Ayer vencía el plazo estricto que le impuso el fiscal Gerardo Pollicita al vocero presidencial, Manuel Adorni, para entregar su declaración jurada. Una presentación que, en los papeles, tampoco prometía una complejidad astronómica: la justificación de tres propiedades, un par de vehículos, unos ahorros y algunos movimientos bancarios. Nada que se asemeje a los entramados monumentales que hemos visto en las causas de la señora de Kirchner o de Lázaro Báez.
Sin embargo, al momento de escribir estas líneas, reina un silencio sepulcral. No he visto una sola crónica sobre el tema, ni he logrado que nadie precise si finalmente la documentación ingresó o no. Quizás con el correr de las horas la fiscalía o el juzgado aporten algún detalle, pero llama la atención la naturalidad con la que los plazos de los funcionarios actuales suelen diluirse en la nada.
Imputaron a Chiqui Tapia por presunto enriquecimiento ilícito en el CEAMSE
En paralelo, y casi en simultáneo, el juez Ariel Lijo ordenó levantar el secreto bancario de Claudio "Chiqui" Tapia y solicitó informes a diversos organismos públicos sobre sus patrimonios. La medida resulta llamativa, sobre todo por la velocidad con la que el magistrado parece haberse salido del carril apacible por el que venía transitando la causa. Hasta hace poco, los esfuerzos políticos e institucionales para blindar al presidente de la AFA eran enormes, coordinados en gran parte desde la asunción de Juan Bautista Mahiques al frente del Ministerio de Justicia.
¿Significa algo este movimiento de Lijo? En el corto plazo, sí: es un gesto de poder. ¿Significa algo hacia el futuro? Habrá que ver.
En la justicia federal argentina —y muy especialmente en Comodoro Py— uno ha aprendido a no confiar a ciegas. Un juez puede pedir un cerro de informes, levantar secretos bancarios, armar un expediente voluminoso y, a la semana siguiente, sentarse arriba de los papeles y dejar que el tiempo haga el trabajo sucio de archivar el expediente en un cajón.
Por ahora asistimos al mismo juego de siempre: la tibieza para auditar las cuentas de los propios y la repentina severidad de la lapicera judicial cuando se abren frentes de negociación en la cúpula del poder.
MEG
