En una Argentina donde, con demasiada frecuencia, parece imponerse la lógica del "vale todo", especialmente entre quienes han acumulado fortunas de origen dudoso durante décadas, la reciente vigencia de la Ley 27.799, denominada de "Inocencia Fiscal", plantea serios interrogantes institucionales. Presentada por el Gobierno como una herramienta destinada a facilitar la incorporación de ahorros no declarados al circuito formal de la economía, reducir trámites y aliviar cargas burocráticas, la norma permite exteriorizar fondos sin afrontar determinadas responsabilidades tributarias derivadas de su previa ocultación.
A primera vista, la medida podría interpretarse como un intento razonable de simplificar un sistema tributario complejo y frecuentemente asfixiante para muchos contribuyentes. Sin embargo, detrás de esa justificación administrativa emerge una cuestión mucho más profunda: la posibilidad de que, bajo el pretexto de la simplificación, se debiliten mecanismos esenciales de control destinados a garantizar la transparencia financiera y la legalidad en el origen de los fondos.
Los acontecimientos conocidos en los últimos días, así como las explicaciones ofrecidas por algunos funcionarios respecto de la evolución de sus patrimonios, parecen mostrar que la discusión excede ampliamente la cuestión tributaria. Lo que está en juego es la relación entre el Estado y el principio de legalidad. Más grave aún resulta que este proceso haya contado con el respaldo de numerosos legisladores dispuestos a aprobar, sin mayores cuestionamientos, iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo, consolidando una preocupante tendencia hacia la flexibilización de controles que deberían fortalecerse y no debilitarse.
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La cuestión central es sencilla de formular: ¿qué ocurre cuando el Estado renuncia a exigir explicaciones suficientes sobre el origen de los fondos que ingresan al sistema formal?
Desde una perspectiva estrictamente económica, la respuesta parece favorable. Quienes poseen ahorros legítimos que nunca fueron declarados pueden incorporarlos al circuito financiero sin enfrentar procedimientos complejos ni riesgos excesivos. Pero la realidad es considerablemente más compleja. Cuando disminuyen las exigencias de justificación, también se reducen las posibilidades de distinguir entre dinero simplemente no declarado y recursos provenientes de actividades ilícitas.
Precisamente por ello existen los sistemas internacionales de prevención del lavado de activos. Las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) son categóricas al respecto. Entre otras disposiciones, establecen que las instituciones financieras deben adoptar medidas razonables para determinar tanto la fuente de la riqueza como el origen de los fondos de sus clientes (recomendación 12 c). Si semejante obligación resulta indispensable para los bancos, con mayor razón debería exigirse rigurosamente a quienes ejercen funciones públicas y administran recursos del Estado.
No se trata únicamente de una cuestión tributaria. Los mecanismos de control buscan impedir que fondos vinculados con la corrupción, el narcotráfico, la evasión organizada, la delincuencia económica o cualquier otra actividad ilícita puedan adquirir apariencia de legalidad mediante procedimientos insuficientemente supervisados. El origen del dinero importa porque constituye un elemento esencial para la preservación de la integridad institucional.
Como suele ocurrir, las justificaciones para flexibilizar controles son variadas. Los defensores de estas iniciativas sostienen que otros organismos estatales continúan ejerciendo tareas de supervisión suficientes para evitar abusos. Sin embargo, la experiencia argentina demuestra exactamente lo contrario. En la mayoría de los grandes casos de corrupción conocidos públicamente, los organismos encargados de controlar no actuaron oportunamente o resultaron incapaces de detectar maniobras irregulares. Las zonas grises normativas han sido históricamente el terreno más fértil para la impunidad.
Por eso, el debate sobre la llamada "Inocencia Fiscal" posee una dimensión política e institucional que trasciende ampliamente cualquier consideración técnica. El argumento de la simplificación administrativa aparece como un eufemismo destinado a justificar una flexibilización operativa que inevitablemente reduce la capacidad estatal para rastrear el origen del dinero y verificar la legitimidad de los activos exteriorizados.
La Argentina posee una larga tradición de tolerancia hacia el ocultamiento patrimonial, la insuficiencia de controles y la posterior legitimación de fondos de origen cuestionable. Cuando en distintas oportunidades se intentó avanzar en investigaciones de fondo, el peso político y económico de los sectores involucrados terminó neutralizando los esfuerzos realizados.
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Dos ejemplos resultan particularmente ilustrativos. El primero fue la auditoría sobre la deuda privada transferida al Banco Central, iniciada en 1984 por decisión del entonces ministro de Economía Bernardo Grinspun. Aquella investigación quedó virtualmente desarticulada tras su alejamiento del Gobierno. En aquel momento, el Banco Central informaba a la Justicia Federal que el Estado debía hacerse cargo de deudas por 23.000 millones de dólares.
