En un debate del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, auspiciado por un informe del Alto Comisionado Volker Turk, sobre la evolución de la agresión rusa a Ucrania, Argentina reafirmó el “firme compromiso con la soberanía, independencia política, unidad e integridad territorial de Ucrania”, junto a Israel, Estados Unidos y una mayoría de otros Estados europeos. Pero no apoyaron Rusia, Siria, Venezuela, Cuba y Nicaragua.
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Volker Turk manifestó que “la situación en Ucrania parece haberse añadido a una letanía de sufrimiento continuo, y la atención del mundo se ha hastiado por las múltiples crisis a las que nos enfrentamos. Lo siento por los ucranianos, que tienen derecho a la paz y la merecen, de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho internacional. Temo que un conflicto prolongado y enquistado afecte a las vidas y los derechos humanos de las generaciones venideras”.
“Han transcurrido 662 días desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia”. La Misión de Observación de ONU bajo su responsabilidad en el terreno, existente desde 2014, al comenzar las embestidas rusas, “sigue indicando graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos, y del derecho internacional humanitario y crímenes de guerra, en particular detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas”, resumió Turk.
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Dicha Misión ha establecido «142 casos de ejecución sumaria de civiles desde febrero de 2022, en territorio controlado por las fuerzas armadas rusas u ocupado por la Federación Rusa», y ha «documentado torturas y malos tratos generalizados a detenidos, incluida violencia sexual. Rusia no ha protegido los bienes de carácter civil contra los efectos de sus ataques y no toma las medidas adecuadas para proteger a la población civil», denunció el Alto Comisionado.
Dijo que “hasta el 4 de diciembre, se han ha registrado más de 10.000 muertes de civiles como resultado del conflicto desde febrero de 2022, incluidos más de 560 niños. Se ha confirmado que otros 18.500 civiles resultaron heridos, muchos de ellos de gravedad. El verdadero número de víctimas probablemente sea sustancialmente mayor. Desde el 1 de agosto al 30 de noviembre de este año, 2.440 civiles han sido heridos o muertos. Principalmente por armas explosivas, artillería, cohetes, bombas y misiles”.
“La mayoría de los civiles abatidos, fueron identificados en zonas de Donetsk, Kharkiv, Kherson y Zaporizhia, cerca de las líneas del frente de combate, y entre ellos se encontraba un número desproporcionado de personas mayores, que no querían o no podían trasladarse a un lugar más seguro”, destacó Turk. A su vez, constató “múltiples ataques con misiles contra Kiev, que hirieron a más de 50 personas y dañaron varios edificios de apartamentos. La gente en todo el país no se siente segura”.
También exhortó “a todos los Estados, especialmente a los que tienen influencia, a que exijan medidas inmediatas y decisivas a ambas partes -y, en particular, a la Federación Rusa- para garantizar que su personal cumple plenamente el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos”. Encomendó paralelamente “tomar todas las precauciones posibles para evitar y reducir al mínimo los daños a civiles, incluso mediante la selección de medios y métodos de guerra”.
Agregó que los beligerantes “deben dejar de utilizar armas explosivas” en torno a “zonas pobladas y cartografiar escrupulosamente la ubicación de las minas”, y que “los prisioneros de guerra deben ser tratados de plena conformidad con el derecho internacional humanitario”. Reclamó el cese “inmediato de ataques contra infraestructuras civiles, incluidas las instalaciones relacionadas con la producción y exportación de cereales, y las detenciones arbitrarias, tortura y violencia sexual”.
Volker Turk exigió “investigaciones oportunas y efectivas de todas las denuncias de violaciones, con el debido procesamiento y rendición de cuentas de los presuntos autores, incluidos quienes tengan responsabilidad de mando. Las víctimas tienen derecho a recurso, reparación y apoyo”, respetando la vida de “periodistas, activistas de la sociedad civil y tártaros” en Crimea ocupada, sin olvidar “la orden vinculante de la Corte Penal Internacional”, la cual ha emitido una orden de captura contra Vladimir Putin.
E insistió que Rusia “permita el acceso de observadores independientes e imparciales a los lugares de detención, y a que respete plenamente el derecho internacional humanitario aplicable en el territorio bajo su ocupación, incluso haciendo efectivas las leyes ucranianas y poniendo fin al reclutamiento de civiles protegidos”, haciendo un llamado “al pronto regreso de los ucranianos deportados, incluidos los niños”.
La Argentina reconoció “la importancia de los informes del Alto Comisionado”, como el ahora resumido, pues se basan “en las conclusiones de su Misión de Vigilancia, para la correcta evaluación de los derechos humanos en Ucrania. Instamos a la Federación de Rusia a que cumpla plenamente con sus obligaciones en virtud del derecho internacional y ponga fin inmediatamente a su agresión contra Ucrania”.
“Condenamos enérgicamente todas las violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario resultantes de la agresión de Rusia contra Ucrania, las cuales deben ser investigadas para garantizar la rendición de cuentas de los responsables que incluya tanto la responsabilidad penal como el derecho de las víctimas a la verdad, la reparación, y la no repetición”, concluyó Argentina.
