El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, actualizó por votación en Ginebra la acumulación de pruebas sobre violaciones graves de los derechos humanos en Ucrania, «a raíz de la agresión rusa». Y prorrogó por un año más «el mandato de la Comisión Internacional independiente de Investigación» que sigue el caso, integrada por Erik Mose (Noruega), Pablo de Greiff (Colombia), y Vrinda Grover (India ), pidiéndole nuevos informes para septiembre próximo y marzo de 20251.
Estos expertos no cobran sueldo de la ONU, solo el reembolso de viáticos para sus misiones en el terreno, y actúan de acuerdo a su conciencia. Los nombra el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que les define responsabilidades. En la presente circunstancia, trabajan «en colaboración», con la «Misión de Vigilancia de los derechos humanos en Ucrania», creada en 2014 y constituida por personal que responde ante el Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Volker Turk, recolectando pruebas e identificando víctimas.
Los recientes informaciones ahora hechas públicas, establecen «oleadas de ataques de las fuerzas armadas rusas contra la infraestructura ucraniana relacionada con la energía, y el uso generalizado y sistemático de la tortura contra civiles y prisioneros de guerra por parte de las autoridades rusas», que constituirían «crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra», en el marco del «creciente número de bajas civiles causadas» por la invasión rusa de Ucrania.
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La ONU observa a su vez «el desplazamiento forzoso a gran escala de civiles en Ucrania, que ha dado lugar, hasta la fecha, a más de 3,6 millones de desplazados internos y mas de 6,5 millones de refugiados, de los cuales la mayoría son mujeres y niños que corren un mayor riesgo de sufrir violencia sexual y de género, trata de personas, explotación y abuso». Se han verificado además, asesinatos «de civiles y combatientes fuera de combate, que constituyen crímenes de guerra».
Asimismo la ONU ha comprobado la autoría por parte de Rusia contra Ucrania en «continuos ataques contra la población civil, incluidos niños», mediante «el uso indiscriminado de armas explosivas en zonas pobladas, que han sido una de las principales causas de las bajas civiles», perpetrando «homicidios intencionales, el confinamiento ilegal, el recurso a la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, las ejecuciones arbitrarias, extrajudiciales, desapariciones forzadas, las violaciones y otras formas de violencia sexual y de género».
Los expertos de la ONU han constatado paralelamente que «las fuerzas armadas rusas incurrieron en el crimen de guerra de causar incidentalmente muertes, lesiones o daños excesivos en el contexto de los combates y asedio de Mariupol». Y descubrieron «las graves repercusiones sobre la población civil y los bienes de carácter civil», en Ucrania. Por otra parte decantaron «un patroón de confinamiento ilegal generalizado de civiles en zonas controladas por las fuerzas armadas rusas, que en el caso de las personas protegidas puede constituir un crimen de guerra».
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La Comisión señaló a Rusia «responsable del traslado y deportación ilegales de civiles y de otras personas protegidas, en particular niños, dentro de Ucrania o a la Federación de Rusia, respectivamente, que constituyen crímenes de guerra». El Consejo repudió esa «separación de familias y de niños de sus tutores legales» y «cualquier cambio posterior del estatuto personal de los niños, su adopción o colocación en familias de acogida y los esfuerzos por adoctrinarlos».
Esta condena del Consejo respecto a Rusia se extendió a «los daños y la destrucción continua de zonas residenciales y de infraestructura civil crítica, incluidas infraestructuras portuarias y agrícolas, instituciones educativas e instalaciones médicas y de suministro de agua, saneamiento y combustibles», al igual que los ataques «contra la infraestructura ucraniana relacionada con la energía, incluidas las instalaciones nucleares de Zaporizhzhia», los cuales han privado a la población civil de electricidad, agua y saneamiento, calefacción, telecomunicaciones, y que siguen obstaculizando el acceso a la atención sanitaria y a la educación».
Tales ataques de las fuerzas armadas rusas se observan del mismo modo «contra escuelas y otras instalaciones educativas en toda Ucrania, que han tenido un impacto devastador en el derecho de los niños a la educación y un profundo impacto psicológico en los niños, los padres y los docentes», violando «las obligaciones que impone el derecho internacional humanitario en relación con la protección de bienes de carácter civil, en situaciones de conflicto armado».
Con ello, la sanción de la ONU se extiende a «los daños ambientales y los efectos indirectos negativos derivados de la agresión de la Federación de Rusia contra Ucrania, en particular la destrucción de la central hidroeléctrica de Kakhovka, que ha tenido catastróficas consecuencias a largo plazo», sin olvidar «la denegación de la solicitud de Naciones Unidas de acceso humanitario a través del rio Dnipro a los residentes afectados en las zonas de control ruso, y tomando nota de la evaluación ambiental sobre la ruptura de Kakhovka», efectuada por la ONU.
Lo cierto es que resulta ineludible para la ONU, la condena de «la aplicación retroactiva del ordenamiento jurídico ruso y sus efectos negativos en la situación de los derechos humanos en los territorios de Ucrania controlados u ocupados temporalmente, la imposición automática de la ciudadania rusa a las personas protegidas, la deportación y la restricción efectiva respecto de la propiedad de la tierra de quienes han rechazado esa ciudadanía».
En ese encadenamiento, la ONU «denuncia la organización por parte de Rusia de unas supuestas elecciones, de naturaleza ilegal, en regiones situadas dentro de las fronteras internacionalmente reconocidas de Ucrania … que constituyen una nueva violación de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania … que no tienen validez alguna según el derecho internacional ni sirven de base para modificar de ninguna manera el estatuto de esas regiones de Ucrania».
Desde luego, la ONU reafirma «el derecho a la libertad de opinión y de expresión, en entornos tanto electrónicos como no electrónicos», siendo «un derecho humano garantizado a todos», debiendo subrayar «el importante papel de los medios de comunicación libres y las organizaciones no gubernamentales, y condenando cualquier ataque contra los periodistas, los medios de comunicación, los trabajadores de estos medios, y los defensores de los derechos humanos», en el contexto de un acceso a Internet «libre, abierto, interoperable, fiable, y seguro».
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU pide, en definitiva, «la retirada rápida y verificable de las tropas de la Federación de Rusia y de los grupos armados apoyados por ésta en todo el territorio de Ucrania, dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente y sus aguas territoriales, con el fin de evitar nuevos abusos y violaciones de los derechos humanos y vulneraciones del derecho internacional humanitario en el país, y destaca la necesidad de lograr el cese inmediato de las hostilidades militares contra Ucrania».
Finalmente la ONU aboga por el «intercambio completo de prisioneros de guerra gravemente heridos o enfermos, y la liberación de todos los civiles detenidos en violación del derecho internacional humanitario», y que « Rusia ponga fin de inmediato al uso de la tortura y otras formas de malos tratos, incluidos los que implican violencia sexual y de género, tanto contra civiles como contra prisioneros de guerra, y que tome todas las medidas para impedir tales actos».