El segundo corresponde a las investigaciones sobre las pérdidas sufridas por el Banco Central entre 1980 y 1990, que estimaron un perjuicio patrimonial superior a los 105.000 millones de dólares. En ambos casos, la falta de voluntad política y la debilidad de los organismos de control impidieron avanzar sobre las responsabilidades correspondientes, permitiendo que quienes habían provocado enormes daños al patrimonio público evitaran consecuencias significativas.
La opacidad patrimonial ha sido, además, una constante en la conducta de numerosos funcionarios. Basta recordar que, durante el gobierno de Mauricio Macri, la sanción del régimen de blanqueo de capitales fue complementada por el Decreto 1206/2016, que permitió extender determinados beneficios a familiares de funcionarios públicos, circunstancia que habilitó la inclusión de integrantes del propio entorno presidencial.
En la actualidad, el caso del jefe de Gabinete vuelve a poner estas cuestiones en el centro del debate público. Las explicaciones ofrecidas para justificar una evolución patrimonial que no encuentra correlato evidente con su situación económica anterior generan dudas razonables. Quienes conocían su trayectoria antes de su incorporación al Gobierno difícilmente podían imaginar la existencia de importantes ahorros acumulados durante años. Resulta llamativo que solo después de investigaciones periodísticas y judiciales haya decidido brindar precisiones sobre su patrimonio y acogerse a los beneficios del régimen actualmente vigente.
Más allá de la situación particular de cualquier funcionario, el problema radica en el mensaje institucional que estas conductas transmiten. La apelación a mecanismos de regularización patrimonial por parte de quienes deberían constituir ejemplos de transparencia pública erosiona la confianza ciudadana y debilita la credibilidad de los discursos oficiales sobre ética, integridad y responsabilidad gubernamental.
A ello se suma la reciente información que indica que diversos funcionarios y figuras cercanas al oficialismo habrían solicitado incorporarse al régimen simplificado. La lista incluye nombres relevantes de la actual administración, como Federico Sturzenegger, Fernando Iglesias, Santiago Oria, Felipe Núñez y otros. Los datos resultan significativos porque ponen de manifiesto una tendencia preocupante: la creciente naturalización de mecanismos que permiten regularizar patrimonios sin una adecuada discusión pública acerca del origen de los fondos involucrados.
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Cada vez parece más evidente que amplios sectores de la dirigencia política han desarrollado una sensación de impunidad frente a cualquier obligación de rendir cuentas. Mientras algunos funcionarios exhiben patrimonios difíciles de explicar y otros mantienen niveles de vida incompatibles con sus ingresos conocidos, numerosos procesos judiciales permanecen paralizados durante años. La lentitud de la Justicia, las influencias políticas y la existencia de operadores dedicados a proteger intereses circunstanciales contribuyen a consolidar un escenario donde la responsabilidad pública se vuelve excepcional y la impunidad, en cambio, se transforma en regla.
¿Cómo no recordar las puntuales investigaciones de mi amigo, el fiscal Federico Delgado, quien investigó a Luis Caputo, Santiago Bausili, Mario Quintana, Gustavo Arribas y otros, y fue frenado por decisiones que estaban por encima de sus posibilidades de incriminarlos penalmente?
El verdadero desafío consiste en encontrar un equilibrio razonable entre libertad económica, simplificación administrativa y transparencia financiera. Un Estado eficiente no debe convertirse en un Estado ciego. Si deja de preguntar de dónde proviene el dinero que ingresa al sistema formal, puede facilitar la vida de quienes actuaron legítimamente, pero también corre el riesgo de abrir las puertas a quienes nunca estuvieron dispuestos a respetar las normas.
Cuando la búsqueda de eficiencia termina debilitando los controles indispensables para preservar la legalidad, el problema ya no es tributario: es institucional. Y si las instituciones renuncian a controlar, la impunidad deja de ser una excepción para convertirse en un verdadero sistema que se expande ilimitadamente, favoreciendo a quienes están acostumbrados a defraudar al Estado.
Observando lo que cada día se va conociendo sobre los diversos actos de corrupción que involucran no solo al Presidente con el caso $LIBRA, sino también a sus amigos, a funcionarios que supuestamente deberían controlar y no lo hacen, y ahora ante el cinismo con el que Manuel Adorni pretende justificar la violación de normas que estaba obligado a respetar, ¿cómo no recordar un libro que en estos momentos debería ser de lectura obligada: Un país al margen de la ley, escrito por ese gran jurista que fue Carlos Nino allá por 1992?
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