América Latina es la región del mundo más brutalmente endeudada. Con la excusa de la emergencia climática se está engrosando aún más la acumulación de deuda en países del Sur.
Los países que hemos acumulado niveles de deuda insostenibles hemos reducido el gasto público y por lo tanto las oportunidades para invertir en adaptación y mitigación al cambio climático.
El financiamiento climático, que debe responder al principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas -tal como se formula en los Principios de Río de 1992 para reflejar la deuda climática histórica- se está proporcionando principalmente a través de préstamos y modalidades de generación de deuda que empeoran la carga financiera a cargo del Sur global.
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Resulta paradójico que los países que sufren los peores impactos del cambio climático han contribuido muy poco al mismo y, sin embargo, enfrentan los costos de endeudamiento más elevados debido a sus vulnerabilidades climáticas. Casi no les queda otra opción que endeudarse para financiar la mitigación y adaptación climática.
Todo esto ocurre en un contexto de creciente vulnerabilidad de la deuda. Incluso antes del brote de Covid-19, los países del Sur nos enfrentábamos ya a una crisis de deuda inminente, que se ha visto agravada por los impactos económicos de la pandemia.
Los préstamos para financiar proyectos de combustibles fósiles, por parte de bancos multilaterales de desarrollo, agencias de crédito a la exportación y otras instituciones financieras se han sumado a las deudas insostenibles e ilegítimas de nuestros países.
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Otra de las consecuencias de los altos niveles de endeudamiento es la reducción del gasto público y oportunidades más limitadas para invertir en las medidas de adaptación y mitigación necesarias para garantizar el derecho de las personas a un ambiente sano o para recuperarse después de un desastre climático.
El costo del servicio de la deuda también afecta en gran medida a las mujeres y las niñas, que son los grupos más vulnerables de la sociedad en la mayoría de los países del Sur. Esto es así porque cuando los gobiernos reducen el gasto público, especialmente en protección social, las mujeres y las niñas son las que más sufren.
Por otro lado, las economías del Norte han acumulado una enorme deuda climática con las personas y los países del Sur debido a su contribución desproporcionada en la emisión de carbono y otros gases de efecto invernadero, que asciende a casi dos tercios del 'espacio de carbono' agregado desde el siglo XIX.
El concepto de deuda climática exige un cambio sistémico. Esto implica no solo su reconocimiento, sino también la restitución y reparación de las multiplicidades de deuda financiera, social y ecológica que el Norte global tiene con el Sur global, gestada en el pasado colonial y a través de la dinámica neocolonial actual.
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La justicia climática no será posible sin justicia económica, social y de deuda. Y la justicia de deuda, económica y social no será posible sin la justicia ambiental y climática. El Norte debe reconocer la deuda climática que tiene con el Sur y proporcionar financiación climática libre de deuda. Los países del Norte deben contribuir a la restauración ecológica, poner fin al extractivismo y al uso de combustibles fósiles, y cambiar a modos de producción, distribución y consumo bajos o nulos en carbono, apoyados en un cambio del paradigma legal y político para la transferencia de tecnología y aplicación de reglas comerciales equitativas. Exigimos una garantía de que estos hechos no se repetirán. Exigimos un cambio sistémico para la justicia climática y la justicia de deuda.
Las organizaciones ambientalistas venimos haciendo un llamado a líderes mundiales, gobiernos nacionales e instituciones financieras públicas y privadas, para que adopten acciones urgentes en cumplimiento de sus responsabilidades y se comprometan con:
- Reconocer la existencia de una deuda climática, adicional a una deuda histórica, financiera, ecológica y social, que el Norte global le debe al Sur global.
- Entregar urgente financiamiento climático nuevo y adicional, que no genere nueva deuda, más allá del objetivo incumplido de $ 100 mil millones por año, que sea suficiente y responda a las necesidades de mitigación, adaptación y pérdidas y daños climáticos de los pueblos y comunidades del Sur.
- La financiación climática no debe generar deuda y no debe tener condiciones. Debe entregarse principalmente en forma de subvenciones. Si se usaran préstamos, deben ser altamente flexibles y sólo para programas puntuales que no lleven a la acumulación de deudas insostenibles e ilegítimas.
- Un mecanismo automático para la suspensión de pagos de la deuda, y reestructuración de la misma luego de eventos climáticos extremos, además del acceso inmediato a recursos no generadores de deuda para cubrir pérdidas y daños.
- Los gobiernos y las organizaciones internacionales deberían promover una revisión del enfoque de la sostenibilidad de la deuda, con la orientación de las Naciones Unidas y la participación de la sociedad civil.
- Una reforma de la arquitectura financiera internacional para armonizar las finanzas internacionales con las obligaciones de derechos humanos universalmente reconocidas, incluido el derecho al desarrollo, la igualdad de género y el derecho a vivir en un ambiente sano.
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Se están debatiendo iniciativas, como los canjes de deuda por cambio climático y soluciones basadas en el mercado como los “bonos verdes”, las cuales es poco probable que generen resultados justos y que podrían aumentar la carga de la deuda de los países vulnerables al clima.
No hay Justicia Climática sin Justicia de Deuda.
* María José Lubertino. Doctora en Derecho. Presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos. Fundadora de la Red de Defensoras del Ambiente y el Buen Vivir.
