió la reducción de la tasa del Impuesto a las Ganancias para las empresas. Aumentó el impuesto interno para los automóviles.
Apareció la pandemia
De golpe en marzo sorpresivamente apareció la pandemia, y en materia tributaria lo que hizo fue profundizar la dirección de la ayuda, con las políticas económicas en favor de los sectores vulnerados. Existe un “delay” entre lo que necesitan los contribuyentes y lo que, a cuenta gota, ofrece de ayuda el Estado. Las medidas concretas tomadas tienen que ver con el aporte de la mitad del sueldo neto que hace el estado, para el mes de abril y seguramente mayo, calculado al mes de febrero de este año. Ese aporte tiene como límite inferior un importe equivalente a un sueldo mínimo vital y móvil y máximo de dos ($ 16.875 y $ 32.750, respectivamente). También se podrá elegir entre la reducción de o postergación de la contribución SIPA, que en total significa para las PyMES el 10,77% y para las grandes el 12,35%. El encuadre laboral para el pago de los sueldos, queda planteado de la siguiente forma: 1) empleados que teletrabajan y los que se encuentran definidos como grupos de riesgo: perciben el 100% de su sueldo sujetos a aportes y contribuciones 2) trabajadores suspendidos (art. 223 bis LCT), cobran el importe reducido de su sueldo, según lo definido por la cámara empresaria y el gremio, como rubros no remunerativos (sin pago de aportes y contribuciones de seguridad social). Si no trabajan y permanecen en sus casas tienen derecho a percibir el 100% del sueldo, con aportes y contribución patronal. Sintetizando, salieron muchas medidas relacionadas con las ferias fiscales y la postergación de obligaciones formales, pero no hubo prórrogas concretas de los vencimientos impositivos.
Lo que quedó hibernando
Los Consensos Fiscales, firmados por las provincias y la Nación, fueron y vinieron. La idea del 2018 fue reducir la carga tributaria de las empresas, Ingresos Brutos y Sellos fueron las figuritas que cambiaron los gobernadores comprometiéndose a reducirlos durante el plazo de cinco años. La adenda al consenso fiscal 2019, colocó un freno en las rebajas tributarias provinciales y lo que se había prometido sobre la posibilidad de computar el 100% del Impuesto al Cheque contra el Impuesto a las Ganancias, por necesidad de plata quedó en el olvido (salvo para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas manufactureras del Tramo I de la categorías PyMES, que pudo aprovechar el beneficio). Recientemente salió la ley del Consenso Fiscal para el 2020 en donde, entre otras cosas, las provincias suspenden la reducción de los tributos locales. En síntesis, un cambio de rumbo de 180 grados.
Otro tema que quedó suspendido es de la ley de movilidad jubilatoria. El Gobierno otorgó el aumento de 2,3% más una suma de fija de $ 1.500 para jubilados y pensionados a partir de marzo de este año y con esta metodología seguiría, discrecionalmente, hasta fin de año.
En el Congreso está “encajonado” un proyecto de ley para la creación de la Unidad de Valor Tributaria (UVT), medida que serviría para actualizar los mínimos de los impuestos y otras normas tributarias. El plazo para crear este indicador originalmente vencía el 15 de septiembre del 2018, postergándose para el 2019. El Congreso tendrá que considerar tratar este tema, que es de vital importancia para los contribuyentes.
A partir del 1 de enero de este año, tenían que comenzar a regir beneficios fiscales que desde el año 2004 estaban limitados al desarrollo de la actividad del software. Con la sanción de la ley 27.506, ocurrida en el mes de junio del año pasado, las ventajas se extienden a otras áreas del conocimiento. El nuevo régimen de promoción, tiene el objetivo de promocionar las actividades económicas que vinculan el conocimiento con la digitalización de la información, apoyadas en los avances tecnológicos que se producen día tras día. Para eso se crea el Registro Nacional de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, en el que deberán inscribirse los que deseen acceder a los beneficios fiscales que otorga el Estado. Pero sin que tenga vigencia, el gobierno envió un proyecto para modificar la ley casi por completo.
Coronavirus: cuándo se le hablará a la curva de la economía
En los últimos cuatro años, la ley de Bienes Personales se modificó tres veces. En el mismo lapso de tiempo, la distribución de dividendos (requisito principal que se analiza a la hora de invertir) fue modificada en tres oportunidades, también. No hay país en el mundo que pueda resistir tantos cambios impositivos en tan poco tiempo, ni actores que puedan soportar la pesada carga tributaria que representa un poco más de un tercio del PBI.
