El fallo que condenó a Lula Da Silva en Brasil adolece de defectos técnicos y jurídicos elocuentes:
- En primer lugar, no están debidamente probados los elementos normativos del tipo.
- El inmueble por el que se imputa a Lula estuvo siempre a nombre de la constructora OAS, cuyo titular "arrepentido" imputó con su delación "premiada" al expresidente, en un proceso cargado de irregularidades, motivaciones políticas y falta de imparcialidad, ejemplo de politización estridente de los tribunales que se observa en otros países de la región.
- Las reformas del referido inmueble también fueron hechas por la constructora OAS, único titular del inmueble, que contrató a distintas empresas tercerizadas que decoraron el departamento, no a pedido de Lula, sino de la propia constructora, supuestamente en forma "personalizada", "atípica" y "especial". Pero esto no dice nada sobre Lula, sino sobre la constructora, cuyo titular está preso pero que al convertirse en arrepentido“ y declarar contra Lula (en plena campaña electoral), logró reducir casi la totalidad de su condena.
- La constructora usó como publicidad la supuesta titularidad del inmueble por parte del expresidente, como estrategia comercial y de marketing, para vender otros departamentos dentro del condominio, imputando a Lula un departamento que el expresidente descartó por no servirle, dada la ubicación y su carácter de figura pública. Pero el juez Moro tomó estos trascendidos (que incluso los delatores no pueden justificar más que vagamente, con un "me fue dicho que tal departamento era de Lula", en una cadena de rumores que no encuentra nunca un sustento firme, el juez Moro toma como "prueba" un informe periodistico de la Red o Globo, que se basa en trascendidos y rumores) entre distintos propietarios como indicio de la titularidad, en un razonamiento circular que adolece de una petición de principio: presume lo que hay que demostrar y jamás queda probado durante el proceso.
- No hay acto posesorio alguno sobre el referido inmueble, por eso el juez Moro insiste en 200 fojas sobre la importancia de la reforma, que habría sido realizada a pedido de Lula, aunque nunca se probó que fuera hecha (incluso si hubiera sido el caso, aunque tampoco eso pudo ser probado, no hay una sola indicación del expresidente referida al inmueble o que demostrara interés alguno por el mismo, mucho menos un pedido de decoración o readaptación) por Lula, como requiere el elemento normativo del tipo, para tener por probada la posesión, que nunca se comprueba. La posesión no pudo ser probada. Lula no usó nunca ese inmueble como poseedor ni dispuso nada sobre el mismo como propietario. Por eso Moro, en su desesperado intento de justificar una condena, se detiene en la reforma: la misma es la única forma que tenía el juez de presumir y probar indirectamente la titularidad del inmueble, formalmente a nombre de la constructora. Pero no probada la posesión, tampoco parece razonable asumir la propiedad que tiene ya un titular jurídico.
- Al no haber ningún acto de posesión concreto y mucho menos una titularidad formal del inmueble, el juez Sergio Moro, actual ministro de justicia de la administración de Jair Bolsonaro, se ve obligado a atribuirle la reforma del inmueble no ocupado al expresidente, como forma indirecta de probar –o presumir- una posesión, de hecho inexistente. La única imagen que hay de Lula en ese departamento es una visita en un departamento desguarnecido (y bien alejado de todo "lujo") junto a vendedores que se lo muestran como a cualquier eventual interesado. Lula aparece allí con una remera roja cuyo color fue trucado.
- Lula descartó luego de la visita el interés en el inmueble referido, en forma explícita a la constructora y también a través de un trámite civil, en el que renunció de hecho y derecho, junto a su mujer, inicial interesada, a adquirir el departamento que Moro, sin pruebas, le atribuye.
- Lula fue condenado a pocos meses de elecciones generales, siendo la figura de mayor popularidad de Brasil, en base a un mero trascendido aportado al proceso penal por el titular de una constructora imputada en diversos escándalos de sobornos, pero que no aportó una sola prueba material concreta de sus dichos (trascendidos que el juez utilizó para condenar a Lula) pero cuya pena fue recortada en casi el 80% por el solo hecho de haber imputado al ex presidente.