Nos encontramos ante una profunda, injusta y cruel contradicción: declamamos la promoción y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, tenemos un plexo normativo en la materia, existen diversas áreas gubernamentales y dispositivos de atención y sin embargo, nos encontramos con una gran desprotección y vulneración de derechos. Derechos que han sido consagrados internacionalmente y también a nivel nacional, con la Ley Nacional 26061 y la Ley Nacional de Salud Mental.
Es decir, nos preocupamos mucho y hacemos poco. Por otro lado, existe otra contradicción, entre 2 extremos. En un extremo, la subestimación de los padecimientos psíquicos de niños niñas y adolescentes. Ya hace más de cien años que Freud nos habló de la importancia de las vivencias infantiles y las funciones socializadoras para la constitución del psiquismo. Sin dudas, desatender los padecimientos mentales en las edades tempranas genera secuelas, no solo en el deterioro de la calidad de vida de una persona adulta, sino también secuelas en lo laboral, educativo y cognitivo.
En el otro extremo, muy preocupante también, la patologización y medicalización de las infancias. El proceso de creación de etiquetas psicopatológicas, amparado en gran medida por los mercaderes de la enfermedad mental. Así como observamos mes a mes el comportamiento del índice de inflación de precios, también debemos atender el “índice de inflación diagnóstica”. Esto significa definir, cada vez en mayor medida, como una psicopatología situaciones o sufrimientos propios de la vida cotidiana. No todos los malestares subjetivos, sobre todo en edades tempranas, debe ser entendido como un trastorno mental.
En síntesis, la salud mental de niños niñas y adolescentes hoy constituye un grave problema en nuestro país. Ahora bien, a un problema hay que enfrentarlo, promover soluciones y para ello, primero hay que conocerlo, saber de ese problema.
¿Cómo estamos? ¿Cuál es su real dimensión? Lamentablemente no lo sabemos. Necesitamos políticas públicas informadas por la evidencia. Una política pública con estándares de calidad debe incluir el rol de la academia, la disponibilidad de evidencia. Lamentablemente nos encontramos ante un déficit en la producción y sistematización de información sobre la adolescencia. La carencia de datos epidemiológicos inviabiliza los malestares subjetivos y sobre todo, las condiciones que generan esos malestares.
¿Quiénes son? ¿qué sabemos de las niñeces y las adolescencias hoy? Comprender a la adolescencia como una etapa sensible con transformaciones desde lo biológico lo psicológico lo social y lo cognitivo. En tiempos en los que la palabra va perdiendo lugar por la imagen, el cuerpo, lo presencial va dejando lugar a lo virtual, y existe un déficit de disponibilidad de adultos cuidadores, de contención familiar y comunitaria.
También es importante saber de qué padecen, es decir, disponer de datos epidemiológicos. Ansiedad, depresión, trastornos de la conducta alimentaria, conductas suicidas, consumos problemáticos, y sensación de soledad, son hoy, a partir del entrecruzamiento de datos de distintas fuentes, los problemas prevalentes.
La OMS sostiene que el 25% de la población general tendrá un trastorno de salud mental en su vida y que 1 de cada 7 adolescentes tiene un problema de salud mental. Otros estudios hablan del 20% de la población adolescente.
Día Mundial de la Salud Mental de Niños y Adolescentes
Pero no podemos aislar estos datos del análisis respecto a las condiciones que generan estos padecimientos. Porque el análisis epidemiológico requiere explicitar un claro posicionamiento técnico, científico, pero también político ideológico: nos posicionamos desde la patologización, desde una mirada individual y biologicista, desde las neurociencias, o nos posicionamos desde la complejidad, entendiendo que no hay salud mental sin derechos humanos garantizados, y que los padecimientos están intrínsecamente vinculados a sus determinantes sociales: la pobreza y la indigencia afectan la constitución subjetiva.
Ahora bien, analicemos la capacidad de respuesta que tiene la comunidad hoy frente a las problemáticas psicosociales. Aquí también nos encontramos con un déficit de dispositivos: escasa inversión presupuestaria, escasa distribución territorial de dispositivos y de profesionales que genera barreras para el acceso, déficit de atención en el primer nivel de atención, pocos hospitales de día infantojuveniles, los hospitales pediátricos en general no tienen especialistas en las guardias y no internan por motivos de salud mental. Por último, otro grave problema: Hoy en nuestro país hay niños, niñas y adolescentes viviendo en hospitales psiquiátricos. Este déficit se da en un contexto en donde el modelo de atención predominante sigue siendo centrado en lo individual, asistencial a cargo sólo de especialistas y sin trabajo intersectorial.
El resultado es una brecha inadmisible: la mayoría de quienes necesitan una atención profesional de calidad no la tienen. Estamos entonces, sin dudas frente a una emergencia. Pero también es importante señalar que no es una emergencia sólo de este tiempo. Hace más de 10 años que lo estamos. También estábamos en emergencia durante pandemia y el encierro desproporcionado, mientras se cerraban dispositivos y se prolongaba la no presencialidad en educación, tiempo en el que se incrementaron los padecimientos mentales, siendo niños y adolescentes más vulnerables, los más perjudicados.
Del cómo estamos al cómo deberíamos estar. Del diagnóstico a las propuestas concretas:
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En primer lugar, ni más ni menos que la plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental.
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Diseñar políticas públicas que aborden los determinantes sociales. Por un lado, los estilos de vida, lo que se denomina la socialización primaria: poder trabajar con los adultos responsables, los cuidadores en lo que respecta a funciones que son fundamentales, como la puesta de límites, el respeto hacia el otro, el acompañamiento amoroso. También intervenir sobre lo que denominamos la socialización secundaria: las escuelas, clubes, iglesias. Y por otro lado, y fundamental, priorizar el mejoramiento de las condiciones de vida: no podemos pensar en la salud mental de los adolescentes mientras siga existiendo una de las grandes deudas de la democracia: la igualdad. Esto significa afrontar los factores de riesgo. Y a su vez los factores protectores: hábitos saludables, competencias para la vida en lo que respecta a vínculos sanos, relaciones interpersonales con pares, uso del tiempo libre, entre otros.
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Frente al déficit de información es necesario mejorar el análisis situacional con datos confiables para garantizar cuidados de calidad para el bienestar psicosocial de los adolescentes. Por lo tanto, es preciso crear un sistema de vigilancia epidemiológica.
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Frente al déficit de dispositivos de atención y el predominio de un modelo asistencial individual, el campo de la salud mental debe transformar sus prácticas: salir de los consultorios y entender que son necesarias nuevas formas de abordaje: menos guardapolvo y más zapatillas, menos pastillas y más oídos para escuchar lo que tienen para decirnos.
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Una política pública centrada en la promoción y la prevención, en ámbitos de la vida cotidiana y con dispositivos alternativos: Las instituciones de salud no son las únicas que pueden y deben hacerse cargo de la salud mental de las adolescencias. Promover salud mental es fomentar la participación activa de los adolescentes en la toma de decisiones, fomentar el cuidado entre pares, capacitar a los adultos cuidadores, promover espacios de intercambio desde la presencialidad, frente a los excesos de lo virtual que promueven soledad.
Para eso hay que capacitar: a los especialistas en salud mental, a los profesionales de salud mental no especialistas y sobre todo, a los actores de la comunidad. Capacitación obligatoria a fuerzas de seguridad, educación, de organizaciones sociales. Priorizando la promoción y la prevención, es necesario, desde luego, también garantizar la detección temprana de padecimientos para dar un tratamiento oportuno: en los centros de salud comunitaria, la atención de las urgencias e internaciones en los hospitales pediátricos y de adultos.
La emergencia no admite dilaciones: Urge una Estrategia Nacional de Abordaje en Salud Mental de Niños Niñas y Adolescentes. Que establezca una partida presupuestaria afectada, capacitación, incorporación de profesionales especialistas y la apertura de dispositivos en la comunidad y en los hospitales.
Para ello, no hay dudas que se requiere estudio, planificación, análisis racional. Pero hay algo más necesario aun: tener la capacidad de conmovernos frente a esta catástrofe psicosocial que viven los niños, niñas y adolescentes en nuestro país.
Sino vemos más allá del horizonte, estamos perdidos.
